Miñones endosa a Bolaños los detalles del plan de Sanidad para las exhumaciones
Reconoce que no dispone de ningún informe al respecto y deriva la información al Ministerio de Memoria Democrática
Miembros del equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzandi durante los trabajos de exhumación. | EP.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno emitió el pasado mes de junio una resolución en la que exigía al Ministerio de Sanidad publicar los requisitos sanitarios de su plan de exhumaciones masivas, que ya comenzaron el año pasado, tras varias solicitudes del reclamante desde octubre sin resolver.
La cartera que dirige José Miñones reconoce que «en las bases de datos y archivos de este centro directivo no consta» la existencia de ningún informe al respecto y ahora insta al solicitante a reclamar la información –estrictamente sanitaria– al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, según el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Según ha podido saber este periódico, a la cartera que ahora dirige José Miñones se le solicitaron en varias ocasiones los aspectos sanitarios del plan de exhumaciones a través del Portal de Transparencia. En concreto, según refleja el texto, se preguntó sobre si hay algún informe de dicho ministerio sobre sanidad mortuoria que prevenga de contagios o enfermedades por estas exhumaciones masivas, los requisitos sanitarios que tienen que cumplir los que vayan a exhumar en cementerios, si ese Ministerio tiene datos de las exhumaciones llevadas ya a cabo en el pasado, si ha habido riesgos de contagios o por los equipos de protección sanitaria que tienen que llevar puestos las personas que realizan exhumaciones.
En dicha Resolución, el Consejo de Transparencia instaba al Ministerio de Sanidad a que, en el plazo máximo de cinco días hábiles, procediera a remitir al reclamante la información pública señalada en el cuerpo de la misma. Sin embargo, la información nunca fue facilitada. Por ello, el pasado 22 de agosto, el organismo público independiente volvió a reclamar dicha información «de forma inmediata».
«Transcurrido el plazo señalado sin que se haya recibido en esta Autoridad Administrativa Independiente la mencionada copia ni noticia alguna del cumplimiento de la mencionada Resolución, procedemos a reiterar, de parte, a esa Unidad de Transparencia la necesidad de cumplir de forma inmediata lo señalado en la parte dispositiva de aquella», se lee en la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico.
Sanidad reconoce que no realizó ningún informe
Ahora, el Ministerio de Sanidad, tras reconocer previamente en una resolución que en sus bases de datos «no consta» ningún informe sobre los requisitos sanitarios de su plan de exhumaciones –para el cual varios ministerios, como el de Justicia, Defensa, Hacienda o Interior, han realizado sendos informes–, deriva la petición al ministerio de Félix Bolaños en un intento, según uno de los abogados memoralistas que han llevado a cabo la petición, «de marear, engañar y hacer dejación de funciones».
«Me extraña mucho que el ministerio de Bolaños tenga esta información, porque todos los temas sanitarios son competencia de Sanidad. No sé qué va a decir el departamento de Memoria Democrática sobre preguntas que son estrictamente sanitarias», insiste el experto, que acusa a Sanidad de «ponerse de perfil» cuando «debería ser el más implicado en estas cuestiones exhumatorias».
El reclamante, además de solicitar los requisitos sanitarios del plan de exhumaciones, también requirió información sobre si las personas que forman parte de los equipos de exhumaciones son conocedoras de en cuáles cementerios hay personas enterradas que fallecieron por enfermedades víricas o infecciosas y «que pudieran ser un riesgo para los vivos», si existe coordinación de ese ministerio con las comunidades autónomas a la hora de controlar los riesgos sanitarios provenientes de dichas exhumaciones o si hay alguna certificación de seguridad o sanitaria para autorizar las empresas que profesionalmente se dedican a ello.
Por su parte, desde el Ejecutivo insisten en que este plan –que ya comenzó el año pasado y que contempla la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde el pasado 21 de octubre de 2022– cuenta con «los medios materiales necesarios» para llevar a cabo las labores de localización y extracción, «así como con los medios humanos y profesionales especializados en materia de antropología forense».
«De esta forma, se garantiza la adecuada proporcionalidad entre los medios necesarios y los resultados que se pretenden alcanzar, sin crear falsas expectativas dada la complejidad de los trabajos, derivada del estado de los enterramientos», agregan desde Moncloa en un comunicado, que concluye: «El equipo forense encargado de esta investigación, de alta cualificación y experiencia, actuará de conformidad a principios éticos y deontológicos propios de las Ciencias Forenses y aplicando metodologías y protocolos universalmente reconocidos».
