El Govern busca impulsar jueces y fiscales catalanes «comprometidos» con Cataluña
El Departamento de Justicia becará 200 plazas con el fin de crear una nueva generación de togados con «arraigo» en la región y con el nivel C1 de catalán
La exconsejera de Justicia Lourdes Ciuró, con su sucesora Gemma Ubasart | Europa Press
El Gobierno de la Generalitat quiere impulsar una nueva generación de jueces y fiscales catalanes con vocación de país. El Departamento de Justicia cerró el pasado 5 de octubre la convocatoria de 50 becas anuales para graduados en Derecho que quieran opositar a las carreras judicial y fiscal. Se trata de una cifra mucho más elevada que las convocatorias anteriores y en la que la Generalitat destinará 2.316.000 euros durante cuatro años. Es decir, para un total de 200 nuevos magistrados por el turno libre.
Los requisitos para acceder a estas becas son tener un nivel C de catalán (algo que en la actualidad no se requiere entre los magistrados que trabajan en Cataluña) y estar empadronado y tener residencia efectiva en Cataluña desde al menos cinco años de los últimos siete. Además de tener una calificación mínima de 6 sobre 10 en la carrera. Y el compromiso, una vez aprobadas las oposiciones, de solicitar «su plaza en Cataluña con carácter preferente».
En la promoción de jueces de 2021, ingresaron 188 nuevos magistrados, y solo 11 tenían residencia en Cataluña. La entrada anual de otros 50 juristas de carrera entre jueces y fiscales es significativa para intentar, poco a poco, cambiar los equilibrios en un sector donde la mayoría de funcionarios proceden de fuera de la región. En Cataluña, además, hay poca tradición de opositar y es una tendencia que desde el Govern quieren revertir. De acuerdo con los últimos datos de 2021, hay 846 magistrados y 285 fiscales en la región.
«Jueces y juezas catalanes»
Se busca, según las palabras de la entonces consejera del ramo, Lourdes Ciuró (Junts), que estos becados tengan: «Conocimiento de nuestra realidad, de nuestro derecho civil catalán, y un arraigo que contrarreste el alto nivel de rotación actual de jueces que, después de adquirir experiencia en Cataluña, en muchas ocasiones regresan a sus lugares de origen».
No es la primera vez que desde el nacionalismo, en especial el sector de Junts, piden de forma velada funcionarios «comprometidos» con las instituciones catalanas. A este respecto, Ciuró lo dejó claro: «Había que fomentar vocaciones porque necesitamos tener jueces y juezas catalanes».
Fomentar el uso del catalán
En la convocatoria se especifica que las líneas de ayuda son para «estabilizar las plantillas judicial y fiscal en Cataluña, mejorar la calidad del servicio público de la justicia y fomentar el uso del catalán en la Administración de justicia».
El importe de las becas para los cuatro años será de 46.320 euros, lo que supone que cada persona becada recibirá 965 euros mensuales, el equivalente del salario mínimo interprofesional.
Déficit de jueces en la región
Según informó El Nacional de fuentes de la Consejería de Justicia, se han presentado un total de 97 personas para obtener una de las 50 becas de este año. El interés del departamento es que estas plazas sean ocupadas por juristas que vivan en Cataluña, que sepan y «respeten la lengua propia y no quieran irse de su comunidad una vez han completado el año obligatorio en su primer destino», tal y como sucede en la actualidad.
El déficit de jueces y fiscales en Cataluña llegó a niveles alarmantes a finales de 2021, hasta el punto de que hubo riesgo de que quedaran vacantes sin cubrir. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el CGPJ solicitaron, como medida de choque, un complemento salarial a los jueces que ejercen en la comunidad, pero no hubo respuesta por parte del Ministerio de Justicia.
Fuga de jueces por el ‘procés’
Los últimos datos publicados por este periódico de noviembre de 2021 se constataba que al menos 211 se han ido de Cataluña en los últimos cuatro años, mientras que tan solo 23 de otras partes de España han pedido voluntariamente esta región como destino en el mismo periodo.
Según la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en la región, «el número de jueces que se han marchado de Cataluña ha sido muy numeroso desde 2018», después del año crítico del procés independentista. En el año 2018 un total de 48 jueces se fueron y solo llegaron tres en concursos ; en 2019 se marcharon 40 y concursaron siete; y en 2020 salieron de esa comunidad autónoma 37 frente a siete llegados voluntariamente.
Descentralizar la Justicia
El hecho de que el sistema judicial haya sido el principal escollo para los planes independentistas ha propiciado que en los últimos años el Govern trabaje por «descentralizar» el Poder Judicial.
La estrategia judicial de los procesados por el plan rupturista fue siempre la de trasladar la causa del procés del Tribunal Supremo a Cataluña, con el fin de lograr ser juzgados por unos togados a quienes se les suponía mayor sensibilidad con la realidad catalana.
No obstante, desde el nacionalismo y sus entidades afines, como la ANC, se desacredita de forma reiterada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como parte de la «justicia española». En especial, por todo lo relacionado con la cuestión del 25% de horas lectivas en castellano.
