El Gobierno acelera las 'puertas giratorias': ya se puede pasar al sector privado en dos días
La autorización para dar el salto al sector privado se produce muy pocos meses después del cese
Ilustración de Alejandra Svriz.
El paso de miembros del Gobierno a la empresa privada a través de las conocidas como puertas giratorias cada vez resulta más rápido. Apenas un par de días, en algunos casos, son necesarios para autorizar el tránsito al sector privado tras un cese. Los datos del Portal de Transparencia que ha analizado THE OBJECTIVE muestran que en 2023 la mayoría de las autorizaciones para trabajar como directivo en la empresa privada no se demoraron más de seis meses tras la destitución o renuncia voluntaria del alto cargo.
Al detalle, los últimos datos disponibles muestran en el primer semestre de 2023 se han gestionado un total de 25 autorizaciones. El número es ligeramente mayor al de los últimos años y podría dispararse si finalmente hay nuevo Ejecutivo antes de fin de año. El mayor número de permisos de los últimos diez años se dio en 2019: 87.
La última autorización tuvo lugar el pasado julio. Francisco Polo, alto comisionado para España Nación Emprendedora entre 2020 y 2023, obtuvo el permiso para realizar una actividad privada en Onda Cero apenas cuatro meses después de su cese. Su marcha se produjo tras la decisión del Gobierno de eliminar el organismo que coordinaba.
‘Puertas giratorias’
Más sorprendente fue la autorización exprés concedida al ex director general de Deportes, Alberto Soler Sicilia, para incorporarse a Acento Public Affairs. El visto bueno se produjo solo dos días después de la fecha de su cese. El socio fundador y CEO de esta firma de consultoría especializada en asuntos públicos es el exministro socialista de Fomento, José Blanco. El presidente de la firma Alfonso Alonso, exministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con Mariano Rajoy. Soler apenas estuvo en la consultora tres meses. Dejó Acento el pasado marzo, tras ser llamado a declarar por el caso Negreira.
Posteriormente, Albert Soler solicitó nueva autorizaciones para pasar al sector privado y vio con los permisos se concedía en apenas unos meses. Reclamó, con éxito, desarrollar actividades privadas en el Instituto Universitario Amerike, en Dolmi 2000, en Perséfone, en Advance Inspiring Social Innovation y en Metropolitan Spain. El objeto social de la empresa es la promoción y explotación de clubs deportivos.
También en poco más de dos meses, Damià Calvet, presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, consiguió tres autorizaciones para pasar a la empresa privada. Vertix Grup Immobiliari, OUA Group y Recoder Abogados fueron los destinos previstos. En la actualidad, el político de Junts, es vicepresidente de Políticas Urbanísticas en el Ayuntamiento de Barcelona.
Mientras, David Barrero, ex director general de Correos Express, consiguió en menos de dos meses saltar a la empresa privada. Desde mayo, según recoge su perfil de LinkedIn es managing director de General Logistics Systems Portugal. Además forma del Comité de Dirección de GLS Iberia en materia de Estrategia. La compañía privada de transporte compite en el mercado con Correos.
Los despachos de abogados, las consultoras, las agencias de comunicación, pero también grandes empresas energéticas son los destinos predilectos de los altos cargos. En muchos casos, sus sueldos aumentan considerablemente y las compañías se benefician de los conocimientos y contactos de estos cargos públicos.
Transparencia y ‘lobbies’
En noviembre del año pasado, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. La iniciativa aprobada por el Gobierno socialista tenía como objeto combatir las puertas giratorias y regular los lobbies. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, destacó que la norma buscaba impedir a un alto cargo realizar actividades en lobbies relacionados con sus competencias hasta dos años después de cesar en el puesto. Buenas intenciones que no se han materializado.
La ley pretendía endurecer las llamadas puertas giratorias, impidiendo además que un alto cargo de la Administración pueda realizar tareas de influencia desde empresas o consultoras de asuntos públicos. «Esta ley va a permitir que nuestro país se equipare en transparencia a las democracias más avanzadas», destacó Montero durante la presentación. En el anteproyecto quedan excluidos al ser considerados como lobbies las propias administraciones públicas y organismos como la ONU o Unicef, así como los partidos políticos o los sindicatos.
El anteproyecto recoge que se considerará actividad de influencia aquella que un grupo u organización desarrolle para tratar de influir de manera legítima en los responsables públicos en la elaboración de un proyecto normativo. Así, todos los grupos que se organizan con carácter privado para beneficio de sus intereses o los de terceros están incluidos en la norma.
