El fallo del Supremo da más plazo a opositores a Policía para pedir su aprobado en ortografía
El Alto Tribunal ha tumbado las oposiciones al Cuerpo de 2023 por excluir a candidatos que se habían sometido a una intervención para mejorar su vista
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | EP
La decisión del Tribunal Supremo de anular las próximas oposiciones a la Escala Básica de Policía Nacional, previstas para 2023, por excluir en la convocatoria a los candidatos que usan lentes fáquicas —una especie de lentilla permanente que corrige la vista a través de una sencilla intervención—, incumpliendo la medida cautelar que estableció el Alto Tribunal en septiembre de 2021, amplía el plazo para que centenares de aspirantes puedan reclamar a los tribunales su aprobado en la prueba de ortografía de 2019, después de que el TSJ de Madrid tumbase este examen la pasada primavera.
En la práctica, el fallo del TS supone, según las fuentes jurídicas y policiales consultadas por este periódico, que la Dirección General de Policía tendrá que publicar una nueva convocatoria de las oposiciones, abrir un nuevo plazo para formalizar las instancias y devolver las tasas pagadas a todos los aspirantes que se habían presentado. Pese a que la Policía trató de subsanar el error en los requisitos con una nueva resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Supremo ha rechazado su alegación y, por tanto, no hay otra opción: habrá una nueva fecha para los exámenes y, presumiblemente, será más lejana en el tiempo.
El error de la Dirección General, dependiente del Ministerio del Interior, ha generado un lógico malestar entre los opositores, que llevan meses, incluso años preparando todas las pruebas. Pero al mismo tiempo, ha supuesto un alivio para muchos aspirantes, que tras el retraso de los exámenes, tendrán ahora mayor plazo de tiempo para demandar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la extensión de efectos de la sentencia que tumbó el test de ortografía de las oposiciones a Policía.
Readmitidos en el proceso
Después de tres años de litigio contra la Administración, el pasado mes de mayo la Justicia falló a favor de los aspirantes que interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra la Policía Nacional por haber establecido como incorrectas cuatro palabras de la prueba de ortografía de 2019 que la Real Academia Española (RAE), en un informe que remitieron los afectados, daba por correctas. Una cuestión que incluso el tribunal, tras tumbar el examen, llegó a calificar de «inadmisible» por parte de Interior.
En la sentencia, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) estimó parcialmente el recurso de los candidatos y ordenó a la División de Formación de la Policía Nacional que corrigiese su error. Ello ha implicado que, una vez se han actualizado las puntuaciones, superada la nota de corte establecida en el test ortográfico (6,2), los afectados puedan ser readmitidos en el proceso y realizar las pruebas de la oposición que no pudieron completar por haber suspendido: la entrevista personal, un reconocimiento médico y un test psicotécnico. Los beneficiados en este caso se cuentan por cientos.
Extensión de efectos
No obstante, no serán los únicos. Este mismo tribunal ha ido más allá y ha reconocido en 50 resoluciones judiciales el derecho de que aspirantes que no acudieron a los juzgados pasen directamente a la siguiente fase del próximo proceso selectivo de la Policía Nacional, como los que le ganaron el pleito a la Dirección General. En los autos, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el TSJ de Madrid estima la extensión de efectos de la sentencia para aquellos que, tras el pronunciamiento del juzgado, solicitaron formalmente al mismo que se les reconociera la posibilidad de dar por válidas las cuatro polémicas palabras.
De este modo, si consiguen la puntuación mínima en la prueba de ortografía, sacarán ventaja al resto de aspirantes que se presenten en 2023, teniendo aprobada la fase de pruebas físicas y la de conocimientos, puesto que la Policía ha eliminado la prueba de ortografía definitivamente en las oposiciones y ahora se integrará, aunque de manera residual, en la prueba teórica. Una opción a la que, ahora, tras el retraso de las próximas oposiciones y habida cuenta del tiempo que conlleva la resolución de las demandas al juzgado, podrán recurrir aún más opositores.
En el escrito judicial, los jueces mencionan la legislación reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que, en su artículo 110.1, señala que en materia tributaria y de personal al servicio de la Administración Pública los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras cuando concurran una serie de circunstancias. Entre ellas, que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.
600 demandas
En este aspecto, el tribunal no alberga dudas. Apunta que estos últimos perjudicados, al igual que los beneficiados en la sentencia, eran aspirantes a ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía y «todos ellos realizaron el mismo ejercicio de ortografía en el mismo proceso selectivo, el cual se corrigió de manera errónea». «La comparación de datos expuestos permite afirmar, sin temor al equívoco, la identidad de situaciones jurídicas comparadas, por lo que la extensión de efectos pretendida, en consecuencia, resulta completamente viable», sentencia la sala.
«Todo ha sido posible gracias a la Plataforma Justicia 36. Es un éxito de grupo, de muchos jóvenes que han confiado en la Justicia», manifiesta Ángel Galindo, abogado de este grupo de opositores. Actualmente, los tribunales han estimado todas las demandas de extensión de los aspirantes. Medio centenar de las más de 600 que lleva este letrado, y cuya resolución se espera en los próximos meses.
