Guadalupe Sánchez: «El PSOE ha asumido formas de izquierda radical y del secesionismo»

Si este periodista escribiera un decálogo de promesas incumplidas del actual Gobierno -especialmente en la parte socialista-, se le haría larga la pieza. El Partido Socialista, en los últimos cuatro años, ha virado de postura tanto que la formación que concurrió a las elecciones de 2019 es otra bien diferente a la que irá a las de 2023 (aunque el cabeza de lista sea el mismo).

Sobre esta larga lista ha escrito Guadalupe Sánchez Baena, abogada y columnista en THE OBJECTIVE, en su nuevo libro: Crónica de la degradación democrática española, editado por Deusto. En él, relata cómo la radicalización del PSOE, esencial para el nacimiento del sistema constitucional del 78, y el acercamiento a las posturas de Unidas Podemos, entre otras causas, han provocado una «peronización de la política española» que ha llevado a una crisis institucional sin parangón de la que solo estamos conociendo el comienzo.

Para la autora, la problemática en la que vive el entramado institucional español tiene dos puntos que marcan el comienzo de la pendiente en la que nos encontramos: la aprobación de la reforma del Poder Judicial por el Gobierno de Felipe González en 1985 y el referéndum de autodeterminación de Cataluña de 2017, en el que sienta la aparición de las consecuencias políticas y legislativas que, en pleno 2023, aún se siguen arrastrando.

Sobre la reforma del Ejecutivo socialista, Sánchez señala que los partidos políticos decidieron desoír al Tribunal Constitucional cuando advirtió que el sistema de elección no debía responder a la dinámica de partidos, algo que, «por desgracia», ha venido sucediéndose desde entonces según cambiaba el color del Gobierno, cayendo «en una especie de reparto de cromos en atención del reparto de fuerzas que había en el Parlamento» que, en la actualidad, ha conducido que el sistema de contrapesos del poder se encuentre averiado.

A esta situación ha colaborado en especial el actual Gobierno de coalición. La abogada señala que la entrada de Podemos en la coalición – un partido cuyas propuestas electorales originales colisionan con el actual sistema democrático, como «exigir al Poder Judicial un compromiso con su programa de gobierno» al pedir a jueces y magistrados que, en caso de llegar ellos al poder, «asuman el compromiso con el cambio social que estaban dispuestos a realizar» – y la radicalización del Partido Socialista han dado la puntilla.

Un PSOE contra la Justicia

«Uno de los grandes problemas al que se enfrenta la democracia española, y que la ha situado en su punto más crítico desde su alumbramiento en el año 1978, es que uno de los partidos del sistema, que es el PSOE, ha asumido tanto las estrategias dialécticas como los objetivos de la izquierda más radical y del secesionismo. Hasta ahora, quienes hacían gala de estos discursos llamando a los jueces golpistas, acusando al poder judicial de prevaricador, de machista, de fachas con toga, era tanto la extrema izquierda a la que representa a Podemos y también todo el grupo maremágnum de partidos que están integrados en el independentismo catalán, pero ahora se los hemos oído al PSOE», lamenta.

¿Es esta una situación menor? La autora considera que no. La radicalización del PSOE ha conducido a «una suerte de peronización de España» en la que se ha pasado a cuestionar la legitimidad de los contrapesos democráticos, «transformando las instituciones en órganos de propaganda, relegando su necesaria neutralidad institucional». 

Además, reprocha que ambos partidos hayan apostado por atacar a la Justicia con el objetivo de desprestigiarla y así lograr controlarla con movimientos como el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado en 2020, solo unos pocos meses después de haber sido Ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez; declaraciones como: «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso», obra de Sánchez al ser cuestionado por el expresidente de la Generalitat fugado, Carles Puigdemont, lo que representa su concepción sobre este organismo que, de esta forma, debe «ponerse al servicio de las necesidades del ‘sanchismo’»; o la proposición de ley que buscaba reformar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces para evitar tener que acordar, tal y como marca la norma, la elección con el Congreso de los Diputados, y que la propia Unión Europea tuvo que frenar bajo la amenaza de colocarnos al mismo nivel que Polonia o Hungría.

«Buscaban vaciar de contenido el artículo 122 de la Constitución, porque no existe ningún incentivo para elegir a los vocales con un pacto con la oposición cuando sabes que haciéndolo con tu propia mayoría vas a poder nombrar a los que a ti te de la realísima gana», explica.

