Hacienda retrasa la medida que podría agilizar la ejecución de los fondos europeos
El convenio con Tragsatec para aportar más de 300 trabajadores como apoyo a autonomías y ayuntamientos sigue sin firmarse un mes después de aprobarse
El Ministerio de Hacienda sigue sin dar solución a los problemas que se están encontrando las administraciones públicas (ayuntamientos y diputaciones) para poder acceder a los fondos europeos Next Generation. Estas dificultades técnicas y burocráticas parecía que iban a quedar resueltas el pasado mes de febrero, tras aprobar el Consejo de Ministros el día 7 una partida de 69 millones de euros para un contrato con Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa. En virtud de este contrato, la filial iba a suministrar asistencia técnica con más de 300 trabajadores, con el objetivo de mejorar la gestión de estos recursos.
Sin embargo, más de un mes después de este anuncio, el Ministerio de Hacienda, al que le corresponde firmar el acuerdo con Tragsatec, sigue sin materializar el mismo que, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, fue «anunciado a bombo y plantillo y ha generado mucha expectación en comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones». Hasta ahora no se conocen las causas que están motivando este retraso, pero fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que se llevará cabo «en breve», a la vez que argumentan que «no hay un plazo» fijado.
Los principales obstáculos a los que se enfrentan los trabajadores de estas administraciones públicas es que no saben «cómo utilizar» el programa Coffee, el sistema informático donde se centralizan todos los datos relacionados con el Mecanismo de Recuperación y Resilencia. La puesta en marcha de este sistema también ha sufrido retrasos, incluso el Ministerio de Hacienda tuvo que volver a convocar el concurso de adjudicación. Una de las razones de la desconfianza de la Comisión Europea con España sobre la gestión de los fondos era la falta de transparencia al no contar con esta herramienta de control.
La burocracia es compleja
Las fuentes consultadas apuntan como quejas fundamentales de los usuarios del sistema informático que «no saben cómo utilizarlo, cómo darse de alta. Muchas entidades locales no saben ni qué papeles tienen que presentar porque la burocracia y la complejidad es grande. No tienen información sobre las subvenciones a las que pueden tener derecho. Es sorprendente que desde que se ha aprobado el encargo no esté todavía firmado».
Los trabajadores que se van a desplazar por toda España superan los 300 personas y se van a distribuir por todas las provincias españolas en equipos provinciales y autonómicos. Además, también se constituirá un equipo central en Madrid.
La aprobación de este convenio por parte del consejo de ministros supone el reconocimiento implícito del Gobierno de que el reparto en la ejecución de estos recursos, criticada desde los empresarios, las pymes, la oposición y el tejido productivo en general, no se está realizando satisfactoriamente. Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no lo quiso admitir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde se dio vía libre al convenio. Pese a ello, indicó que esto no supone que el Ejecutivo esté descontento con el desarrollo del plan, sino que se trata solo de una nueva herramienta «para mejorar aún más» esta ejecución. Tragsatec asesorará en fórmulas para acelerar el despliegue, facilitar apoyo a las administraciones públicas y hacer seguimiento de los proyectos.
Los problemas técnicos se unen a las sospechas que tiene la Comisión sobre cómo se están tramitando estos proyectos. THE OBJECTIVE ha venido desvelando los continuos requerimientos que está realizando la Oficina Antifraude europea para que se le envíe información ante las «posibles irregularidades» que se pudieran producir.