El PSOE se queda sin socios para abolir la prostitución: el PP tendrá la llave
PNV y ERC se desmarcan del abolicionismo socialista y ratifican su postura en favor de la regulación en la Unión Europea
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo | Europa Press
Las discrepancias que existen entre grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados sobre cómo abordar la prostitución se extiende al Parlamento Europeo. En la votación de este jueves en la Eurocámara para pedir a los 27 países miembros medidas para poner cerco a esta actividad se ha visualizado que hay división de criterios, en especial entre los socios de Pedro Sánchez, que mantiene su posición firme de promover una ley abolicionista que penalice a los clientes. Con todo, y si estos equilibrios se reproducen en la vigente legislatura, el PSOE dependerá del PP para alcanzar su ansiada prohibición.
La votación en cuestión hacía referencia a un informe no vinculante para los Estados miembros para emprender medidas que frenen la demanda de prostitución en todo el viejo continente, centrándose en particular en los consumidores, en Internet, y en mejorar las condiciones de vida de las mujeres que ejercen este oficio. El texto ha sido aprobado con 234 votos a favor, 175 en contra y 122 abstenciones, pero ha fragmentado otros grupos, como los liberales europeos, el espacio que ahora representa Sumar o Junts per Catalunya.
Mientras que el Partido Popular Europeo y el Grupo de Socialistas y Demócratas, incluyendo a los eurodiputados de PP y PSOE, han votado unidos y a favor del informe, PNV, ERC o Ciudadanos han votado en contra. Consultados por THE OBJECTIVE, los jeltzales dicen compartir el contenido del informe en lo que respecta a «la protección de personas, luchas contra trata de seres humanos, limitación de publicidad, etc», pero ven «peligroso prohibir el ejercicio porque la prostitución seguirá existiendo y si se clandestiniza será mucho peor para las víctimas».
Su argumento es similar a los que ofrecen ERC y Ciudadanos. «La posición de la gran parte de nuestro grupo político, los Verdes/ALE, que es la no criminalización total de la prostitución y poner el acento en los derechos y la regulación. En definitiva, garantizar que las trabajadoras sexuales tengan acceso a la salud, justicia, vivienda y sobre todo a las herramientas suficientes para abandonar la prostitución si lo desean», explican los separatistas catalanes, que añaden que respecto a no tolerar la trata hay acuerdo total entre todos los partidos.
Los liberales españoles, que en esta votación han visto cómo su grupo se ha fracturado por la mitad, consideran que la resolución «no aborda el problema de verdad». «Desde Ciudadanos apostamos por una regulación garantista de la prostitución para asegurar la libertad y seguridad de las trabajadoras sexuales y la lucha contra la trata», apostillan en conversación con este periódico.
División en el espacio de Sumar
El espacio que ahora representaría Sumar tampoco se ha mantenido unido en esta cuestión. Mientras Podemos e Izquierda Unida han votado a favor, en sintonía con PSOE y PP, el ala catalana de los Comuns y los Anticapitalistas se han abstenido. Por lo que respecta a Junts per Catalunya, potencial socio de Sánchez si llegan a un acuerdo sobre la amnistía, sus tres eurodiputados han votado cosas diferentes: Toni Comín ha votado a favor de la medida, Clara Ponsatí en contra y Carles Puigdemont se ha abstenido. El BNG no ha participado en la votación y EH Bildu no cuenta con representante al estar integrado en ERC.
Llama la atención que Podemos, que en España se opuso a la ley abolicionista del PSOE porque discrepaba en la propuesta de penalizar a los clientes de prostitución, en esta ocasión sí haya apoyado una resolución que pone el foco en el consumidor y reitera que las redes de explotación sexual existen debido a que hay suficiente demanda para mantenerlas. Vox, por último, se ha abstenido.
Las prostitutas, divididas
Desde la Plataforma Stop Abolición recalcan que el informe no es vinculante, pero temen que «la aprobación formal de este texto abra la vía a una iniciativa legislativa sí vinculante a través de la Comisión Europea». La buena noticia radica, a su juicio, en que «en los porcentajes de apoyo actuales, muy posiblemente la mayoría cualificada necesaria en la UE no sería alcanzada para su aprobación final». «Sin embargo ha sido triste constatar que la tergiversación evidente de las cifras de trata y las falsedades sobre el trabajo sexual utilizadas por el abolicionismo han traspasado fronteras y se escuchan en otros países de nuestro entorno», abundan.
Los trabajadores sexuales aglutinados en la plataforma denuncian que el informe tiene un «carácter marcadamente criminalizador», y que «supone un nuevo intento de vender en Europa una criminalización generalizada de la prostitución pero bajo la engañifa nórdica de sólo multar o encarcelar al cliente y no a la mujer en la actividad». «La clandestinidad resultante sabemos que es indistinguible cuando se criminaliza la oferta, la demanda o los espacios que lo albergan», zanjan.
Las prostitutas, como las distintas formaciones políticas del Europarlamento, están divididas con respecto al informe. Y es que hay quienes están satisfechas porque, arguyen, este no trata de abolir la prostitución, sino de reducir la demanda y protegerlas. «Lo que dice la Unión Europea es que hay que regular la prostitución porque aumentan los casos de trata, pero también dice que hay que hacerles un plan alternativo a estas mujeres para ofrecerles una alternativa», considera Susana Pastor, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales (ASTRAS) y vicepresidenta de la Asociación Democrática Ciudadana (ADC).
En este sentido, consideran más relevante a nivel comunitario que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya admitido a trámite la denuncia de 361 prostitutas (entre las cuales figura alguna de nacionalidad española) contra la ley abolicionista de Francia, que es en la que se inspira el ala socialista del Gobierno de España. En el comunicado, el TEDH admite por primera vez que «la mera existencia de la ley tiene un impacto negativo sobre los trabajadores sexuales».
