La colosal factura independentista para que gobierne Sánchez

Apenas acaban de empezar los contactos preliminares entre el PSOE y sus potenciales socios separatistas de cara a la más que probable investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la factura a pagar ya ronda los 100.000 millones de euros. Esta es la cantidad inicial que han puesto encima de la mesa ERC y Junts para arrancar la negociación política. 

Por un lado, exigen condonar la deuda pública que acumula Cataluña con el Estado, debido a la pésima gestión presupuestaria que han llevado a cabo los nacionalistas en la última década. Y, por otro, proponen reducir en 20.000 millones la aportación que realiza Cataluña a la caja común, por ser una de las regiones más ricas de España, para financiar los servicios básicos del resto de comunidades autónomas.

Esta reclamación se sustenta, una vez más, en el ya tradicional «España nos roba» que el independentismo catalán ha usado como ariete durante estos últimos años para alimentar el procés. Sin embargo, la realidad es justo la contraria. Cataluña es, de lejos, la autonomía más beneficiada por los mecanismos extraordinarios de financiación y ayuda que puso en marcha el Estado a partir de 2012 para hacer frente a la crisis de deuda que, por entonces, sufría la zona euro y, muy especialmente, España. 

En concreto, esta región ha recibido más de 135.000 millones de euros a través de los diferentes fondos diseñados para inyectar liquidez en las arcas autonómicas y locales, evitando así que dichas administraciones, sobre todo las más irresponsables y despilfarradoras, tengan que acudir a los mercados para cubrir todos sus gastos.

«Se trata, básicamente, de convertir Cataluña en el tercer fuero de España, junto con País Vasco y Navarra»

Esto supone el 32% del total de fondos repartidos por el Estado durante este período, muy por encima de su representación poblacional (16%) y su peso económico (19%) sobre el conjunto del país. Y una financiación extra próxima a 18.000 euros por habitante, el doble que la media nacional, excluyendo País Vasco y Navarra, que no participan de estos mecanismos extraordinarios. Madrid, por el contrario, tan sólo ha recibido 4.700 millones, unos 670 euros por habitante, casi 30 veces menos que los catalanes.

El Fondo de Liquidez Autonómico, el famoso FLA, concentra el grueso de la financiación adicional que ha recibido la Generalitat en la última década, con casi 99.000 millones de euros. Esta es la razón por la cual Cataluña, siendo la autonomía más endeudada de España, con más de 85.000 millones de euros y cerca de 11.000 euros per cápita, es también la que más dinero adeuda al Estado, con casi 72.000 millones de euros. Condonar semejante cantidad borraría de un plumazo el 85% de la deuda catalana.

Pero no acaban aquí las demandas del separatismo. A esta quita pretenden sumarle también la eliminación de todo atisbo de solidaridad interterritorial por parte de Cataluña. De lo que se trata, básicamente, es de convertir esta región en el tercer fuero de España, junto con País Vasco y Navarra. Es el famoso Pacto Fiscal que Artur Mas presentó a Mariano Rajoy en 2012 y cuyo rechazo acabó desencadenando la posterior deriva independentista que terminó culminando en el referéndum ilegal de 2017.

El pacto en cuestión consiste en crear una Hacienda propia, con plena capacidad normativa, para recaudar todos los impuestos que se generan en Cataluña y, posteriormente, negociar con el Gobierno central un cupo para sufragar el coste de los servicios que presta el Estado en esa región. Esto podría suponer cerca de 20.000 millones de euros adicionales para las arcas catalanas, pero, al mismo tiempo, una reducción muy sustancial de los fondos que, hoy por hoy, reciben el resto de comunidades de régimen común a través del sistema de financiación autonómica. 

«La equiparación de Cataluña con el País Vasco supondría recortar hasta un 12% la financiación del resto de autonomías»

En concreto, según un estudio que elaboró en su día el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la equiparación de Cataluña con el País Vasco supondría recortar hasta un 12% la financiación del resto de autonomías. Un tajo difícil de digerir políticamente, salvo que las otras dos comunidades ricas que aportan recursos al sistema en términos netos, Madrid y Baleares, gobernadas actualmente por el PP, sean saqueadas fiscalmente para cubrir, al menos parcialmente, la diferencia. El problema de este planteamiento, al margen de la gran polvareda que levantaría en el resto de regiones, es que haría inviable financieramente el actual sistema autonómico. Un «federalismo asimétrico» a la carta, tal y como defiende ya abiertamente parte de la izquierda, no funcionaría. Habría que cambiar por completo el modelo: o todos o ninguno.

Sea cual sea el resultado final de la negociación, la ronda preliminar de contactos para que Sánchez revalide su mandato ya arroja una factura de casi 100.000 millones de euros, unos 6.300 euros por cada familia, excluyendo a catalanes, vascos y navarros. Pero lo peor es que, más allá de su coste o su inviabilidad económica, tanto la condonación de deuda como la creación de una financiación exclusiva y a la carta para Cataluña sería injusto, perverso y perjudicial.

Injusto porque el resto de españoles no tienen por qué pagar los despilfarros y desmanes de los políticos catalanes; perverso porque supone premiar a los gobiernos manirrotos, al tiempo que se castiga a los más responsables; y perjudicial porque condonar deuda supone, en última instancia, incumplir un compromiso, agravando con ello la imagen de inseguridad y desconfianza que proyecta España en el exterior. Buen negocio para los independentistas, sin duda, pero pésimo para el resto de españoles.