La Fiscalía Europea exige los contratos del proveedor de Ábalos y del marido de Calviño
THE OBJECTIVE accede al oficio enviado al Ministerio de Hacienda el 15 de julio de 2022 en el que pide una contestación «sin dilación»
Los exministros José Luis Ábalos e Isabel Celaá junto a la vicepresidenta primera Nadia Calviño. | Europa Press
La Fiscalía Europea reclamó el 15 de julio de 2022 al Ministerio de Hacienda los contratos de la empresa Beedigital, la empresa donde trabajaba Ignacio Manrique de Lara, marido de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; y de Soluciones de Gestión, del proveedor de confianza del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para saber si «han sido financiados, total o parcialmente con fondos de la Unión Europea», según la documentación a la que ha accedido THE OBJECTIVE. Europa reclamaba una contestación «sin dilación».
La petición se enmarcaba dentro de la investigación abierta por la Fiscalía Europea ante la posibilidad de que pudieran haber podido cometer un delito de «fraude de subvenciones», tras la denuncia presentada en junio por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, por indicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Hasta ahora solo se conocía que la Fiscalía Anticorrupción española había abierto una investigación, pero no que la Unión Europea había iniciado también una solicitud de información sobre esas dos empresas. Según el texto enviado desde la Fiscalía Europea y publicado hoy por THE OBJECTIVE, se trataba de «determinar si los gastos derivados de los hechos objeto de denuncia pudieran haberse beneficiado de financiación con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, o cuales quieran otros fondos que resulten de aplicación», según el decreto emitido para pedir transparencia sobre el destino del dinero.
Primer contrato reclamado
El primer contrato reclamado por la UE fue el adjudicado a la empresa Beedigital, «referido a su habilitación como Agente Habilitador Adherido del programa Kit Digital, relacionado con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital«. El importe fue de 532.400 euros. El marido de Calviño era en el momento de la adjudicación del contrato «director de Márketing», según la denuncia del PP y «con anterioridad nunca había obtenido un contrato público». El contrato fue adjudicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el 21 de octubre de 2019 para la prestación del servicio de gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social. Esta adjudicación se produjo tras un proceso de contratación ordinario con publicidad. Se recibieron tres ofertas, siempre según la denuncia presentada por el Partido Popular de Madrid.
Los populares alertaron que «por si estas adjudicaciones no fueran suficientemente sospechosas de la existencia de algún posible trato de favor, hay que señalar que la empresa Beedigital ha sido reconocida como agente digitalizador adherido del programa Kit Digital. La adquisición de la figura de agente digital supone la condición de mediador para la captación del fondo Kit Digital de la Unión Europea, y que gestiona precisamente la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos».
Asimismo, la Fiscalía Europea también reclamó información de tres contratos adjudicados a la empresa «Soluciones de Gestión», el proveedor de confianza del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El primero fue adjudicado «por la presidencia del organismo público Puertos del Estado del Ministerio de Movilidad, el 21 de marzo de 2020, para la adquisición de mascarillas por un precio total de 24.200.000 euros». El contrato se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación de forma directa.
Segundo expediente
El segundo expediente relacionado con Soluciones de Gestión sobre el que pide aclaración la Fiscalía Europea es «el suministro de mascarillas FFP2 adjudicado por ADIF el 27 de marzo de 2020 para la adquisición de cinco millones de mascarillas por un precio total de 12.500.000 euros». También se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y se adjudicó de forma directa. Finalmente, Europa quería información sobre «el contrato del 20 de abril de 2020, adjudicado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por un valor de 3.479.355 euros para la adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado».
El escándalo de la empresa Soluciones de Gestión se sustenta en que esta empresa con domicilio social en Zaragoza carecía de experiencia en la importación de material sanitario ni era conocida en el sector. De hecho, su cifra de negocio en 2019, el año antes de la pandemia, fue de cero euros. Sin embargo, en 2020 logró facturar 53,13 millones de euros gracias a los contratos con el Gobierno, especialmente a los relacionados con Ábalos, «como consecuencia de las adjudicaciones directas relacionadas con la covid». El auditor de la empresa señaló en su informe del ejercicio 2020 que «la totalidad de los ingresos de la sociedad provienen del suministro de equipos de protección individual a distintos entes públicos y privados».
Tres imputados del Gobierno
Finalmente, en el oficio enviado al Ministerio de Hacienda la Fiscalía Europea también se interesa por el «contrato adjudicado a la empresa Hyperín Grupo Empresarial el 25 de marzo de 2020, por la Secretaría de Estado de Sanidad, para la adquisición de 144 respiradores por valor de 3.310.000 euros». En su denuncia, el PP afirmaba que esta empresa «tiene como objeto social la fabricación de yesos para la construcción. Es decir, su objeto social nada tiene que ver con el suministro de productos sanitarios o máquinas especializadas de ventilación invasiva». Además, «Sanidad adelantó al contratista la totalidad del importe del contrato y la compañía, unos días después, comunicó que no le era posible el suministro de los dispositivos de ventilación».
El contrato adjudicado a la empresa Hyperín, así como otros 55 por un valor total de 310 millones de euros, forman parte de la investigación que se sigue actualmente en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid y donde permanecen imputados tres altos cargos del Ministerio de Sanidad de la etapa de Salvador Illa por los delitos de malversación, prevaricación y fraude.
