Arrimadas apoya en un vídeo a un candidato de Ciudadanos embargado por 'inquiokupa'
Un juzgado reclama 35.520,02 euros al cabeza de cartel naranja por Huévar (Sevilla) por el impago de un local alquilado a su rival de IU hace 15 años
El candidato de Ciudadanos en Huévar, Manuel Ruiz, en el vídeo junto a Inés Arrimadas. | Foto: Twitter de M. Ruiz
«Este es un vídeo para dar mi apoyo al equipo de Ciudadanos en Huévar y a nuestro supercandidato, Manolo Ruiz». Así empieza la última grabación de Inés Arrimadas en las redes sociales en la que amadrina a un candidato naranja para los comicios municipales y autonómicos del 28-M.
Manuel Ruiz Morera es una de las últimas caras nuevas de la formación centrista en Andalucía y se presenta como cabeza de cartel en su localidad sevillana de Huévar del Aljarafe, donde por primera vez habrá una papeleta del partido liberal. Pero lo hace con el reciente embargo de sus cuentas bancarias y una parte de su sueldo por un montante de 35.520, 52 euros. Una deuda que arrastra desde 2011, cuando fue condenado por no pagar las rentas de alquiler de un local de restauración en este municipio. Es decir, por ‘inquiokupa’.
«Huévar necesita un cambio de verdad y necesita a personas preparadas, formadas, que saben lo que es vivir fuera de la política y que se pongan a trabajar y a levantar el pueblo», asegura Arrimadas en el citado video, que el propio Ruiz subió a su cuenta de Twitter el pasado 5 de mayo.
El candidato agradeció en un tuit (ver abajo) el respaldo de la portavoz del grupo parlamentario en el Congreso a menos de un mes de las elecciones municipales en Andalucía, un gesto que la política nacida en Jerez de la Frontera está teniendo en las últimas semanas con algunos cabezas de cartel de Ciudadanos.
La expresidenta de Ciudadanos desconocía que unas semanas antes, concretamente el 14 de abril, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sanlúcar La Mayor -la localidad que es cabeza judicial- comunicó a Ruiz la orden de ejecución de un embargo que arrastraba desde hace más de una década, según apuntan fuentes naranjas a este periódico.
En la resolución, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el citado juzgado reclama al candidato de Ciudadanos la devolución de 27.323,48 euros, más otros 8.197,04 en intereses y costas. Para ello, decreta el embargo de «las cuentas bancarias de titularidad del ejecutado resultantes de la averiguación patrimonial» con el fin de retener las cantidades que existan, así como «la parte proporcionalidad (sic) del salario» que Ruiz percibe de la clínica dental Fos, en la que trabaja como director.
El juzgado dio cinco días de plazo para recurrir el fallo, pero Ruiz evitó aclarar a THE OBJECTIVE si había dado ese paso y, en caso negativo, si ya se encontraba con las cuentas embargadas cuando realizó el vídeo con Arrimadas. La acusación también quería que el decomiso alcanzase a una finca del condenado, pero el juzgado no atendió la petición.
Precisamente, la acusación parte de Antonio Segura Ortiz, el propietario del inmueble que denunció el impago de las mensualidades por el alquiler del local… y que en las elecciones del 28-M será el candidato de Izquierda Unida por dicha localidad. Su rival de Cs alega que Segura reclamó a finales del año pasado al juzgado la ejecución de la sentencia, cuando se enteró de que el primero quería liderar la papeleta naranja en Huévar.
De ahí que Ruiz acuse a su contrincante de IU de «oportunismo político» por este hecho, subrayan las citadas fuentes. Además, desde la dirección regional de Ciudadanos se defiende a su candidato en esta localidad sevillana al tratarse de un asunto «estrictamente personal que está en manos de su abogado».
La polémica se remonta a junio de 2011, cuando una sentencia de ese mismo juzgado estimó totalmente la demanda del propietario del inmueble, según el Diario de Sevilla. En aquel fallo se declaró resuelto el contrato de arrendamiento de la vivienda que había empezado en marzo de 2007 y obligó a Ruiz a desalojarlo. También se le impuso una condena de 26.379 euros en concepto de las rentas impagadas, correspondientes a los meses de agosto de 2009 a junio de 2011, ambos incluidos, y de las cantidades adeudadas por suministros de electricidad y agua, cuyo pago asumió el inquilino en el contrato de arrendamiento.
El juzgado condenó al candidato de Ciudadanos al pago de las rentas debidas, desde la fecha de presentación de la demanda hasta la fecha del desalojo efectivo del local, fijando como renta mensual la que se venía pagando -de 800 euros- más el correspondiente IVA. A los 27.323, 48 euros, tras sumar los atrasos de luz y agua, había que añadir las costas procesales causadas y los intereses de demora. De ahí que el montante final supere ahora los 35.000 euros.
