Puigdemont ofrece defensa jurídica a los alcaldes de Francia que primaron el catalán
El expresident catalán usa el caso para demostrar ante la UE que «la nación catalana sufre la represión no solo de España sino también de Francia»
El alcalde de Elna, Nicolas Garcia, junto a Carles Puigdemont | Twitter
El Consell de la República, el ente paragubernamental que controla Carles Puigdemont desde Waterloo, se ha puesto a disposición de los cinco alcaldes de Francia condenados por el Tribunal Administrativo de Montpellier por priorizar el catalán en sus ayuntamientos para ofrecerles «coordinar las acciones jurídicas y políticas necesarias para defender el catalán».
Desde la huida de España del exmandatario catalán y sus exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín, el sur de Francia se ha convertido en un enclave estratégico debido a la cercanía con Cataluña y por lo que supone para el nacionalismo una región que consideran parte de Cataluña y en la que invierten mucho dinero para mantener viva la lengua catalana.
Tras la decisión de la justicia francesa de que los cinco ayuntamientos anulen el reglamento en el que se priorizaba el catalán y relegaban el francés de las sesiones plenarias, el Consell quiere mantener la vía judicial y política contra España y Francia como una forma de denunciar la «represión» que sufren como «minoría nacional».
En el comunicado emitido afirman que «la nación catalana sufre la represión no solo de España sino también de Francia» y que viven bajo «el asedio de dos grandes potencias». A su juicio, el hecho de ser una «nación sin Estado» no reúne «las garantías necesarias ante la justicia». Por esta razón, Puigdemont, que cuenta con un equipo de abogados en España y Bélgica, considera que la línea a seguir es la de librar la batalla judicial sin negociaciones ni cesiones.
«Grupo Objetivamente Identificable»
Como informó THE OBJECTIVE tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el juez Pablo Llarena, la defensa de Puigdemont considera que dicha resolución incorpora un nuevo concepto favorable a sus intereses, como es el de la vulneración de derechos a «un grupo de personas objetivamente identificables».
De acuerdo con Gonzalo Boye y el resto de letrados, esta calificación abre la puerta a que los «miles de encausados del independentismo» se consideren parte de un movimiento -un «grupo identificable»- y, a su juicio, determinar que han sido «perseguidos» en tanto a que son miembros de este colectivo.
Las fuentes consultadas por este periódico creen que los cinco alcaldes franceses pueden formar parte de este «grupo identificable» porque se «han violado sus derechos fundamentales» por el mero hecho de ser catalanes en Francia.
La estrategia judicial del independentismo ante la Unión Europea renunció al tan aclamado «derecho de autodeterminación» que defienden en Cataluña. Por contra, optaron por apelar a la «minoría nacional» y a la «persecución política» como argumento para tumbar las euroórdenes. A este respecto, sostienen que el fallo del TJUE abre una oportunidad para demostrar que hay una persecución hacia un grupo determinado de personas por el mero hecho de su identidad nacional y posicionamiento político.
Llevar el caso ante Europa
Su línea de argumentación es que son un «grupo ideológico» perseguido por la justicia española y francesa que no tiene «plenas garantías» para ser juzgados por un tribunal neutral. Además, lo combinan con el asunto lingüístico que siempre ha sido la piedra angular de la causa nacionalista: «la salud del catalán a la Cataluña Norte es delicada fruto del centralismo jacobino francés, que durante siglos y aún hoy trata a nuestra lengua como de segunda», explican en su comunicado.
El objetivo es llevar el caso ante «las diferentes instancias europeas» para buscar una eventual condena contra Francia así como contra España. El alcalde de Elna, Nicolas Garcia, que estudia si desobedecer la decisión del Tribunal Administrativo de Montpellier, también ha informado sobre la intención de agotar la vía judicial francesa para que sean los tribunales comunitarios quienes resuelvan.
