Moncloa pretende colar medidas electoralistas en otro 'decreto de la guerra' antes del 19-J
Hacienda hace números para calcular su coste durante tres meses. No se descarta incluir el abono transporte a 10 euros pero sí la gasolina
El Gobierno prepara la chequera electoral. Días después del anuncio de un plan para el empleo en Andalucía durante el Consejo de Ministros, el Ejecutivo estudia nuevas medidas para ampliar el ‘decreto de la guerra’ cuya prórroga de tres meses anunció recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un nuevo paquete de ayudas electoralistas con las que atraer a los electores andaluces que, según fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE, se aprobará antes de los comicios autonómicos del 19-J.
Según ha podido saber este periódico, el Ministerio de Hacienda hace números con la intención de calcular los costes de las nuevas medidas a aplicar durante los próximos tres meses, a contar desde el 30 de junio, cuando caduca el anterior decreto aprobado por el Ejecutivo, que incluyó medidas como la subvención de 20 céntimos por litro en el precio de la gasolina o la limitación temporal de la subida del alquiler al 2%.
Abono transporte a 10 euros
Fuentes del Gobierno confirman que se abren a «actualizar las medidas en base a la nueva realidad económica» y contemplar algunas propuestas planteadas por sus socios de coalición, como la rebaja del abono transporte a 10 euros, tanto para financiar el transporte urbano como el interurbano.
Fuentes de Podemos aplauden esta apertura y reclaman la paternidad de la medida, aunque piden también que se estudie la incorporación de otras de sus reclamaciones como ampliar el bono social, el bono eléctrico o la subida de las pensiones mínimas conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). De hecho, la sorpresa se produjo este jueves en el seno de la Comisión de Trabajo del Congreso.
Dos días después de que el Ministerio de Asuntos Sociales de Ione Belarra trasladara la necesidad de adelantar la subida de las pensiones no contributivas al mes de julio, en lugar de enero de 2023, el PSOE cerró un acuerdo con EH Bildu para subir un 15% de las pensiones mínimas que, en principio, se pretenden incluir en el decreto de la guerra. El Gobierno confirma el acuerdo pero no el acomodo legislativo en el nuevo decreto que, a priori, estaría en vigor tres meses más, hasta septiembre de este año, mientras que las pensiones deberían de extenderse hasta diciembre de 2022, por lo que aún «tendrá que estudiarse».
Cabreo de Podemos por las pensiones
Fuentes de Podemos consultadas por THE OBJECTIVE dan cuenta del malestar que este acuerdo generó en el socio minoritario por no haber sido avisado previamente por el PSOE. Los morados conocieron el acuerdo como el resto de los socios Frankenstein a través de un comunicado hecho público por la formación abertzale y al que «nos suscribimos de mala gana, como el resto», pero sin otra opción.
Sin embargo la formación morada advierte de que estas formas, unidas a las ajustadas votaciones recientes que protagoniza el Ejecutivo, acabarán derivando en una derrota parlamentaria en el futuro próximo «por una cuestión de estadística»: «Hay mosqueo generalizado porque ha sido un pacto en la sombra». Especialmente del PNV, que tiene un «ataque de cuernos» al ver como su condición de socio preferente peligra ante la que es su principal amenaza electoral, que incluso pone en jaque su hegemonía en el País Vasco.
Un nuevo decreto
Desde el Gobierno confirman a THE OBJECTIVE que no se trata por tanto de una prórroga sino de un nuevo decreto ley con nuevas medidas que se aprobarán en las próximas semanas. Algo que pareció anticipar la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, cuando anunció este jueves que «este Gobierno reformulará estas ayudas para dar la respuesta adecuada al momento adecuado, como hemos venido haciendo hasta ahora». Un cambio respecto a la prórroga en sí que, sin embargo, no contempla introducir la progresividad en la bonificación del combustible para que se financie en función del nivel de renta, como propone el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
El titular de Consumo aseguró este jueves que «se está debatiendo como precisar y focalizar esta medida para que sea más eficaz y regresiva». Y añadió: «Si no llega al real decreto, tendrá que llegar en otra forma jurídica». No obstante, fuentes de Moncloa consultadas por este diario descartan que el nuevo texto legislativo contemple esta medida por la complicada ejecución que supondría a nivel técnico.
