Las feministas piden al ministro de Sanidad acabar con la hormonación de menores 'trans'
Seis entidades envían una carta a José M. Miñones instándole a cesar los tratamientos con bloqueadores de la pubertad
El ministro de Sanidad en funciones, José Manuel Miñones, comparece en rueda de prensa.
Un total de 539 plataformas y asociaciones feministas de siete países, aglutinadas en el Frente Feminista Internacional, han organizado para este martes una acción conjunta a los ministros de Sanidad para exigir que cesen los tratamientos con bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas, así como «las mutilaciones de cuerpos sanos a menores que se autodeterminan trans y se dé marcha atrás en las leyes y protocolos que así lo permiten».
En España, seis de las entidades feministas más representativas entregarán al ministro de la rama en funciones, José Manuel Miñones, una carta que señala que se están prescribiendo tratamientos supresores de la pubertad mantenidos durante cuatro o más años a niñas y niños en la fase puberal Tanner 2, «lo que supondrá en la gran mayoría de los casos su esterilidad», pese a que el artículo 149.1 del Código Penal lo prohíbe expresamente.
Esta misiva, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, denuncia también que «se está prescribiendo hormonación cruzada a menores de edad, lo que puede suponer, aparte de problemas graves de salud general, anorgasmia u orgasmos dolorosos en las chicas y problemas de impotencia en los chicos». «Y se están extirpado órganos sanos, también a menores de edad», abunda.
La documentación entregada al ministro recoge cómo en varios países de Europa, que se decantaron hace años por el tratamiento afirmativo a menores, se está dando marcha atrás. Suecia, Finlandia, Noruega, Reino Unido o Dinamarca han reconocido que el uso de bloqueadores de la pubertad para tratar la disforia es experimental, que los estudios que avalan este uso son incompletos e insuficientes. «Estos países han limitado ese uso a entornos de investigación y priorizan ya el acompañamiento y la ayuda psicológica como el mejor abordaje para aliviar los malestares de género de menores», arguyen las feministas.
Los efectos en menores
Recuerdan las organizaciones que los medicamentos prescritos para el tratamiento afirmativo de la disforia de género no han sido aprobados para ese uso. En este sentido, los agonistas de la GnRH (hormona liberadora de la gonadotropina) figuran de manera explícita como «no recomendados» para ellos en la ficha de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Entre los efectos que pueden tener sobre los infantes destacan los ligados «al esqueleto, el sistema cardiovascular, la tiroides, el cerebro, los genitales, el sistema reproductivo, el sistema digestivo, tracto urinario, músculos, ojos y sistema inmunológico». Por si fuera poco, los bloqueadores de la pubertad «pueden ser perjudiciales para la salud mental y aumentar el riesgo de suicidio».
«Escándalo sanitario»
Pese a esta información de la que ya se dispone, las feministas denuncian que tanto la ley trans nacional como las autonómicas permiten que «todas las intervenciones quirúrgicas y farmacológicas se realicen sin que esas personas que no asumen su sexo biológico tengan que consultar previamente con ningún especialista en salud mental». Además, recalcan que los protocolos regionales «refuerzan la inmediata prescripción de los tratamientos mencionados, partiendo de un autodiagnóstico, algo que, comprensiblemente, no sucede con ningún otro tipo de pacientes».
Tal y como ha publicado este medio, las feministas se hacen eco de que «en España estamos viviendo un aumento exponencial de casos de personas que solicitan tratamiento para modificar la apariencia de su sexo», y de cómo su perfil ha cambiado radicalmente: «Si en un pasado reciente la mayoría eran hombres adultos, hoy son sobre todo chicas adolescentes las que quieren cambiar su cuerpo».
Ante esta situación, las organizaciones piden que el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las Comunidades Autónomas tengan en cuenta los argumentos de las familias, de las asociaciones feministas y de todas las sociedades médicas y científicas, incluido el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), cuyos posicionamientos frente a este modo de intervención también son críticos.
Calificando la situación en nuestro país de un «escándalo sanitario» que aumenta diariamente, estas organizaciones piden a los responsables de Sanidad que «tomen medidas urgentes para frenar estos experimentos sobre menores y adolescentes, como ya han hecho en otros países de nuestro entorno».
