El Gobierno condiciona un futuro encuentro con la Junta a que retire de la ley sobre Doñana
La vicepresidenta Teresa Ribera sostiene que el plan de Andalucía es «ilegal» y no negociará con Moreno Bonilla hasta que no cambie la ley
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Gustavo Valiente (Europa Press)
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado que tan pronto como se retire la proposición de ley de regadíos que tramita el Parlamento andaluz, el Gobierno estará «encantado» de poder trabajar con la Junta de Andalucía sobre el entorno de Doñana. «Estamos esperando», ha enfatizado.
«Tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo, podemos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades. El presidente Juan Manuel Moreno Bonilla conocía perfectamente la ilegalidad de esta situación. No hizo ninguna alegación al plan hidrológico del Guadalquivir, que es donde se establecen los volúmenes de agua de superficie que podían venir desde los Tinto, Odiel, Piedras y desde el Guadiamar y el Agrio para satisfacer esa necesidad de reducir la presión de los regadíos y los consumos legales», ha sentenciado.
En este sentido, ha recalcado que frente a ninguna alegación, el Gobierno se encontró con esta proposición de ley registrada «al margen de cualquier requerimiento o cualquier compatibilidad con la sentencia condenatoria del Reino de España». Además, ha asegurado que ella misma había hablado «en reiteradas ocasiones» sobre esta situación con el presidente de Andalucía y que el secretario de Estado de Medio Ambiente también había alertado al consejero correspondiente de que era «inviable».
«Tan pronto se retire esta proposición que tanto daño está generando a la imagen de España y sus agricultores (…) no tendremos ningún inconveniente. Es más, creo que es importante hacerlo porque creo que la situación de sequía cada vez más recurrente, la fragilidad del espacio cuya custodia corresponde a la Junta, la sensibilidad de las comunidades locales próximas y la necesidad de diversificar la actividad económica en la zona de influencia del parque, hacen imprescindible la colaboración entre las distintas administraciones», ha insistido.
En este sentido, ha recalcado que cuando el Gobierno presentó el marco de actuaciones de Doñana, la Junta de Andalucía expresó su voluntad de aportar a ese marco de actuaciones en el ejercicio de sus propias competencias. «Tan pronto esa proposición quede descartada, expresamente descartada para que no haya la menor duda con respecto a la Comisión Europea, con respecto a la UNESCO y con respecto al conjunto de la opinión pública de los españoles, estaremos encantados de poder trabajar con ellos», ha dicho.
