El 'gran hermano' de Garzón: las casas de apuestas tendrán que identificar a los ludópatas

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha dado un último paso en su empeño de hiperregularizar el juego privado. En su último decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el dirigente de Unidas Podemos obliga a los operadores a identificar a las personas con «comportamientos de riesgo» para registrarlas e incluso negarles poder apostar en lo sucesivo. Una medida polémica que ha soliviantado al sector del juego, que ya habla de un Gran hermano «que nos controla la vida y nos dice cómo debemos actuar».

Cuando la norma entre en vigor, en seis meses, los operadores deberán comenzar a detectar a aquella persona, a su juicio, «incursa en comportamientos de riesgo» para, posteriormente, impedirle participar en actividades de juego y evitar que reciba promociones o comunicaciones comerciales. Una consigna complementaria al principio de autoprohición, por el cual sólo las personas podían solicitar motu proprio que les fuera prohibida la participación en este tipo de actividades.

El director general del Consejo Empresarial del Sector del Juego, Alejandro Landaluce, considera que el decreto «no es acorde al Estado de Derecho», y va «en contra de la libertad individual». «Existe la autoprohibición, voluntaria, para que las personas, de forma individual o a través de la familia, puedan restringir su juego, pero que se meta en esta cuestión un operador o el Estado… Es como poner un límite de horas para estar en un bar, bajo la amenaza de meterte en una lista si te sobrepasas», asegura.

Además, Landaluce arguye que «los operadores no son quiénes para detectar los comportamientos de riesgo»: «Eso lo debe hacer un psiquiatra o alguien cualificado, o se puede meter la pata. Para juzgar hay que tener claro quién es la persona, a qué se dedica y cuáles son sus ingresos, porque no es lo mismo que Bill Gates apueste 700 euros al día a que lo haga yo: no tiene sentido un mismo baremo para todos».

Se considerará que están en la categoría de juego «intensivo» quienes acumulen pérdidas netas iguales o mayores a 600 euros (200 euros en el caso de los menores de 25 años) en un plazo de tres semanas seguidas. También forman parte del colectivo de especial protección y vulnerabilidad de la nueva norma quienes han solicitado restricción en el acceso a su cuenta de juego (autoexcluidos) y quienes se han inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (autoprohibidos).

Nueva minoría de edad

Otra de las medidas polémicas es la que aumenta de facto la minoría de edad en lo referente al juego privado, ya que a los jóvenes de entre 18 y 25 años no se les podrá enviar promociones, como invitaciones a partidos o entradas para espectáculos, ni tampoco se les podrá incluir en programas VIP de fidelización.

«Esta medida podría ser inconstitucional. Habrá que ver hasta que punto el señor Garzón puede decir algo que la Constitución no dice», denuncia Alejandro Landaluce, en referencia a cómo la Carta Magna considera «adultos» a los mayores de 18. «En este país, con 16 años puedes abortar y cambiarte de sexo sin consentimiento paterno, pero con 25 tienes tus libertades coartadas para jugar», expone.

Nueva ‘ley seca’

Otra de las medidas del decreto de Garzón más criticadas por el sector es la que consigna que las empresas del juego tendrán que incluir en sus respectivas webs y aplicaciones información sobre la prohibición de jugar a menores de edad, los posibles riesgos del juego, los trastornos asociados y cómo obtener asistencia al respecto.

Esto supondrá, según el director de CeJuego, un abandono de las webs legales en beneficio de las ilegales o no reguladas (un paso de los dominios .es a .com). «Si al jugador le saltan todo el rato pantallas para recordarle los problemas del juego, como si no fuera consciente de ellos, va a provocar que se salgan de las páginas webs legales y se vayan a las ilegales: ¿Quién va a querer jugar si se le bombardea todo el rato con advertencias? Apenas hay juego ilegal en España, pero van a abocar a muchos jugadores a ellos, es el conocido como efecto ley seca», zanja Landaluce.

Los datos de juego

Tal y como informó THE OBJECTIVE, los datos no acompañan a Alberto Garzón en su cruzada contra el juego privado. Según el último informe de Adicciones Comportamentales, que publica todos los años el Ministerio de Sanidad, este ya solo representa el 9% del consumo total, frente al 91% del juego público. También se ha retrasado la edad de inicio de consumo hasta los 23,3 años. Unas cifras que, según denunciaron desde CeJuego, no justifican el «alarmismo» con el que el dirigente comunista defiende «la aplicación de una legislación restrictiva» sobre ellos.

Sanidad desmintió los estereotipos difundidos por Garzón, según el cual los usuarios del juego privado crecen en España y, con ellos, las personas en riesgo de adicción. Por el contrario, en los últimos cuatro años han decrecido la prevalencia del uso de productos de juego privado (un 30% de 2018 a 2022) y las personas con posible trastorno de juego (un 22%) o con posible juego problemático (un 35%). El único juego que crece año tras año en clientes es el público y el de la ONCE (loterías y rascas), dos categorías a las que no se aplica ninguna medida restrictiva.