El paquete 'anticrisis' del Gobierno se atasca por las exigencias de Podemos con el alquiler
La congelación de los alquileres que reclaman los ‘morados’ se convierte una vez más en el principal motivo de discusión dentro de la coalición
En plena Navidad también hay tensiones en el seno del Gobierno de coalición. El Consejo de Ministros aprobará mañana martes, en la que será su última reunión del año, el tercer paquete de medidas ante las consecuencias provocadas por la guerra en Ucrania y en el que se incluirán previsiblemente ayudas para paliar el impacto de la inflación en la cesta de la compra. Sin embargo, los detalles finales de este plan se están atascando porque el socio minoritario, Unidas Podemos, exige incluir en el mismo la congelación de alquileres e hipotecas, algo a lo que los socialistas no están dispuestos.
En concreto, fuentes de Podemos han señalado a Efe que desde el PSOE, con quién se sigue negociando, aún no se ha dado una respuesta detallada a sus propuestas, entre las que se incluye una prórroga de un año de los contratos de alquiler y la congelación de las hipotecas variables. Además, el propio portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya ha lamentado esta mañana en su cuenta de Twitter que el PSOE «se resiste», por lo que hay «una falta de avances», un hecho al que también se ha referido la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
«No está siendo una negociación fácil», ha apuntado por su parte este mediodía la número tres de Podemos, Lilith Verstrynge. «Lo prioritario es hacerle entender al PSOE que el mayor gasto que realizan los españoles tiene que ver con el pago del alquiler y de la hipoteca y por tanto hay que regular estas cuestiones», ha añadido la también secretaria de Estado para la Agenda 2030. Actualmente está vigente un tope a la actualización de los alquileres gracias a un pacto al que llegó el PSOE con Bildu para que estos últimos apoyaran los Presupuestos, pero esta limitación a la subidas es insuficiente para los morados, que exigen una congelación total, tal y como ha dejado claro la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, esta misma mañana.
Donde sí parecen encontrar un mejor recibimiento las propuestas de Podemos es en la creación por parte del Gobierno de un cheque -la cuantía puede oscilar entre 200 y 500 euros- para ayudar a las familias más vulnerables a hacer frente a la cesta de la compra. Un objetivo para el que también se está discutiendo una rebaja del IVA de determinados productos, como el pescado, al tipo superreducido del 4%. Sin embargo, ha quedado descartada una rebaja generalizada del IVA de los alimentos, ya que tal y como argumentó este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este tipo de medidas «sólo servirían para ensanchar» los beneficios de las grandes distribuidoras y no ayudarían a las familias con la cesta de la compra».
Aunque la tasa anual de inflación se ha moderado en noviembre al 6,8% -desde el 10,8% alcanzado en julio- los precios de los alimentos siguen en máximos con un alza del 15,3%. En el anterior paquete de medidas, el Gobierno ya incluyó una ayuda única de 200 euros para mitigar el impacto de la elevada inflación y que ha beneficiado a 599.081 personas frente a los 2,7 millones previstos.
La duda de los carburantes
Más allá de las novedades, el Ejecutivo detallará también mañana qué medidas del anterior decreto cuya vigencia termina el 31 de diciembre se prorrogan en 2023. Así, se debe decidir sobre la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, que se espera que deje de ser generalizada y sólo se puedan beneficiar de ella determinados sectores.
Asimismo se tendrá que abordar la extensión de la rebaja del IVA del gas del 21% al 5% vigente desde el pasado mes de octubre, así como el del IVA y otros impuestos de la electricidad y la congelación de la bombona de butano. También deberá incluirse en este paquete la subida del 15% las pensiones no contributivas en 2023, que también afectara al ingreso mínimo vital (IMV), así como la extensión del límite del 2% al incremento de los alquileres ya pactado con Bildu.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó que estaban sopesando igualmente mantener en 2023 las ayudas al transporte público autonómico, mientras que se ha incluido ya en los presupuestos generales extender a todo el año que viene la gratuidad del transporte de cercanías y media distancia. También se ha adelantado que se contemplarán medidas de apoyo a la industria intensiva en el consumo de gas.