Un juez de Zamora pide a Antifraude datos sobre la "presunta corrupción" con fondos UE
Los empresarios que denunciaron el fraude reclamaron la documentación que el Gobierno remitió a la oficina europea
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera
El caso de la «presunta corrupción» de los fondos europeos, denunciado por un grupo de empresarios ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora, avanza en la investigación judicial y, por primera vez, el juez que instruye el caso solicita al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude la documentación que podría arrojar luz sobre este caso y que ya fue remitida a la OLAF (Oficina europea de lucha contra el fraude), según la providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El origen de esta investigación fue una información publicada por THE OBJECTIVE el pasado 23 de marzo bajo el título «La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción por los fondos». El periódico desvelaba la existencia de seis peticiones de información, por parte de la OLAF, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude español. Una de ellas, con fecha 22 de noviembre de 2022, se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla» y pedía una respuesta antes del 15 de diciembre de este año. Esta es la respuesta a la que quieren acceder los empresarios, ya que es consecuencia de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Europea el 11 de octubre de 2022.
En su incesante búsqueda de respuestas, los empresarios ven una luz al final de un túnel de reclamaciones a distintos ministerios e instancias europeas. Durante un año han reclamado esta información a los ministerios de Transición Ecológica y Hacienda; la OLAF y el Defensor del Pueblo Europeo, sin éxito ninguno. En el caso de las instituciones europeas, la justificación ha sido que son datos confidenciales que no pueden desvelar.
Con fecha 10 de agosto, el juzgado, en base a las diligencias de investigación penal 12/2022, «acuerda librar oficio al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en los términos que interesó el denunciante para que se facilite esa información al Juzgado», según la providencia judicial. Por primera vez, los denunciantes tienen la esperanza de poder saber qué ha pasado con la subvención de su proyecto, si realmente ha sido entregada y a quién.
Fiscalía Anticorrupción
Los impulsores de esta iniciativa llevan denunciando, tanto ante organismos comunitarios como la OLAF y la Fiscalía, como españoles, ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona», como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de este año. Con anterioridad, el portavoz de este grupo empresarial, Vicente Merino, ya había denunciado el caso, en enero de 2022, a la Fiscalía Anticorrupción en España y el 7 de diciembre de 2021 ante el Juzgado número 6 de Zamora. El importe de la subvención, si ha llegado a concederse, podría alcanzar los 500 millones de euros.
La OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) había solicitado información al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, dependiente del Ministerio de Hacienda, sobre «si el proyecto ha recibido financiación europea o si el proceso de solicitud para su obtención está en curso de tramitación. En el caso de estar en curso, se ruega se comunique en el momento que se cofinancie». Igualmente, quiere saber si «el proyecto es único o corresponde a proyectos diferentes (Barcial del Barco, por un lado, y el de La Robla, por otro); así como «si en el caso de haber recibido información europea» se le remita «información referente a la identificación del proyecto, beneficiario, situación actual, periodo de implementación y detalle de la financiación europea recibida». Todos estos datos son los que se deben de facilitar al Juzgado de Zamora.
El portavoz de este grupo de empresarios, Vicente Merino, ha mostrado a THE OBJECTIVE su satisfacción por esta providencia judicial, ya que considera que es «un paso muy importante para esclarecer el caso. Es material probatorio que a nosotros se nos ha negado, también en Bruselas, y puede ser un documento fundamental para la causa».
Al margen de la petición de este documento, el mismo juzgado ha aprobado una nueva prórroga de seis meses de la instrucción hasta el 27 de junio de 2024. Es la tercera prórroga que se dictamina, después de que la denuncia se presentara el 27 de diciembre de 2021. La instrucción son doce meses.
