La Guardia Civil desvela cobros "sin control" de cargos del PSOE en un pueblo de Madrid
El informe sobre la ‘Operación Pantano’ detalla cómo pudo haber enriquecimiento a través de empresas de familiares en San Martín de Valdeiglesias
María Luz Lastras, exalcaldesa de San Martín de Valdeiglesias. | Facebook
El informe del Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil sobre la Operación Pantano, al que ha tenido acceso en primicia THE OBJECTIVE y enviado al Juzgado número 6 de Navalcarnero que investiga la gestión de la exalcaldesa del PSOE en el municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias, María Luz Lastras, entre los años 2015 al 2019, contiene numerosos datos sobre los casos que justifican las acusaciones sobre presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, entre otros. Una de las acusaciones más llamativas es la que apunta al enriquecimiento personal de cargos políticos, que pudieron haber cobrado dinero en efectivo «fuera de control « por parte de las instituciones.
La Guardia Civil desvela un entramado de empresas vinculadas a familiares de exconcejales del PSOE que facturaban elevadas cantidades de dinero al Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, sin una relación contractual. Es el caso del Centro Canino Monte Ida, vinculado administrativamente a Carolina de Francisco Ortiz, sobrina de Luis Lastras, exconcejal de Obras del PSOE, y prima de Pablo Luis Lastras Ortiz, exconcejal de Deportes y Festejos. Este centro facturó solo en 2018 en concepto de recogida de perros en la localidad un total de 128.286, 20 euros. Carolina de Francisco está casada con el policía local de Aldea del Fresno Israel Zamorano, «pieza clave del entramado», detenido el pasado 15 de febrero por un presunto delito de tráfico de influencias y fraude a la administración.
El informe explica cómo la exconcejal de Sanidad, Mónica Martín, le proporciona «información privilegiada ante una posible licitación del servicio», señalando que «se evidencia que la intención es que el proceso de licitación que iban a sacar los estaban dirigiendo directamente al centro canino Monte Ida y por ello el interés manifiesto de los responsables del consistorio en beneficiar a Israel». El policía local sería el verdadero cerebro de la empresa y Carolina de Francisco actuaría como persona interpuesta «debido a las posibles incompatibilidades».
Lazos familiares
La investigación también apunta a Gráficas Serafín S.L., administrada por Serafín González, primo del exconcejal de Seguridad, Félix González Otero, que facturó en el periodo investigado 112.502,38 euros. En sus conclusiones, la Guardia Civil determina que con los mensajes encontrados en los móviles incautados la mercantil «se ha estado beneficiando de facturación mantenida con el consistorio, sin contrato que refrende la misma, pudiendo haber sido realizada por los lazos familiares del administrador con Félix Otero» y destaca cómo «ha regalado unos vinilos para la campaña electoral del PSOE de María Luz Lastras como posible contraprestación a todos esos ejercicios que ha estado facturando al Ayuntamiento sin contrato».
Otro de los casos más llamativos y que apunta directamente a posibles beneficios económicos de los cargos públicos del Consistorio es el que se refiere a la Fundación Castillo de la Coracera, que gestiona este patrimonio a través de un patronato que, según la investigación, «habría dado un uso lucrativo a la fundación, así como la cobertura a actos no incluidos dentro de los previstos para una fundación con fines culturales y promoción cultural».
En sus conclusiones sobre este apartado la Guardia Civil es muy clara: «Se ha utilizado una fundación de interés general con intervención pública en la consecución de fines económicos que no han revertido en los fines de la fundación o han podido ser distraídos en su totalidad o en parte, por lo que se entienden integrados al lucro particular de los patronos de esta». En este sentido, se refiere a los beneficios obtenidos por la explotación del castillo para bodas y eventos «no insertos en las cuentas bancarias de la fundación», afirmando que «recauda beneficios por actividades mercantiles cuyos beneficios, además de no poder contabilizarse efectivamente, no se destina a la fundación, revierte presuntamente en beneficios para sus patronos a sabiendas, o no por algunos de los que conforman el patronato, y que dicho patronato es semipúblico, por lo que la parte pública se habría facilitado por su participación en las fundación de negocios particulares con lucro económico».
El Castillo de la Coracera era propiedad de la sociedad Agromanchega del Río, S.L, cuyos administradores eran José Fernando Cornejo de Pablos y Emilio Fernández Díez. Posteriormente, hay «un proceso de adquisición del inmueble por permuta, en la que el cincuenta por ciento de la propiedad es cedida en donación por José Fernando Cornejo de Pablos; el otro cincuenta restante, propiedad de Fernández Díez, sería adquirido por el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, entregando 19 parcelas, supuestamente de titularidad del Ayuntamiento, cuyo valor aportado lo establece el Ayuntamiento mediante tasación inmobiliaria por informe de técnico municipal, siendo alcalde José Luis García Sánchez», hoy parlamentario autonómico del PSOE y candidato en la lista que encabeza Juan Lobato.
El castillo se alquiló para bodas y el pago se realizó a veces por transferencias «o ingresos en efectivo a las cuentas de las fundación», cuyo origen «son actividades a juicio policial no incluidas en las que contemplan los estatutos. Suponen una fuente de ingreso fuera del control y la auditoría, ya que se trata de un negocio o actividad de explotación mercantil, de la que el Ayuntamiento o cualquiera de sus cargos públicos investigado en las presentes, podrían haber sido beneficiarios mediante cobros en efectivo fuera del control de las instituciones». Desde el Ayuntamiento se llegaron a transferir 48.000 euros a la fundación, en cuatro ingresos de 12.000, y»no le consta a la fuerza investigadora ninguna justificación, ni subvención aprobada, ni partida presupuestaria que justifique dichos ingresos anuales».
La Guardia Civil apunta al beneficio económico de los miembros del patronato, entre los que se encontraba la exalcaldesa socialista, señalando que «se ha utilizado una fundación de interés general con intervención pública en la consecución de beneficios económicos que no han revertido en los fines de la fundación, o han podido ser distraídos en su totalidad o en parte, por lo que se entienden integrados al lucro particular de los patronos de esta». Además, advierte de que «se han presuntamente manipulado y falseado informes, plazos y registros públicos informáticos».
La utilización partidista de eventos musicales y actividades culturales llega hasta tal punto que en los organizados por Amadeus Global S.L. (Global Rock y Actuaciones tributos conmemoración 25 años de teatro), cuyo administrador Carlos Sánchez Pantoja, que mantiene «afinidades políticas» con el Consistorio, se le pide a los artistas que «agradezcan o nombren mediante un condicionamiento positivo en plena campaña política a favor del gobierno vigente del PSOE». Igualmente, al Grupo Hostelero Mastrocom, relacionada con personas investigadas, factura en dos años, sin contrato, 50.243, 72 euros.
Finalmente, en lo que se refiere a la subvención recibida para el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género, que ascendió a 18.277,77 euros, la Guardia Civil afirma que «se ha facturado por la preparación de un proyecto que no se ha ejecutado, justificándose en una serie de actuaciones que se han llevado a cabo por los tres profesionales que han facturado al consistorio careciendo de cualquier tipo de contrato».
