Castilla y León recibe al fin el requerimiento del Gobierno tras 36 horas de espera
Fuentes del Gobierno de la Junta consultadas por THE OBJECTIVE confirman que ya cuentan con el texto enviado por Sanidad
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. | Pablo Requeijo (Europa Press)
El Gobierno de la Junta de Castilla y León ha comunicado que ha recibido esta misma mañana el primer requerimiento enviado por el Ministerio de Sanidad a causa de las medidas ‘provida’ anunciadas por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, en una rueda de prensa y que tuvieron que ser desmentidas y acotadas por el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco.
Fuentes del Gobierno de la Junta consultadas por THE OBJECTIVE han confirmado que han recibido el escrito, enviado el domingo desde la cartera de Carolina Darias y que Castilla y León aseguraba no poseer. Casi 48 horas después, y con un segundo requerimiento en camino tras el anuncio del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de cara al Consejo de Ministros de este martes, ha llegado.
Según puede leerse en el documento al que ha tenido acceso este medio, Sanidad registró el texto a las 18:50 horas de la tarde del domingo, aunque en la jornada del lunes, el propio presidente Mañueco afirmó no tener constancia de que su equipo lo hubiera recibido.
Las mismas fuentes han asegurado que el Gobierno regional se reserva la posibilidad de responder al considerar que la medida que reclama el Ejecutivo de Sánchez no existe al no haber sido aprobada por el Consejo de Gobierno ni haber sido publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León.
El asunto no es baladí, pues se trata de un paso previo antes de la eventual intervención de la comunidad a través del aplicación del artículo 155, si bien esta constituye la última opción y el propio Gobierno, a pesar de no descartarlo, ha apostado por reservarse esa alternativa a la espera del devenir de los acontecimientos.
Castilla y León choca con el plan ‘provida’
Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo han vuelto a contradecirse sobre la obligatoriedad de estas medidas ‘provida’ al corregir expresamente el primero al segundo y garantizar que no serán obligatorias para los médicos, lo que sigue causando gran confusión al no existir ningún documento oficial que permita conocer cómo se aplicaría este plan en caso de aprobarse.
El lunes, los sanitarios castellanoleoneses habían confirmado que, pese a lo anunciado por la Consejería de Sanidad, no habían recibido notificación alguna sobre cambios en la manera de atender a las mujeres embarazadas anunciadas el pasado jueves, por lo que existe una sensación de incertidumbre al respecto, a la espera de que concrete los plazos y sus efectos prácticos.
En su comparecencia, Mañueco sostuvo que el protocolo existente para los casos de mujeres que quieren abortar «no se modifica» con estas medidas «en ningún caso», lo que en la práctica implica que los médicos no ofrecerán a la mujer la posibilidad de escuchar el latido o acceder a una ecografía 4D, que era lo anunciado por García-Gallardo.
El Gobierno prepara otro requerimiento
El Consejo de Ministros ha anunciado que este martes aprobará un requerimiento de incompetencia contra el Gobierno de Castilla y León tras su plan ‘provida’, una medida que, por lo poco habitual que es, no es muy conocida por la mayoría de los ciudadanos.
El requerimiento de incompetencia es un trámite que se realiza directamente hacia una comunidad autónoma -en este caso Castilla y León-, que se vería afectada por esta medida. De esta forma, el Gobierno central solicita al actor implicado que derogue o anule el acto o disposición -en este caso la polémica medida- al asegurar que se encuentran viciados de incompetencia, es decir que sus competencias no le permiten actuar sobre esa determinada cuestión.
En resumen, el Gobierno considera que a pesar de que la Junta de Castilla y León tiene las competencias de Sanidad transferidas, al igual que el resto de comunidades, las medidas (al menos como las ha planteado en varias ruedas de prensa el vicepresidente, Juan García-Gallardo) las extralimitan, vulneran o menoscaban «la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior», tal y como ha informado el Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado de Comunicación.
Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León se refiere a cualesquiera actuaciones –incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho-, que ataquen los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla.
Sin embargo, no existe ningún tipo de norma sobre la que se aplicaría esta norma. La Junta no ha aprobado protocolo alguno y los sanitarios de la región no deben aplicar nada nuevo. El Gobierno, de esta forma, acusará al Ejecutivo castellanoleonés de exceder sus competencias en una cuestión solo por las declaraciones del vicepresidente Gallardo.