Este intento de reformas de la Carta Magna por la puerta de atrás no es una novedad, sino que es el pan de cada día. «Se están aprobando leyes que la están reformando de manera indirecta la Constitución y se están desnaturalizando muchos derechos reconocidos y plasmados en el texto constitucional. Y no solamente eso, sino que también el propio concepto de España y de su unidad territorial», lamenta.

Este último punto tiene especial interés si se observa que en los últimos meses el Ejecutivo ha eliminado el delito de sedición sustituyéndolo por uno de desórdenes públicos agravados con penas inferiores que abre la puerta a que se puedan celebrar referéndums de autodeterminación, ya que esta reforma elimina las herramientas con la que la Justicia podía responder a estos ataques al orden y juzgaba los alzamientos tumultuarios que sin violencia pero recurriendo a la fuerza impedían el cumplimiento de las leyes y dejaría en manos del Ejecutivo de turno la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que como tal es una «herramienta política, no punitiva» y dejarían sin posibilidad de intervención al sistema judicial, evitando que los autores fueran juzgados y suponiendo únicamente la intervención de la Administración autonómica y el relevo de sus miembros (si el partido en el poder así lo desea).

«¿Qué es lo que puede pasar después de esto? Pues que un día llegue el que sea presidente de la Generalitat, diga que va a celebrar un referéndum y pida a los catalanes que salgan pacíficamente a la calle y que voten. Lo único que podría hacer el Estado español ante esa situación, ante esa tesitura, sería esperar a la aplicación de un 155 que, como digo, con un gobierno como el actual, nunca llegaría», alerta durante la entrevista. 

Una ley contra la presunción de inocencia

La reforma a medida del independentismo del Código Penal no es el único problema creado a golpe de decreto-Ley por el actual Gobierno. Considera que la ley del solo sí es sí ha llevado a la degradación de un derecho fundamental como el de la presunción de inocencia, en especial desde su perspectiva social: «Una persona puede ser declarada inocente de un delito de agresión a su pareja o expareja pero a pesar de eso, ella podrá ser reconocida como víctima por los servicios sociales de del Ayuntamiento. Incluso ni siquiera será necesario que denuncie.  Podrá decir que está valorando denunciar y esto lo decidirán los servicios sociales en un procedimiento en el que la única versión a tomar en cuenta va a ser la de la víctima».  

También señala a la ley de vivienda, que, según relata, provocará un vaciamiento del derecho a la propiedad privada y cargará sobre los hombros de los propietarios el encomendamiento que la Constitución hace sobre los poderes públicos, haciendo política social a costa de los derechos de los españoles. Afirma que castigará al propietario que cumple con la ley cuando oferta su vivienda en beneficio del inquilino que no cumple con el contrato de arrendamiento.

Guadalupe Sánchez aún se muestra optimista y considera que existe un dique en la Justicia que resiste el asalto emprendido por el Gobierno en estos últimos cinco años, aunque alerta que puede estar cerca de caer, en especial tras la reforma del Tribunal Constitucional que, a su parecer, llevó al sistema español al límite de sus fuerzas, amenazando incluso con romperse por las presiones del Ejecutivo –por escenas como el exportavoz socialista, Felipe Sicilia, comparando la decisión del Constitucional de acceder a unas medidas cautelares para estudiar la reforma irregular del Gobierno con el golpe de Estado de Tejero; o con el presidente Sánchez asegurando que no existía nada por encima de la soberanía popular del Parlamento– en su batalla por lograr que la Justicia ceda a sus «impulsos pseudototalitarios y así garantizar que sus resoluciones coadyuven».

«El sistema se plegó a los intereses del PSOE ante el miedo a que el Gobierno fuera a más. Si no lo hubieran hecho, hubiera podido pasar cualquier cosa. No recuerdo haber escuchado discursos así por parte de uno de los partidos del sistema. Cuando el Constitucional accedió a la cautelarísima vivimos todos esos discursos de ‘fachas con toga’, golpistas, etc.

» Aquello se frenó, no como consecuencia de la cautelarísima, sino porque al final hubo una reunión de los magistrados del CGPJ, se nombraron a dos de corte progresista y con ellos salió adelante el nombramiento del exministro de Justicia de este propio Gobierno, de Campo, como de un alto cargo de Moncloa, Laura Díez, que había estado en el Estatuto de Cataluña sino también en todos los decretos fundamentales del estado de alarma. Estas dos personas acaban siendo nombradas magistradas en cuestión de una semana y me da la sensación de que fue porque el sistema tenía que aplacar la deriva del PSOE o habría sido impredecible», relata sobre la crisis abierta en la Justicia española por la reforma del Poder Judicial y la forma de elección de los jueces. 

