El Govern alardea por escrito de que la nueva malversación impide perseguir el separatismo
El Ejecutivo autonómico ratifica su apoyo a la reforma emprendida por Pedro Sánchez y carga contra la anterior reforma del PP de 2015
Pere Aragonès y Laura Vilagrà. | Rubén Moreno/ERC
El Govern de Pere Aragonès ha defendido la reforma de la malversación realizada por el Ejecutivo central, aunque no haya servido para que la Fiscalía rebaje las acusaciones por este delito de los dos altos cargos de ERC, Josep María Jové y Lluís Salvadó, para lo que se ideó dicha modificación del Código Penal. El ministerio público pide siete y seis años de cárcel respectivamente para ambos dirigentes por su papel en la organización del referéndum ilegal del 1-O.
En una respuesta parlamentaria del pasado 6 de febrero al diputado no adscrito Antonio Gallego, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la consejera de Presidència, Laura Vilagrà, sostiene que le dan «apoyo» porque «tiene como objetivo evitar que esta ley sea utilizada para perseguir a la disidencia política». A su juicio, el Código Penal se modificó en 2015 con el PP para «perseguir el independentismo por una vía más, a través de falsas acusaciones de malversación».
Si bien es cierto que dicha respuesta se formuló antes de que se conociera el escrito de Fiscalía donde se les aplicaba a ambos altos cargos de ERC, la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia, el Ejecutivo catalán cree que la reforma de la malversación impide que en el futuro los dirigentes independentistas puedan ser perseguidos por este delito. Y tampoco se han manifestado en sentido opuesto ni han criticado al Gobierno, una vez vista la ausencia de resultados de esta reforma legislativa en los casos que les afectan directamente y que siguen su curso en los tribunales.
Contra el PP
Vilagrà hace referencia al Gobierno de Mariano Rajoy cuando el 30 de marzo de 2015 realizó una importante reforma del Código Penal vía Ley Orgánica (la 1/2015). El delito de malversación se modificó en una «apropiación» o «administración desleal» de patrimonio público, lo que, según los independentistas, servía para asustar a Artur Mas en su propuesta de organizar la consulta del 9-N.
Un relato que también comparten desde Unidas Podemos. Como avanzó este periódico, su presidente del grupo confederal en el Congreso, Jaume Asens, fue el primer dirigente que habló de la posibilidad de modificar el delito de malversación, después del anuncio del presidente Pedro Sánchez sobre la sedición.
El dirigente morado afirmó que esa reforma del PP se hizo de forma preventiva para evitar que Mas acabara simplemente investigado por desobediencia. Y Yolanda Díaz compró este argumento para cerrar filas con una reforma de la malversación que incomodaba en sectores de la izquierda.
Antifraude de Cataluña se opuso
En la misma respuesta, el Ejecutivo autonómico ubica la reforma de la malversación en uno de los «ejes del Pla de Govern», como es el de «la transformación democrática». Y añade que este eje incluye «medidas concretas de integridad e instrumentos y mecanismo de lucha contra la corrupción y las malas prácticas en la administración». Estas medidas están expuestas en el informe Estrategia de Lucha contra la Corrupción, aprobada en 2020 en el Parlament.
La consejera catalana también cita para justificar la reforma de la malversación las funciones de la Sindicatura de Comptes y la Oficina de Antifraude de Cataluña. No obstante, precisamente la Oficina Antifraude, ente independiente del Govern, criticó la reforma de la malversación. El director, Miguel Ángel Gimeno, tachó de «mala noticia» esta modificación del Código Penal y alertó sobre la revisión de condenas que podía acarrear.
ERC evita criticar al Gobierno
El hecho de que ERC no haya criticado al Gobierno una vez se ha visto que la reforma de la malversación no ha dado los resultados esperados ha sorprendido a sus principales competidores por el voto independentista: Junts per Catalunya. A su juicio, esto es una prueba más de que los republicanos habrían participado activamente en el nuevo redactado.
Como informó este periódico, el propio Jové lideró la negociación secreta entre miembros de ERC y el Gobierno para reformar el delito del Código Penal. De hecho, cuando conoció que el ministerio público pide siete de años de cárcel para él no dudó en tildarles de «miserables» y «malas personas». En la misma línea, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, también señaló «el sistema judicial español» de no hacer justicia y «hacer política». No obstante, no ha habido ni una sola crítica por parte de ERC a los autores de la reforma.
