Sánchez pedirá ayuda a Bruselas para rebajar la mayoría para renovar el CGPJ sin el PP
El calendario contempla un nombramiento unilateral de los dos magistrados del TC y rescatar la ‘reforma dura’ que paralizó la Comisión Europea
Pedro Sánchez, Félix Bolaños y Miquel Iceta este sábado en Sevilla. | PSOE
Se acabó la ficción. El Gobierno ha aterrizado tras dinamitarse el acuerdo con el PP y se mueve en el terreno más realista sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pacto con el PP ya no será posible. «No habrá acuerdo en esta legislatura porque a Feijóo le han ganado las presiones de la derecha y la ultraderecha», explican fuentes del Ejecutivo a THE OBJECTIVE. Y en este nuevo escenario, el equipo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha esbozado el plan que le permitirá renovar el Consejo General del Poder Judicial sin necesidad de contar con el PP. Porque lo que está claro es que «no nos vamos a quedar con los brazos cruzados».
El primer paso ya se ha desplegado: una ofensiva política sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien consideran inhabilitado por carecer del coraje necesario para pactar con el Gobierno y asumir ante los suyos el coste de cerrar un acuerdo de Estado. A la cascada de críticas del negociador, Félix Bolaños, y los portavoces Pilar Alegría, Isabel Rodríguez o Patxi López, se le sumará este miércoles el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya intervención en la sesión de control se ha preparado a conciencia en el Palacio de La Moncloa con la intención de lanzar toda su artillería contra Feijóo, pese a estar ausente en el debate del Congreso.
Nombramiento unilateral en el TC
Una ofensiva política a la que le seguirá la judicial. El Gobierno espera ahora que sea el propio CGPJ caducado quien mueva ficha y actúe para renovar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato caducó el pasado 12 de julio. Un movimiento que en Moncloa esperan que se produzca este mismo mes de noviembre como antesala a otra renovación, la de los dos magistrados cuyo mandato también expiró en junio y que van a ser nombrados a instancias del Ejecutivo sin contar con el PP, según adelantan a THE OBJECTIVE fuentes gubernamentales. El entorno de Sánchez ya manifestó antes del verano su voluntad de actuar unilateralmente sin esperar al PP para renovar ese mandato, pero las aparentes posibilidades de un acuerdo con el nuevo PP de Feijóo pospusieron esa voluntad que ahora ejecutarán sin dilación.
Pero es importante hacerlo con las cautelas necesarias para mostrarse ante la Comisión Europea como un Gobierno presto a un acuerdo bloqueado in extremis por el principal partido de la oposición. Desde que las instituciones comunitarias obligaron al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a paralizar la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, que permitía rebajar la mayoría reforzada de 3/5 (210 diputados) a la mayoría simple de 176, la imagen que el Ejecutivo proyecta a Bruselas siempre ha estado entre las preocupaciones de La Moncloa.
Envío del acuerdo a Bruselas
La rebaja de las mayorías para lograr la renovación de la Justicia y, por ende, una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional siempre ha estado en los planes del Gobierno, de común acuerdo en esta ocasión para los dos socios de la coalición. Tanto de farol por parte del PSOE para convencer al PP como de órdago por parte de Podemos para hacerse con su pedazo en el reparto de la tarta. Pero una vez rota la baraja, el Ejecutivo se dispone a ejecutar el plan que echó para atrás la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová. Y ésa es la clave. Esta vez hay que buscar la complicidad de las autoridades comunitarias, su aval para implementar una rebaja de las mayorías necesarias en aras del cumplimiento constitucional y la calidad democrática de las instituciones.
Y para ello, el siguiente paso que contempla el Ejecutivo es hacer partícipe a la Comisión Europea con el envío del listado íntegro de los 20 vocales del CGPJ y los 12 suplentes que acordaron Félix Bolaños y Esteban González Pons. Un acuerdo fallido que, según el primero de ellos, se había pactado íntegramente, aunque el negociador socialista no quiso desvelar los nombres de ninguno de ellos al ser preguntado por Victoria Rosell en Onda Cero. Según confirman fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, ni Rosell ni José Ricardo de Prada integraron los nombres del pacto y se endurecieron las condiciones para que los nombres pactados fueran «perfiles independientes e impecables. Y eso es lo que va a ver la Comisión».
Rebaja de las mayorías
Tras el reciente viaje del comisario de Justicia de la Unión Europea a España, Didier Reynders, el Gobierno es consciente de que el asunto ocupa y preocupa a la Comisión. Y amparándose en la necesidad de desbloquear la renovación pendiente desde hace más de cuatro años, Pedro Sánchez pretende mostrar a Bruselas que una fórmula de rebaja de las mayorías sería ya la única formula posible para alumbrar un pacto al amparo de las mayorías democráticas del Parlamento y como una de las «otras fórmulas» de elección que, según el comisario europeo, podrían estudiarse para sellar el pacto por la Justicia. De poco importa que el objeto de las afirmaciones de Reynders fuera el cambio en el sistema de elección de los vocales propuestos por el PP para que los jueces sean elegidos por sus pares.
Pedro Sánchez está decidido a desplegar una ofensiva diplomática y política sin precedentes en Bruselas para renovar al órgano de gobierno de los jueces en esta legislatura. En ningún caso se plantean en Moncloa derogar la ‘reforma blanda’ que aprobó para impedir nombramientos y que ha ocasionado un problema de vacantes de primera magnitud en todas las instancias judiciales. Su intención es retomar la ‘reforma dura’ que permitiría al Gobierno sortear el acuerdo con el PP y sacar adelante una renovación con Podemos y su socios: PNV, ERC y Bildu. Extrapolar la alianza ‘Frankenstein’ del plano parlamentario al judicial. Al fin y al cabo, en Moncloa siempre han abogado porque la Justicia debe ser una extensión del Parlamento emanado de las urnas. A un año que resta de legislatura, si ello entraña dudas constitucionales, se dirimirán en un siguiente mandato.