A pie de calle, los efectos resultan en un aumento de la inseguridad jurídica. La autora defiende que para poder hablar de un Estado de derecho consolidado, los ciudadanos deben poder predecir las consecuencias de sus conductas a nivel penal (punitivo) y a nivel general si, por ejemplo, deciden escribir un artículo contra el Gobierno, trasladan su domicilio social a otros países de la UE o las consecuencias de obtener un beneficio empresarial. Estos casos no responder al azar y Sánchez afirma que los coloca durante la entrevista porque «una de las muestras de la degradación institucional que vive España es el aumento de los señalamientos institucionales» que afectan desde un grupo de jóvenes «que realizaron cantos eróticos festivos» sin incurrir en ninguna conducta ilegal, llegando incluso a tener que ser expulsado uno de ellos hasta al padre del hijo de María Sevilla que, a ojos de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez ‘Pam’, era culpable y fue tildado de abusador.

Estos no son casos aislados. Momentos como los vividos por los beneficios empresariales de Mercadona o el traslado de Ferrovial a los Países Bajos son, para la entrevistada, mucho más propios de regímenes pseudoautoritarios con una democracia muy degradada y responden más a una distopía intervencionista que a un Estado de derecho. 

Ciudadanos modelo, pero no libres

Este asalto sobre los derechos de las empresas y los ciudadanos forma parte de los proyectos emprendidos desde las instituciones para pasar a ocupar espacios de la vida privada de los individuos. La semana pasada, desde Más Madrid se planteaba la creación de un Tinder público, una plataforma de citas y encuentros íntimos gestionada por el Estado que buscaría resolver que el «57% de las mujeres se hayan sentido presionadas para mantener relaciones sexuales». A ojos de Guadalupe Sánchez, esto responde a un plan para «construir un modelo de ciudadano que compre todo el paquete». 

«Esto se consigue de dos maneras: monopolizando el debate público a través de la cultura de la cancelación y entrometerse en el ámbito privado para constreñir la libertad de expresión y la de pensamiento», señala. Este proceso se realizaría a través de una presión institucional y un señalamiento que marcaría el discurso y que, quienes se opusieran, serían constreñidos por la opinión pública, lo que implicaría dar un salto «de un modelo de ciudadanos libres a uno de súbditos».

Como ejemplo, afirma que el anteproyecto del solo sí es sí estuvo cerca de «domeñar a los ciudadanos» al exigir unas pautas de consentimiento sexual explícito que buscan formar un ciudadano modelo. «Al final, más allá de la concepción paternalista sobre la mujer, de lo que se trata es de burocratizar algo tan íntimo y privado como son las relaciones sexuales. Eso busca crear unos hábitos de comportamiento y unas pautas que acaben diseñando unas pautas de ciudadano perfecto: uno que no viaja en avión o en transporte privado para no contaminar, que es vegetariano y no comer carne, que usa el lenguaje inclusivo porque así ofende menos a los colectivos, que no opina sobre determinados temas porque puede ofender o cuestionar las políticas del Gobierno», afirma.

Tampoco se muestra favorable a esta norma. Considera que además de los efectos mencionados y los adversos conocidos en forma de rebajas de penas a delincuentes sexuales, la ley del Ministerio de Igualdad peca en la definición de consentimiento, pues en su rama administrativa contempla una serie de medidas asistenciales para las víctimas que, como se ha explicado, vulneran la presunción de inocencia al tratar la Administración a la denunciante como víctima incluso si hay una sentencia absolutoria, institucionalizando el hermana, yo sí te creo hasta sus últimas consecuencias.

Sobre el futuro, quién sabe. Lo cierto es que de esta conversación queda la sensación de una tarea pendiente para quien herede el Gobierno: la de coser los rotos que seis años atrás nacieron de una declaración de unos pocos segundos, esos en los que el Estado estuvo tan cerca de romperse.

Al que coja las riendas de lo que queda, solo le queda rezar por suerte. Al final, estirar el sistema permite que uno pueda moldearlo (o romperlo) a su antojo, haciendo del mismo un traje con unas hechuras ya definidas. Pero para el que lo herede, solo quedará la añoranza de lo que un día fue, quizás con la esperanza de recuperarlo.