La amnistía inquieta a los socios de Sánchez en la Eurocámara y levanta dudas en la Comisión

La amnistía que Pedro Sánchez quiere aprobar para salvar su investidura gracias a los votos de todos los nacionalistas, incluyendo a Carles Puigdemont, empieza a levantar ampollas también en Europa. «Sánchez tiene una imagen muy buena en Bruselas», afirman fuentes comunitarias. España ha sido uno de los países más eficaces a la hora de pedir los fondos de recuperación por la covid (al menos, en la fase de presentación de los primeros informes), y Sánchez ha logrado acercarse a Ursula Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Pero hoy en día, según sostienen fuentes europeas de diferentes partidos políticos y también del PSOE, algo está cambiando. «Con la amnistía hay un giro. El indulto (a los presos del procés) cayó bien en Bruselas, porque detrás no había una necesidad política explícita. No estaba en el medio una negociación, y Junqueras no tiene mala imagen en Europa. Pero Puigdemont es otra cosa, y todos entienden que la amnistía sirve para negociar una investidura», comentan las fuentes consultadas.

En el Parlamento Europeo, diputados españoles relatan en conversación con THE OBJECTIVE cómo otros representantes y hasta «compañeros de otros gobiernos» preguntan y repreguntan «qué está pasando en España». La prensa comunitaria ha vuelto a interesarse por Puigdemont, una figura política que, según estas fuentes, «es considerado un elemento tóxico en Bruselas». El diálogo de miembros del Ejecutivo español, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha encendido una alarma generalizada en diferentes ámbitos europeos sobre la operación que está llevando Sánchez al negociar una amnistía a cambio de una investidura. A ello se añade el hecho de que la Comisión insista en vigilar el cumplimiento del Estado de derecho en el cuarto país más importante de su club.

El do ut des de Sánchez con los nacionalistas (es decir, cuando una de las partes realiza una prestación para obtener una cosa de la otra) es lo que, según las fuentes consultadas, preocupa a nivel europeo, tanto en las instituciones de gobierno como en las de representación política. En el sector crítico del PSOE, que hasta ahora se ha aglutinado alrededor de Nicolás Redondo, sostienen que la estela de Sánchez se va apagando. Y en este grupo de críticos también se hallan importantes dirigentes, activos en Bruselas durante muchos años. «Ya le conocen», sostienen estos socialistas para apuntar hacia un fin de luna de miel que corroboran con lo que llaman la «fuga» de algunos de sus ministros, con Nadia Calviño y Teresa Ribera en la parrilla de salida.

Díaz y Puigdemont, punto de inflexión

Las fuentes consultadas aseguran, de hecho, que la amnistía a Puigdemont despierta dudas incluso en el grupo parlamentario socialista, aunque admiten que se trata siempre de comentarios privados. Las conocidas como conversaciones de pasillo. Es una sensación de intranquilidad que se alimenta con los contactos con otros eurodiputados: «Antes éramos nosotros los que buscábamos a los demás para explicarles lo que estaba pasando con el procés, pero ahora son ellos que vienen y nos preguntan», explican una fuente comunitaria. En enero de este año, el eurodiputado del Partido Social Demócrata portugués, Paulo Rangel, manifestó su preocupación en Estrasburgo ante la derogación del delito de sedición. Ahora se ha multiplicado el número de europarlamentarios que miran con interés los acontecimientos españoles.

El punto de inflexión fue la visita de Yolanda Díaz a Bruselas. El pasado 4 de septiembre la vicepresidenta en funciones se reunió con Puigdemont en la Eurocámara. Este encuentro obtuvo notable relevancia mediática en Bruselas: el diario Politico, el más prestigioso en actualidad política comunitaria («lo leen todos los funcionarios»), dio cobertura a la cita e incluyó su noticia en la newsletter diaria, según afirman miembros de la Eurocámara. Allí cambió algo. Que una vicepresidenta en funciones legitime así a un fugado, a quien los jueces españoles llevan intentando atrapar desde hace años, involucrando a todos los niveles de la justicia europea, chirrió. Y levantó ampollas incluso en la Comisión.

El 13 de septiembre la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, pronunció ante la Eurocámara su Discurso sobre el estado de la Unión de 2023. Tras defender su plan de mayor integración y crecimiento de la Unión, Von der Leyen ofreció algunas escuetas respuestas a los medios españoles. En una entrevista para Antena 3, dijo que la Comisión «confía en las negociaciones en España», pero avisó que desde Bruselas se vigila que «cualquier acuerdo respete siempre el estado de derecho». Antes, los eurodiputados españoles Antoni Comín y Adrián Vázquez (Ciudadanos) se habían enzarzado sobre la amnistía, mientras que la socialista Iratxe García había centrado sus ataques contra el expresidente Aznar por pedir movilizaciones civiles en contra del plan de Sánchez. España y la amnistía a los independentistas había entrado oficialmente en el nivel más alto de debate interno europeo.

