Castilla y León rechaza el requerimiento del Gobierno: no existe el protocolo sobre el aborto
El Ejecutivo regional ha negado que exista un protocolo a pesar de las declaraciones del PSOE y Vox y reprochan las formas del Consejo de Ministros
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. | Pablo Requejo (Europa Press)
El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Ejecutivo regional ha acordado inadmitir el requerimiento del Consejo de Ministros sobre el protocolo para embarazadas y ha argumentado que no se ha producido ningún acuerdo en este sentido que vulnere la legislación vigente.
En concreto, con el informe favorable de los servicios jurídicos, la Junta de Castilla y León y emitido un escrito de contestación al Gobierno central en el que se insistió en «la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento» y señala que el Estado «pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas», en relación a las explicaciones del vicepresidente, Juan García-Gallardo, sobre este protocolo que él denominó ‘provida’.
Qué es el requerimiento del Gobierno
El requerimiento de incompetencia es un trámite que se realiza directamente hacia una comunidad autónoma -en este caso Castilla y León-, que se vería afectada por esta medida. De esta forma, el Gobierno central solicita al actor implicado que derogue o anule el acto o disposición -en este caso la polémica medida- al asegurar que se encuentran viciados de incompetencia, es decir que sus competencias no le permiten actuar sobre esa determinada cuestión.
En resumen, el Gobierno considera que a pesar de que la Junta de Castilla y León tiene las competencias de Sanidad transferidas, al igual que el resto de comunidades, las medidas (al menos como las ha planteado en varias ruedas de prensa el vicepresidente, Juan García-Gallardo) las extralimitan, vulneran o menoscaban «la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior», tal y como ha informado el Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado de Comunicación.
Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León se refiere a cualesquiera actuaciones –incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho-, que ataquen los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla.
El Gobierno tenía dos meses para presentar este requerimiento, aunque no ha querido esperar ni una sola semana. La Junta, por su parte, cuenta con un plazo de un mes para contestar. En caso de no poder alcanzar una postura común, sería el Tribunal Constitucional el que debería resolver el conflicto a petición del Ejecutivo, lo que paralizaría la norma en vigor.
