La Junta Electoral obliga a una escuela de Lérida a retirar una placa en honor al 1-O

La Junta Electoral de Lérida ha emitido una resolución en la que obliga a la escuela Estel, de Castellnou de Seana, a retirar una placa conmemorativa del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, parte de una denuncia de la entidad Impulso Ciudadano, que vela para preservar la neutralidad de las instituciones públicas y que, en pleno proceso electoral por los comicios del 28 de mayo, ha iniciado una campaña para que los ciudadanos puedan ir a votar en un entorno neutral que no vulnere sus derechos.

Según explican fuentes municipales a este periódico, la placa objeto de la polémica fue instalada por petición del equipo directivo del propio centro escolar para reivindicar una votación que, no solo fue tumbada por el Tribunal Constitucional, sino que la Comisión de Venecia, órgano dependiente Consejo de Europa, consideró que no cumplía los estándares democráticos que deben de guiar este tipo de referéndums.

«Es a todas luces un símbolo partidista y excluyente. No fue un referéndum legal y la mitad de la población catalana no se sintió interpelada a acudir a las urnas. Una escuela no puede posicionarse tan explícitamente a favor de una causa en la que no hay consenso en la misma sociedad catalana», explican los denunciantes a THE OBJECTIVE.

La escuela, además, es también un colegio electoral durante las elecciones. Es decir, no sólo debe cumplir la neutralidad por ser una institución pública, sino por representar un centro de votación el próximo 28 de mayo.

Riesgo de sanción e inhabilitación

Impulso Ciudadano se ha centrado en denunciar todos los símbolos independentistas que adornan el espacio público del mayor número de localidades posibles. Del total de 947 municipios catalanes, solo el 18% cumple con la legalidad por lo que respecta a neutralidad de las instituciones. Sin embargo, al ser periodo electoral, las juntas electorales de zona han empezado a emitir resoluciones para que no se vulneren los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña de acudir a las urnas en un ambiente que no le sea hostil y en el que únicamente se exhiban los símbolos oficiales.

El artículo 50.2. de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece que desde «la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones».

Tres condenas a los infractores

En caso de que el director del centro haga caso omiso a esta petición, se arriesga a recibir una sanción económica y, en calidad de funcionario, una condena por inhabilitación. Hasta la fecha, se han producido tres condenas por desobediencia por vulnerar la neutralidad administrativa: la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, se negó en 2015 a retirar la estelada de la fachada municipal y tuvo que abandonar la alcaldía pese a sus proclamas públicas de que que no acataría.

En la misma línea, en la campaña electoral de 2019 el concejal de la CUP en Lérida, Pau Juvillà, rechazó retirar los lazos amarillos que se veían desde su balcón institucional. En 2022 tuvo que abandonar su escaño en el Parlament tras ser condenado por desobediencia.

Por último, el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, fue inhabilitado por su reticencia a descolgar una pancarta del Palau de la Generalitat en las elecciones de 2019. Estos tres precedentes han propiciado que, en la actualidad, todos los alcaldes y concejales que reciben un requerimiento de las juntas electoral decidan cumplir para no arriesgarse a ser inhabilitados. Si bien, muchos solo de forma provisional mientras hay elecciones y vuelven a colocar sus símbolos partidistas con el inicio de una nueva legislatura.