Un ‘do ut des’ que preocupa

El apunte de Von der Leyen sobre el respeto del Estado de derecho despertó mucho interés en los círculos políticos comunitarios. La frase es escueta, pero clara. Europa vigilará que no se debilite el Estado de derecho en el marco de una negociación para formar un nuevo gobierno. Una vez más, el do ut des de Sánchez con Puigdemont genera aprensión.

Se trata, además, de un giro cualitativo en la alarma que los eurodiputados críticos con el presidente socialista llevan meses detectando. Europa redacta periódicamente un boletín llamado Rule of law report que sirve para hacer un seguimiento del cumplimiento por parte de los Estados miembros del cumplimiento de las normativas comunitarias, y también de garantizar su Estado de derecho. Eurodiputados críticos con la amnistía a Puigdemont avisan: «La Comisión recibe cada vez más denuncias, cada vez hay más cosas».

Se refieren a que desde Europa empiezan a mirar con lupa lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial (que a diferencia de lo que se transmite en España por parte del ejecutivo, en Europa entienden que es el propio gobierno el responsable del impasse). Las alarmas empezaron a sonar tras la rebaja de la malversación para obtener el respaldo de ERC y Junts, puesto que esta modificación choca con las directivas aprobadas en 2018, que abogan por una armonización comunitaria de este delito, lo que implicaría volver a endurecer las penas, según avisan fuentes con llegada directa al gabinete del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

Es en este contexto donde las palabras de Von der Leyen han llamado la atención entre los sectores políticos reacios a la amnistía. Pero ¿Von der Leyen no tenía una relación privilegiada con el líder del ejecutivo español? «Von der Leyen necesita los votos del socialistas europeos para seguir como presidenta o comisaria, pero esto depende más de lo que decidan los alemanas que los españoles. Si tiene el apoyo de su gobierno, el del socialista Olaf Sholz, los socialistas europeos la apoyarán».

Fracaso del semestre europeo

Esta reflexión apunta, por lo tanto, a que más allá de la guerra interna entre los populares europeos (entre Von der Leyen, favorable a seguir en acuerdo con los socialistas, y Manfred Weber, abierto a una nueva alianza con las derechas), para el futuro de la Comisión será sobre todo relevante lo que decidan el ejecutivo alemán y los políticos franceses, y ya no tanto Pedro Sánchez. De tal manera que, en un contexto de caída de confianza, los apoyos externos de los que hasta ahora ha gozado el líder socialista podría de repente menguar.

La gota que colmó el vaso entre algunos socios europeos fue la convocatoria exprés de adelanto electoral, que dinamitó el semestre de presidencia española del Consejo. En el ámbito diplomático, incluido el español, esa decisión de Sánchez no sentó nada bien (tampoco lo hizo en la Zarzuela, aunque esta es otra historia). Había mucha expectativa sobre el semestre español. «Era el último viable» para resolver cuestiones de notable importancia para el futuro de la UE, desde los acuerdos energéticos hasta los de asilo y migración.

Sánchez tiró todo por la borda al considerar conveniente adelantar los comicios para impedir a Alberto Núñez Feijóo consolidarse tras la victoria en las últimas elecciones municipales y autonómicas. Una maniobra arriesgada que fue analizada con mucho interés por otros actores europeos de su propia familia política. El resultado electoral, con la parcial remontada, pareció justificar una maniobra hasta aquel momento casi inédita (se votó también durante la presidencia francesa, pero se trataba de comicios previstos según los tiempos normales de la legislatura).

«Eso y la amnistía han sido dos jarrones de agua fría», explican las fuentes consultadas, que aseguran que Sánchez ha perdido la confianza de la que gozaba hasta hace poco. Incluso entre miembros del bloque socialdemócrata. Es cierto que el resultado del 23-J en algunos sectores, concretamente el alemán y el francés, se interpretó en un principio como un «alivio» porque se temía que la alianza de PP y Vox modificara los equilibrios en el Consejo Europeo, pero ahora la amnistía hace dudar a aquellos que en estos años han visto a Sánchez como un socio útil y necesario. El tiempo corre. Sánchez tendrá como mucho hasta finales de noviembre para cerrar su acuerdo con Puigdemont. Y Bruselas mira de cerca y con preocupación la evolución del cuarto país más importante de la Unión.