El Gobierno busca influir en los países de la UE con el inicio de los pinganillos en el Congreso
La inclusión de las lenguas cooficiales españolas en las instituciones de la UE podría tardar hasta dos años
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez | Eduardo Parra (Europa Press)
El Gobierno quiere demostrar a sus socios europeos que la traducción simultánea de lenguas cooficiales españolas y el uso de pinganillos es viable. Busca así influir en los Veintisiete para que se admita como lenguas oficiales en la Unión Europea el euskera, el catalán y el gallego.
El Ejecutivo aceleró las últimas semanas para que las lenguas cooficiales llegaran al Congreso de los Diputados cuanto antes y la traducción se pudiera usar desde el próximo martes, 19 de septiembre, mismo día en el que se reúnen en Bruselas los ministros de Asuntos Europeos. En el orden del día de dicho encuentro está incluido tratar el reconocimiento del catalán, euskera y gallego, a petición de España, que ostenta la presidencia de turno de la UE.
La decisión de incluir este tema en el orden del día de la reunión del 19 de septiembre no ha estado exenta de polémica. España ostenta hasta diciembre la presidencia del Consejo de la UE y han surgido voces críticas contra el Ejecutivo por utilizar su presidencia rotatoria para tratar un tema que para muchos es puramente nacional y no europeo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores Cooperación y Unión Europea remitió en agosto una carta a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en la que solicitaba la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüistico de la Unión Europea para sumarlas a las 24 actuales. Se trata de una petición enmarcada en las negociaciones entre el PSOE y los partidos nacionalistas para configurar una mayoría progresista en la Mesa del Congreso de los Diputados.
Esta petición supondría elevar las tres lenguas cooficiales de España al mismo estatus que el resto y supondría traducir todos los documentos de la UE, desde el Tratado de Funcionamiento hasta la jurisprudencia y la documentación emitida durante los últimos 65 años.
No obstante, solo el Consejo de la UE tiene competencia para aprobar esta modificación y debe aprobarse por unanimidad de los Veintisiete, por lo que no puede salir adelante si un sólo Estado miembro se opone. Sin embargo, distintas fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press consideran prematuro dar por hecho que haya decisión a Veintisiete porque varios socios tienen dudas sobre el coste de la medida y el modo en que pueda afectar a otras lenguas minoritarias en la UE.
En las últimas horas, Suecia ha reconocido que tiene dudas sobre este asunto si bien aún no ha tomado una posición final. Además, hay otros socios europeos que podrían ser reticentes a este cambio, como es el caso de Francia e Italia, porque ellos también tienen lenguas cooficiales y podrían encontrarse ante el mismo reclamo.
En 2022 el Gobierno ya solicitó a la Eurocámara el uso del euskera, catalán y gallego en las sesiones plenarias. Sin embargo, hasta hoy no se han dado avances en la petición, a la espera de tener un informe de los servicios jurídicos de la Eurocámara para ver la viabilidad teniendo el cuenta el día a día de la institución.
El caso del gaélico: hasta dos años en ser aceptado por la UE
Ya hay precedentes del uso de lenguas cooficiales en las instituciones de la UE. Se trata del caso del gaélico, cuya inclusión terminó de consolidarse en enero de 2022. Desde la entrada de Irlanda en 1973 los Tratados se tradujeron al gaélico, aunque no fue hasta 2005 cuando se llevó a cabo la solicitud para convertirlo en lengua oficial. En 2007 se aprobó por unanimidad, aunque debido a la escasez de recursos para traducir toda la documentación se estableció una derogación para traducir solo ciertos documentos, una medida que comenzó a retirarse a petición de Irlanda a partir de 2015 y que caducó en 2022 cuando hubo capacidad para aplicar la normativa y traducir los documentos.
De esta manera, atendiendo al precedente del gaélico, la inclusión del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones europeas podría tardar hasta dos años en formalizarse, aunque la diferencia principal con ese caso pasa porque Irlanda no presidía en ese momento el Consejo de la Unión Europea, algo que sí sucede en el caso de España, y que le otorga un estatus privilegiado para introducir temas en la agenda del Consejo.
El único caso, por tanto, llevó dos años para lograr el reconocimiento y 16 para equipararlo al resto de idiomas en cuanto a volumen de documentos traducidos.
Un gasto millonario
La inclusión de estas lenguas cooficiales conlleva además un coste económico, y la UE podría exigir a España que lo asumiera, aunque en el caso del gaélico es la UE quien ha corrido siempre con los gastos, incluso cuando se han tenido que contratar servicios externos a la oficina de la Unión para soportar el volumen de trabajo.
La Unión Europea actualmente gasta cerca de 330 millones de euros en servicios de traducción, según la Directiva de Traducción de la Comisión Europea. La inclusión de cuatro nuevas lenguas podría suponer un aumento significativo del presupuesto, aunque con la tecnología actual podría reducirse, algo que ya sucedió con la introducción de herramientas como el motor de traducción MT@EC que funciona a través de algoritmos estadísticos y otros mecanismos.
