Montero ha adjudicado a dedo 62 contratos de 14.999 euros para esquivar los controles

El Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero desde 2020, ha decidido apostar, radicalmente, por los contratos menores para cubrir la mayoría de las necesidades de sus departamentos y organismos adscritos. La fórmula, de ejecución muy rápida y que debería ser excepcional, ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por su falta de transparencia, por los controles mínimos a los que es sometida y porque los aspirantes desechados quedan con las manos atadas para poder reclamar cualquier irregularidad.

Solo en los tres años y tres meses que Montero lleva al frente del ministerio, los organismos que dependen de ella han sacado adelante 338 contratos de este tipo, lo que supone ocho de cada diez de sus concesiones. Según ha podido comprobar THE OBJECTIVE, a partir de la Plataforma de Contratación Pública, una parte importante de las adjudicaciones de contratos menores de Igualdad no cumple el precepto de que solo pueden utilizarse para satisfacer necesidades puntuales y esporádicas, concretas y perfectamente definidas, y urgentes.

Junto a esto, hasta ocho contratos de los departamentos vinculados a Montero contemplaban un importe de 15.000 euros; 62 de 14.999; y uno, de 14.998 euros. Esto supone que uno de cada cinco contratos menores fueron diseñados para no superar el límite legal y tener que someterlos a concurso público y a los plazos y requisitos que se prevén para la licitación pública. El importe total de estos 71 contratos al límite supera el millón de euros.

Montero y la biografía de ‘La Pasionaria’

Estudios sobre género, homofobia y transfobia, actos del 8-M -que se repiten cada año-, renovaciones informáticas, una biografía de Dolores Ibárruri La Pasionaria o el mantenimiento eléctrico y de comunicaciones, podrían ser cuestionados en una auditoria del Tribunal de Cuentas, que en su fiscalización de los contratos menores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dejó claro que la adjudicaciones menores a 15.000 euros solo deben utilizarse para satisfacer necesidades concretas y perfectamente definidas.

Al detalle, de los más de tres centenares de contratos adjudicados por esta vía, la mitad se licitó por entre 14.000 y 15.000, justo en el límite legal, y buena parte de ellos tenían un importe de 14.999 euros. La Ley de Contratos establece determinados límites para que la utilización de estos contratos no sea abusiva y pueda suponer el no cumplimiento de los elementos principales. Cada contratación requiere un exhaustivo examen, para discernir si se ha saltado la ley o ha cumplido lo prescrito en la norma.

En 2020 se produjeron cambios importantes. Así, desapareció el límite anual por proveedor en los contratos menores. También se limitó el requisito por parte del empresario, de no haber suscrito otros contratos menores en el mismo año, siempre que estos se refieran a diferentes objetos o prestaciones de servicios. Un mismo empresario no podrá suscribir diferentes contratos menores en el mismo periodo de tiempo.

Algunos organismos públicos y empresas, como la Universidad Complutense o Nexus Facilities & Solutions, dedicada a montajes eléctricos, aire acondicionado, protección contra incendios, ingeniería, construcción y mantenimiento, se han adjudicado cuatro contratos del Ministerio en tres años.

Nexus, radicada en Villanueva de la Cañada, logró en 2022 cuatro contratos, dos en junio con tres días de diferencia, otro en julio y el último a final del año. Todos los licitó el Instituto de las Mujeres y tuvieron como objeto el mantenimiento de las instalaciones básicas de los inmuebles, el de los ascensores, la fontanería y la climatización y la electricidad y las comunicaciones. Dos se adjudicaron por 13.070 euros, un tercero por 14.137 euros y el de los elevadores por 14.868 euros.

Lotes de sillas y estudio de personas no binarias

En el caso de la Complutense, los cuatro contratos tienen como origen dos organismos diferentes vinculados a Montero. Tres proceden de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y uno de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Tres tienen un importe de 14.900 euros y uno de 14.000, aunque finalmente fueron adjudicados unos euros por debajo.

