El Gobierno excedió sus atribuciones al pedir a Bruselas el uso de lenguas cooficiales
La ley que rige sus responsabilidades estando en funciones recoge que solo deben legislarse cuestiones urgentes
El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. | Eduardo Parra (Europa Press)
El uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas fue una de las promesas el gobierno de Pedro Sánchez a sus socios independistas para conseguir que Francina Armengol fuera investida como presidenta del Congreso de los Diputados. Sin embargo, esta cuestión vulneró las atribuciones de un Ejecutivo en funciones, pues no puede entenderse que sea una medida «urgente», tal y como adelantó El Mundo.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, despachó la demanda de los nacionalistas con una carta dirigida a las instituciones comunitarias y a la secretaria general del Consejo Europeo, Thérèse Blanchet. Antes los medios, explicó que como parte de la negociación con Junts, habían procedido a la petición de incluir como lenguas oficiales el catalán, el euskera y el gallego. Sin embargo, la respuesta del ministro a una de las preguntas de la prensa demuestra la mala praxis del Ejecutivo en esta materia: «Se ha enviado el día que se ha considerado oportuno».
A pesar de las oportunidades que considere el Ejecutivo, lo cierto es que, al estar en funciones, debe cumplir una serie de normas que regulan su funcionamiento en este periodo extraordinario. La Ley de Gobierno recoge en el artículo 21, punto 3 las materias sobre las que puede legislar en este tiempo.
«El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas», desarrolla la norma.
La interpretación de la misma es clara. No parece «urgente» esta solicitud a las instituciones europeas y haberlo hecho el mismo día que lo reclamaba Junts parece responder más a un gesto a la fuerza nacionalista para atar su apoyo a la investidura de Armengol que a un interés legítimo por promover las lenguas cooficiales; sobre todo si se atiende que hasta ahora los socialistas siempre han votado en contra de este tipo de propuestas.
El laberinto del catalán
La propuesta lingüística no va a ser un camino fácil de recorrer y cuenta con muchas posibilidades de quedarse sin cumplir. La Unión Europea permite el uso de 24 lenguas, pero ello no implica que solo existan este número. En España, hay que añadir el uso de algunas minoritarias como el Bable o el Aragonés; el luxemburgués no recibe el reconocimiento de oficialidad a pesar de ser Luxemburgo un Estado miembro; hay una gran parte de ciudadanos europeos que utilizan el turco, el indio o incluso el sirio: ¿hasta dónde se puede abrir la veda si se da pie al uso de las cooficiales españolas?
La propuesta debe ser aprobada por todos los estados miembros de forma unánime. Por ahora solo cabe hacer pronósticos sobre las posiciones de naciones que pueden querer defender sus intereses antes que las cuestiones comunitarias procedentes de la necesidad del Gobierno de España de cerrar una investidura para Sánchez.
