Salvador Illa propone «una consulta» a los catalanes para organizar el «autogobierno»
El líder del PSC ha afirmado que si los catalanes alcanzan un acuerdo entre ellos, se podría dar esta situación, aunque niega que vaya a ser de ruptura
El líder del PSC, Salvador Illa. | Europa Press
El líder del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Salvador Illa, se ha mostrado favorable a «una consulta» para organizar un mayor autogobierno en Cataluña con el objetivo de «completar a la comunidad». El exministro de Sanidad no ha especificado en qué consistiría ni cuáles serían los puntos que se negociarían en caso de darse, aunque ha afirmado que recogería los acuerdos alcanzados «entre los partidos políticos catalanes».
Durante una entrevista en el diario El Confidencial, Illa ha defendido que la pluralidad de opiniones en Cataluña precisa de vías que permitan el diálogo interno entre los ciudadanos de la comunidad en busca de soluciones a lo que ha calificado como «una década perdida»; aunque ha insistido -al igual que ya lo hiciera ayer el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y otros ministros socialistas como Isabel Rodríguez– que no se consultará la secesión.
«En todo caso, los socialistas catalanes nunca vamos a estar por una consulta rupturista, de autodeterminación. No, no, ahí no vamos a estar. Pero una consulta para ratificar un acuerdo al que hayamos podido llegar los partidos políticos catalanes es una opción que entra en el marco de posibilidades que nosotros contemplamos. La ruptura es una línea roja para nosotros», ha insistido.
Illa pide «generosidad»
El barón socialista ha señalado que las últimas medidas del Gobierno como la reforma del delito de malversación -que permitirá que los líderes del ‘procés’ puedan concurrir en las listas electorales de las próximas elecciones de la comunidad- o la rebaja en las penas de la sedición -que beneficiará a los políticos fugados como Carles Puigdemont al convertir los hechos del 1 de octubre de 2017 en «desórdenes públicos», penados con condenas muy inferiores a las actuales-son una apuesta por «la generosidad», que no por la «ingenuidad».
Además, Illa ha negado que estas políticas se hayan planeado pensando «en una persona concreta» a pesar de que el beneficio vaya destinado a los líderes del ‘procés’. Al ser cuestionado sobre la «perplejidad» que podría provocar ver a uno de ellos en el Parlament -como a Oriol Junqueras o a Marta Rovira- tras los próximos comicios, el líder socialista ha acusado a quienes se muestran contrarios a las rebajas de las penas de vivir «en el resentimiento permanente».
«Yo lo que le digo es que la gente en Cataluña mira hacia delante y algunas personas están en el resentimiento permanente, con una carga emocional importante. Quien no sepa sintonizar con los anhelos auténticos de Cataluña lo va a tener difícil para representar a su mayoría de ciudadanos», ha señalado.
El candidato socialista a los comicios de 2020 ha defendido los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la reforma del delito de sedición o la rebaja en las penas de la malversación acordada con Esquerra Republicana (ERC). Con respecto a la primera, el socialista ha señalado que el proceso seguido para aprobar la norma -a través de un procedimiento de urgencia y mediante proposición de ley, que no requiere de los informes jurídicos consultivos- es perfectamente válido a pesar de las polémicas que puede suscitar y ha defendido que no desarma al Estado en caso de repetirse los hechos de 2017.
«La unilateralidad seguirá teniendo sanción en el Código Penal y, al margen, está el artículo 155 de la Constitución, que permite cortar de raíz eventuales nuevos intentos secesionistas. La línea roja está en romper el marco de convivencia que todos nos hemos dado», ha valorado.
Illa ha defendido que hechos como el ‘procés’ no pueden repetirse y ha señalado que en caso de intentarse -anhelo del independentismo, que ya ha planteado las condiciones para una nueva consulta de independencia- quedarían sancionados con la nueva norma.
El PSOE choca sobre las reformas para Cataluña
Esta postura choca con la de otro de los grandes cargos socialistas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien en la tarde del martes compareció ante los medios de comunicación para criticar los vaivenes del presidente Pedro Sánchez con respecto a la situación en Cataluña y se mostró contrario a cualquier tipo de consulta en la comunidad.
Page aseguró que en caso de apostarse por esta vía, llevaría esta medida ante el Tribunal Constitucional a pesar de ir en contra de las directrices actuales de su partido; decisión que tomaría amparado en las «opiniones de antesdeayer» de Sánchez con respecto a la sedición y el independentismo catalán que, teniendo en cuenta las actuales, hacen inexplicables las decisiones del Ejecutivo.
Por el momento el PSOE vive una calma no exenta de tensión. Los portavoces del partido salieron al paso de las declaraciones del presidente a manchego asegurando que su decisión con respecto a Cataluña era una apuesta «valiente» y una forma de resolver los problemas en la comunidad. Además, insistieron en que no se cedería en la secesión al ser inconstitucional y se apartaron de las opiniones del barón; quien también fue señalado por su homólogo extremeño, Guillermo Fernández Vara, al asegurar que las reformas en el Código Penal forman parte de una mejora para evitar el conflicto en la comunidad: «El delito de rebelión sigue existiendo, no se despenaliza ningún delito y lo más importante de todo: ¿cuál es la alternativa?».
El presidente extremeño se había mostrado reticente a la reforma de la malversación en anteriores comparecencias, aunque en esta nueva ocasión se ha mostrado favorable a las tesis gubernamentales. Por el momento, otros barones como Lambán o Barbón, presidentes de Aragón y Asturias respectivamente, se mantienen en silencio.
Exministros socialistas contra Sánchez
Sin embargo, Page no es el único socialista molesto con los últimos movimientos del Gobierno con Cataluña. El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra se mostró en la mañana del martes muy contrario al plan de Sánchez para favorecer a los políticos independentistas condenados por el ‘procés’ y a aquellos que se encuentran pendientes de comparecer ante la Justicia, afirmando que legislar en específico para una persona es «una forma de corrupción».
También aseguró que en caso de repetirse un intento de secesión, los independentistas «pueden repetir lo que hicieron en el 17, esta vez sin gente en la calle, y nadie le podrá acusar de nada».
Estas afirmaciones de quien fuera la mano derecha del expresidente González se suman a la de otros exministros socialistas que a través de un manifiesto han pedido no emprender las reformas pactadas con el independentismo. Bajo el nombre de Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, estos ex altos cargos del PSOE rechazan «las actuaciones del Gobierno cuyo propósito es obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución» y aseguran que con esta reforma «se pretende que un intento de ruptura del orden Constitucional se llame ahora un desorden público agravado, con una rebaja máxima de las penas que cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas».
«Es una burla hablar de ‘desinflamación del conflicto catalán’ cuando todos los condenados han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlo», añade el manifiesto. «Los hechos ocurridos en 2017 no fueron desórdenes sino un desafío al poder legítimo y al orden constitucional. Pactar la redacción del decreto con los delincuentes carece de homologación en Europa».
Asimismo, insisten en que Pedro Sánchez no «no mencionó» la modificación de los delitos «en su discurso de investidura», ni tampoco fue «un compromiso electoral» ni un «acuerdo posterior con Unidas Podemos». También señalan que la UE «no ha exigido reformar el delito de sedición» y «no es cierto» que el cambio sea para «equiparar la legislación española» con la europea, según se puede leer en el manifiesto.
Los firmantes aseguran que con la medida del Gobierno «se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, lo cual es más lesivo aún que el lucro personal».