Otros dos contratos recayeron en la empresa AF Steelcase, que suministró en 2020 un total de 60 sillas ergonómicas por 13.442 en 2021 y otras 17 en 2022, en este caso por 4.845 euros. Ambos contratos juntos hubieran superado el límite de 15.000 euros. Mientras, 4 Motion Vehicle Consulting, que tiene como objeto la compraventa, importación, exportación y distribución de todo tipo de material relacionado con la automoción se hizo con la adjudicación de los estudios sobre personas no binarias de 2020 y 2021. Pese a la objeto social, esta empresa tiene una división dedicada a investigar sobre diversidad sexual.

Por su parte, Baratz Servicios de Teledocumentación se hizo con el contrato de mantenimiento de redes tres años seguidos, un contrato previsible. Mientras, Cesa Prevención ha dado el servicio de prevención de riesgos laborales mediante cuatro contratos al Instituto de las Mujeres y la Subsecretaría de Igualdad.

El Ministerio adjudicó al menos medio centenar de contratos para la elaboración de informes, estudios, logos y diseños por entre 14.000 y 15.000 euros, apurando el limite legal pero también valorando todos los trabajos por una cantidad muy importante, que supone además su principal gasto contractual.

Los estudios encargados por los diferentes departamentos de igualdad son dispares, pero la mayoría se cuantifican en unos euros de 15.000. Es el caso del estudio Violencia contra las mujeres y medios de comunicación –Violencias machistas en los medios de comunicación– que elaboró EME Komunikazioa (Píkara Magazine) y que cada página costó casi 100 euros; el encargado a Comisiones Obreras sobre mujeres y sindicalismo; sobre racismo; o la biografía de La Pasionaria. Por su parte, el logo y unas ilustraciones para la celebración del 40º aniversario de la creación del Instituto de las Mujeres costó casi 12.000 euros y fue encargado a la ilustradora Emma Gascó.

Expertos y auditores

Un estudio recogido hace solo unos días por el Instituto Nacional de Administración Pública, que en enero se había publicado en Iustel, y firmado por José Gavilán López, técnico urbanista y especialista en contratación pública del Cabildo Insular de El Hierro, deja claro cómo y para qué deben ejecutarse los contratos menores.

Además del informe del Tribunal de Cuentas antes señalado, el estudio destaca el emitido por el 21 de abril de 2021 por la Autoridad Catalana de la Competencia, en el que apunta la necesidad de restricción del uso de la contratación menor como mecanismo de abastecimiento público. Destaca que debe limitarse «a la satisfacción de prestaciones urgentes, de menor cuantía y no repetitivas en el tiempo, y en caso de que sea indispensable, comporte un sacrificio menor a los principios de concurrencia y competencia, vertebradores de nuestro sistema de contratación pública».

Auditorías de contratos menores

Estos dos puntos de vista, señala Gavilán, son recogidos conjuntamente por innumerables informes de juntas consultivas y distintos órganos fiscalizadores que restringe sin igual el uso de la contratación directa y expresamente de la menor. Menciona el artículo 99.2 de la LCSP, que regula la prohibición de fraccionamiento indebido del contrato al disponer que «no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan».

También se destaca en el estudio el artículo 118.2 de la LCSP, en el que se exige al órgano de contratación que no se esté alterando el objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales económicos. «Este criterio, se completa con el artículo 101.4 de la LCSP que dispone que la elección del método para calcular el valor estimado no podrá efectuarse con la intención de sustraer el contrato a la aplicación de las normas de adjudicación que correspondan», señala.

Además, concluye, que para que exista fraccionamiento debe haber una separación de la unidad funcional del objeto del contrato y que esta unidad funcional se da cuando los elementos son inseparables para el logro de una finalidad o estos son imprescindibles para el correcto funcionamiento de aquello que se pretende conseguir mediante la celebración del contrato. A partir de estas premisas, deberían evaluarse los contratos menores ejecutados por Igualdad en los últimos tres años.