El delegado del Gobierno en Madrid renuncia al bono social térmico tras la polémica política
El socialista Francisco Martín canceló en marzo la ayuda para familias vulnerables justo antes de que su nombramiento apareciese en el BOE
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. | Foto: Twitter Del.Gobierno
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el socialista Francisco Martín Aguirre, ha renunciado al bono social térmico en este 2023 tras la polémica surgida en marzo cuando se conocieron los casos del consejero madrileño de Presidencia, Enrique Ossorio, y, sobre todo, del marido de la candidata regional de Más Madrid, Mónica García, después de que esta última pidiese la dimisión o el cese del número dos de Isabel Díaz Ayuso por cobrarlo.
Martín recibió el 14 de octubre del año pasado un total de 195,82 euros por el período de 2021 tras solicitar esta ayuda social de la que se benefician familias numerosas. Fue el mismo importe que Ossorio y García. Pero luego en marzo, a diferencia de estos últimos, no percibió los 413,65 euros que le hubieran correspondido por el año 2022, lo que significa que canceló este subsidio estatal justo después de que saltase la polémica.
El actual delegado del Gobierno se dio mucha prisa en darse de baja. Las noticias de Ossorio y el cónyuge de Garcís se conocieron el 17 de marzo. Pero su caso no saltó a la luz hasta el 23 de marzo, según desveló El Debate. Apenas cuatro días después, fue elegido por Pedro Sánchez para el cargo institucional que desempeña en la actualidad y el día 30, cuando se procedió a la concesión de las ayudas correspondientes a 2022, ya no aparecía en el listado de beneficiarios del Ministerio de Hacienda. Su nombramiento en el BOE se produjo en la víspera.
Martín ha formado parte del núcleo duro de Sánchez en Moncloa desde el éxito de la moción de censura en 2018. Primero como director del gabinete técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, luego como director del departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental en Moncloa y, tras la salida de Iván Redondo en julio de 2022, como secretario general de Presidencia de Gobierno en el puesto que dejó libre Félix Bolaños. Cuando se apuntó al bono social térmico, percibía un sueldo anual de 114.263,24 euros.
La rapidez del delegado contrasta con García
En el PSOE madrileño también tiene un puesto relevante ya que desde noviembre de 2021 es secretario de Estrategia de Acción Electoral. Previamente, formó parte de la Ejecutiva regional entre 2015 y 2017. Con su desembarco en la Delegación del Gobierno, se convirtió en el quinto delegado desde que Sánchez llegó al poder en 2018. Una silla en continuo movimiento por la que han pasado José Manuel Rodríguez Uribes, María Paz García Vera, José Manuel Franco y Mercedes González antes que Francisco Martín.
La rapidez del dirigente socialista en cancelar este bono contrasta con la situación de Mónica García, quien volvió a beneficiarse en marzo de esta ayuda destinada a facilitar que familias vulnerables y numerosas puedan asegurar el pago de las facturas eléctricas. Todo ello a pesar de que la líder de Más Madrid anunció que trataría de renunciar a él cuando saltó la polémica.
La propia García defendió en varias ocasiones que ella no era consciente de ser beneficiaria de este tipo de ayuda y culpó a su marido de haberlo solicitado sin habérselo dicho. La polémica surgió cuando la candidata de Más Madrid exigió la dimisión de Ossorio por recibir esta ayuda a pesar de cobrar más de 100.000 euros. A las pocas horas se conoció que en su hogar también se recibía esta cantidad, momento en el que sostuvo que nunca había solicitado este tipo de ayudas y que les habían sido concedidas de forma automática por ser familias numerosas.
Los beneficiarios del bono social térmico tienen que haber solicitado el bono social eléctrico, otra ayuda del Gobierno que permite abaratar las facturas de la luz. Una vez acceden a este listado, logran beneficiarse de este otro tipo de prestación a la que pueden renunciar en un plazo de diez días naturales a través de un proceso poco complejo.
El Gobierno ya afirmó que revisaría las condiciones para la concesión de estas ayudas para que solo beneficiaran a las familias verdaderamente vulnerables, fijando un límite de renta de 26.000 euros anuales. Por el momento, no se ha emprendido la reforma y se siguen dando casos de matrimonios con unos grandes emolumentos (como el caso de Ossorio o del matrimonio García-Montañés) que siguen pudiendo solicitarla, al tener tres o más hijos a su cargo.
