Las amnistías de Francia y Portugal en los 90, el precedente que se baraja con los 'indepes'
La Constitución prohíbe de forma expresa los indultos generalizados, pero no menciona la figura de la amnistía
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.
Pedro Sánchez promovió la reforma de la sedición del Código Penal como una forma de «homologarse con Europa», pese a que únicamente beneficiaba a los líderes independentistas condenados por este delito así como a los líderes catalanes fugados de la justicia española, que de golpe pasaron a ser procesados por delitos menores. Esta medida, muy criticada por la oposición, parece que no le ha pasado factura en las urnas (ya que el PSOE ha mejorado sus resultados respecto a 2019) y algunos expertos empiezan a desempolvar la propuesta de ley de amnistía que los grupos independentistas presentaron en el Congreso en la última legislatura por si el PSOE está dispuesto a transitar ahora este terreno como le exige Junts per Catalunya para apoyar la investidura de Sánchez.
Más allá del debate entre juristas de si una amnistía puede ser constitucional (la Constitución española prohíbe de forma expresa los indultos generalizados, pero no menciona la figura de la amnistía), los casos de Francia y Portugal, de 1988 y 1996 respectivamente, han aparecido en la conversación pública catalana como una forma de normalizar esta opción. La principal diferencia con el indulto, añaden fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE, es que «la amnistía recae sobre unos hechos cometidos mientras que los indultos recaen en condenas en concreto y en cada caso en particular».
Es decir, desde Junts tienen claro de que si Sánchez quiere «que Cataluña deje de ser un problema» hay que pasar página del procés, y esto pasa por que los hechos del 2017 queden impunes y los «4.000 represaliados» puedan esquivar las consecuencias judiciales de su actuación. Sin mesas de diálogo con ERC que no han dado frutos colectivos y que solo han logrado una «solución personal» para los dirigentes independentistas encarcelados.
Relato de «concordia» con Cataluña
Con estos mimbres, se empiezan a recurrir a otros casos de amnistía en nuestro entorno más cercano que puedan favorecer al PSOE en su relato de «concordia» con Cataluña. En especial, en un país como España donde las opiniones procedentes de Europa suelen impactar en el debate público, como se ha visto recientemente cuando Eurointelligence, el principal think tank que leen los altos cargos de Bruselas, ha calificado de «alivio» los resultados electorales del 23-J y el «frenazo» de Vox.
En los despachos europeos se ha impuesto la línea del PSOE en campaña electoral, relativa a naturalizar los pactos con los independentistas y temer el «auge de la extrema derecha» que a su juicio representa Vox. Por esta razón, algunos ven carta blanca para negociar con Puigdemont sin líneas rojas -o «dentro del marco de la Constitución»- y para ello necesitan de ejemplos que pudieran aplicarse en España sin vulnerar la legalidad.
Las amnistías de Francia y Portugal
El Gobierno francés y el Frente de Liberación Nacional de Kanaky Socialista (FLNKS) y la Asamblea para una Caledonia Republicana (RPCR) firmaron en 1988 los Acuerdos de Matignon relativo a un nuevo estatuto legal de este territorio francés del Pacífico sur, y en el que se contempló la celebración de un referéndum de autodeterminación en 1998. Aunque se aplazó y no se votó hasta 2018 y 2020, siempre con un resultado negativo a la secesión. En este acuerdo, las delegaciones independentistas también obtuvieron una ley de amnistía -de la que se excluyeron los delitos de sangre- que fue acompañada de medidas de gracia individuales escalonadas, para garantizar la «pacificación».
En el caso de Portugal, se aprobó una ley de amnistía de 1996 que benefició a un grupo que se sublevó contra el nuevo gobierno democrático. La Asamblea de Portugal aprobó el 1 de marzo la amnistía para el teniente coronel Otelo Saraiva de Carvalho, uno de los héroes de la Revolución de los Claveles de 1974, pero que fue condenado a 18 años de cárcel en 1987 por subversión militar. Se le acusó de dirigir el grupo terrorista FP-25 entre el 1980 y 1984, que mató a al menos 18 personas. De esta amnistía se beneficiaron también el resto de militares que lo habían seguido, pese a que no se les perdonaron los delitos de sangre.
