El Gobierno catalán destaca que los presos que hablan catalán reinciden menos
El Departamento de Justicia asegura que la reincidencia de las personas que hablan catalán es del 17,8%, mientras que la de las que no lo entienden alcanza el 25%
Sesión grupal en un centro penitenciario de Cataluña | Departament de Justicia de la Generalitat
El Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña ha hecho público el informe Taxa de Reincidència Penitenciària 2020, elaborado por el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), que refleja que hablar el catalán evita en mayor grado la reincidencia de los presos que salen en libertad tras cumplir sus condenas. Un factor que, añaden, no se aprecia por lo que respecta a la lengua castellana, ya que «prácticamente todos la entienden».
«La tasa de residencia de las personas que hablan catalán es del 17,8%, la de los que solo lo entienden ya aumenta el 24,4% y de los que no lo entienden alcanza el 25%. Este hecho no pasa de manera tan evidente con el castellano, que prácticamente todos la entienden», explican.
El informe abunda en las tesis imperantes en el sistema educativo autonómico cuando sostienen que «conocer la lengua catalana» es «un factor que favorece la reinserción», dado que, a su juicio, reforzaría la cohesión social: «El conocimiento del catalán es un factor protector para no tener tanta reincidencia. La explicación es que conocer la lengua catalana implica generalmente estar integrado en un entorno social que permite la socialización de la persona».
Con todo, se trata de un factor que no sería una variable directa debido al idioma per se, sino por lo que implica a nivel de relaciones sociales y laborales hablar de forma fluida esta lengua. En especial, en una comunidad autónoma donde se exige el nivel C de catalán para poder trabajar en empleos públicos.
La lengua influye, la nacionalidad no
Mientras que el Departamento de Justicia avala que la lengua incide en el grado de reincidencia, niegan que pueda suceder lo mismo con la nacionalidad de los reclusas: «Por lo que respecta a la tasa de reincidencia de las personas extranjeras es muy similar a la de las personas nacidas en el Estado español. La tasa de reincidencia de las personas nacidas fuera es del 22,2% y la de las que tienen nacionalidad española es del 20,4%».
«No se aprecian diferencias estadísticas significativas. Una tasa que en el caso de los recién llegados ha bajado 10,8 puntos en seis años. En 2014 la tasa era del 33%», abundan.
Apuesta por el «medio abierto»
El informe, publicado el pasado 31 de marzo, hace un seguimiento de cinco años de los condenados en 2015 para analizar cómo ha sido su inserción en la sociedad. Más allá de la cuestión lingüística, las principales conclusiones son que la tasa de reincidencia cae casi 10 puntos en seis años, al pasar del 30,2% al 21,1%.
Se trata también de una «apuesta por el medio abierto», que ven «clave» para haber reducido hasta «12 puntos» la tasa de reincidencia entre las personas que han pasado por esta modalidad penitenciaria. «8 de cada 10 personas que pasan por la cárcel no vuelven a ingresar una vez han cumplido la pena», esgrimen.
La consejera de Justicia, Gemma Ubasart, remarcó que «la apuesta por la reinserción y el medio abierto es una apuesta por la seguridad». Por lo que respecta a las personas excarceladas por delitos contra la libertad sexual son las que menos reinciden de toda la población reclusa: 5,3%.
Las personas que salen de la cárcel después de cumplir condena por delitos relacionados con las drogas siguen a los delitos sexuales en el ranking de baja reincidencia con una tasa del 5,5%.
Los infractores con delitos de violencia de género presentan una tasa del 17,7%, mientras que los delitos contra personas tienen una tasa de reincidencia del 16,1%. Las personas que han incurrido en delitos contra la propiedad son los más reincidentes (con un 38,4% en los casos que este delito se perpetró sin violencia, y del 27,4% en los casos con violencia).
El «pasado» de la consejera
El nombramiento de Gemma Ubasart como consejera de Justicia el pasado octubre tras la salida de Junts per Catalunya del Ejecutivo catalán encendió las alarmas de los sindicatos policiales. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) expresaron su «preocupación» por su pasado como activista en defensa de los derechos de los presos.
Este sindicato, el más representativo en las administraciones públicas, puso en el foco el hecho de que la nueva consejera fue integrante del equipo de investigación para los informes y el libro sobre Privación de libertad y Derechos Humanos. La tortura y otras formas de violencia institucional en el Estado español, publicado el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.
