El Gobierno lanza una ofensiva contra las webs de prostitución que burlan la ley

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Consumo, ha lanzado una brutal ofensiva contra las webs de prostitución que habían burlado hasta ahora la ley del sólo sí es sí reconvirtiéndose a webs de «escorts» («acompañante», en inglés). Si estas no cesan su actividad para este viernes, podrían enfrentarse a sanciones económicas de hasta 100.000 euros o el cierre.

Tal y como adelantó THE OBJECTIVE, este tipo de páginas encontraron una laguna en la norma impulsada por Irene Montero, que prescribe que «se considerará ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niños y adolescentes, así como las que supongan promoción de la prostitución». Pero las prostitutas desafiaron al Ministerio de Igualdad pasando a anunciarse como escorts. Hasta el día de hoy.

El gabinete que dirige Alberto Garzón, meses después de la aprobación de la norma, ha detectado su incumplimiento y cómo se estaba sorteando gracias a un estudio realizado por el Observatorio de Internet del Ministerio de Consumo. Este ha detectado que dichos anuncios, aunque prohibidos por ley, se siguen dando a través de plataformas que ofrecen sus espacios publicitarios «para que, aparentemente de forma autónoma, quienes ejercen la prostitución se publiciten».

Según la investigación de Consumo, que ha examinado 400 anuncios de prostitutas y registrado 5.600 datos, el 99,5% de los spots analizados cuentan con fotografías de contenido sexual, el 57% hace referencias directas al cuerpo de quien publicita sus servicios y el 62,5% usa en el texto del anuncio adjetivos de carácter sexual.

«Con la intención de intentar sortear la legislación vigente», según Consumo, los anuncios se presentan en su mayoría como «escort», término que aparece en el 90% de las webs analizadas en los filtros de búsqueda y en los espacios publicitarios de los portales. Por ello, el ministerio ha requerido a estas páginas que, «de forma inminente», cesen en sus prácticas y retiren el contenido publicitario. De no hacerlo, su conducta constituiría una infracción grave de la normativa de consumo que acarrearía multas que pueden superar los 100.000 euros o directamente el cierre.

Curiosamente, esta ofensiva del Gobierno se produce una semana después de que las webs de prostitutas hiciesen campaña contra Pedro Sánchez, denunciando que los partidos de la izquierda «se han convertido en la nueva Inquisición Española». «Ahora se encuentran persiguiendo a quienes facilitan la publicidad para la prostitución. ¿Qué harán en el próximo mandato? Podrían ponerte a ti, como cliente, en la hoguera», se preguntó Escort Advisor, dominio que pone en contacto a dos millones de usuarios con trabajadoras sexuales, y que tendría que cerrar.

Enrique Quirón, empresario del sector, cree que el Gobierno está buscando «amedrentarles»: «Cerrar contenidos nunca es popular, así que ellos buscan lo que ha sucedido en Estados Unidos, donde han cerrado las propias webs preventivamente ante la posibilidad de que se les impute un delito».

Quirón se remite a la Ley FOSTA/SESTA aprobada en EEUU en 2018. Su objetivo era responsabilizar a las páginas webs de cualquier posible delito cometido en ellas. La aplicación práctica supuso el cierre de la práctica totalidad de las webs de comunicación y publicidad del trabajo sexual en norteamérica, de manera similar a las acciones que promueve ahora el Ministerio de Consumo.

Las prostitutas, descontentas

Esta tuvo consecuencias perniciosas, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución, que se remite a un artículo de investigación norteamericano. Según este, después de la aprobación de FOSTA-SESTA, la mayoría de las prostitutas dijeron sentirse menos seguras y estables financieramente.

Para la mayoría de las encuestadas (78,57%), el trabajo sexual era la principal fuente de ingresos, aunque para casi la mitad (46,94%) suponía la única. Casi tres cuartas partes (73,5 %) aseguraron que su situación financiera había cambiado desde los cierres web, afrontando una mayor inestabilidad económica (72,5 %).

Además, desde la plataforma de prostitutas denuncian cómo esta norma tuvo un impacto negativo en la seguridad: «Las prácticas de seguridad digital son una forma de reducción de daños y muchas trabajadoras sexuales los adoptan. Las herramientas incluyen sitios dedicados a revisar posibles clientes no recomendados o con episodios de impago anteriores. Estos sitios quedaron en Estados Unidos en desamparo legal con la Ley FOSTA/SESTA».

Ahora aseveran que la enmienda 364 que articuló la ilicitud de la publicidad en el trabajo sexual, incluida en la ley del sólo sí es sí, podría tener efectos similares. «Algunos grupos reconocieron a la salida de la Comisión de Igualdad que no eran conscientes de haber votado este punto cuando fueron asesorados sobre sus implicaciones», abundan las prostitutas en su denuncia.

Susana Pastor, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales (ASTRAS), denuncia que es una «vergüenza» que el ministro Garzón no tenga en cuenta que «las páginas webs son las primeras en colaborar contra la corrupción en el trabajo sexual». También recuerda al Gobierno que «nunca van a poder abolir la prostitución» y que lo único que van a conseguir es que estas escorts se muden a aplicaciones como Telegram o Tik Tok, o a métodos más rudimentarios como el reparto de flyers.

«Deberían dejar de meter la pata y sentarse de una vez a hablar con estas personas», zanja Pastor, partidaria de la regularización de la prostitución en España.