Europa reprende al Gobierno por no poner coto a las 'puertas giratorias' y los aforamientos

Poner coto a las puertas giratorias era una de las promesas electorales del PSOE y de Unidas Podemos en las elecciones generales de 2019. También uno de los puntos suscritos por ambas formaciones en su pacto de coalición, aunque diluido: «Regularemos de manera más efectiva las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos, y endureceremos las sanciones por su incumplimiento». Sin embargo, tres años después, el Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha dado un nuevo tirón de orejas a España por no atender a su recomendación de acometer una reforma legal con la que limitar las puertas giratorias.

«No se ha informado de ningún nuevo desarrollo con respecto a la revisión independiente de la legislación aplicable a las restricciones al ejercicio de actividades privadas posteriores al cese», indica el GRECO en su último informe sobre el desarrollo de las recomendaciones que ese organismo del Consejo de Europa realizó a finales de 2019 a España. En el documento, dado a conocer este martes, el GRECO recuerda su recomendación de que la legislación que rige las limitaciones al ejercicio de actividades privadas posteriores al cese de un alto cargo «esté sujeta a una revisión por parte de un organismo independiente y que se refuerce cuando se considere necesario». Sin embargo, añade ese organismo europeo, «la información proporcionada por las autoridades no aborda el núcleo de la recomendación» efectuada hace tres años.

Esta es una de las 19 recomendaciones en materia anticorrupción incumplidas por España, según el GRECO. El Gobierno «no ha implementado por completo ninguna»; siete de ellas se han implementado parcialmente y 12 no se han implementado en absoluto. Esas recomendaciones afectaban a dos áreas: 10 estaban relacionadas con la falta de transparencia de los altos cargos y nueve con las Fuerzas de Seguridad.

Aforamiento de los ministros

De entre los incumplimientos del Ejecutivo español en materia de transparencia y anticorrupción relacionada con los cargos públicos, el GRECO destaca también los escasos avances para acabar con los aforamientos. El organismo del Consejo de Europa recomendó modificar el aforamiento de modo que «no obstaculice la acción penal contra miembros del Gobierno de los que se sospeche de haber cometido delitos relacionados con la corrupción».

«GRECO entiende el desafío de una reforma legal en este ámbito, dado que implica cambios en las disposiciones constitucionales, pero hace una llamada a las autoridades para que impulsen acciones efectivas», señala en su informe. En el documento, el organismo europeo explica que las autoridades españolas han explicado que se han puesto en marcha algunas iniciativas para restringir el alcance del aforamiento a los actos cometidos en el ejercicio del cargo.

Entre otras iniciativas, el Gobierno encargó un estudio a la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación -máximo órgano asesor del Ministerio de Justicia- y al Consejo de Estado. El objetivo era desarrollar una propuesta de reforma limitada de la Constitución para su posterior debate en el Parlamento. Sin embargo, según explica el GRECO, «las autoridades subrayan las dificultades inherentes a la adopción de una reforma constitucional y la necesidad de un acuerdo parlamentario muy amplio, que actualmente se está buscando».

Plazo hasta 2023

El GRECO ha dado plazo a las autoridades españolas hasta el 31 de marzo de 2023 para enviar información adicional e implementar las recomendaciones pendientes. No solo en materia de aforamientos y puertas giratorias, sino todas las demás referentes a aumentar la transparencia en el nombramiento de los asesores y altos cargos, evitar los conflictos de intereses particulares de los funcionarios con los grupos de presión, aumentar la información detallada sobre activos e intereses de los cargos públicos, así como dotar de mayor independencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras.

Según explica el organismo del Consejo de Europa en su informe de evaluación, España alegó que tanto las dos elecciones generales de 2019 como la crisis sanitaria de 2020 por la covid-19 obstaculizaron «significativamente» las actividades legislativas y las acciones y políticas nacionales relacionadas con la quinta ronda de evaluación del Grupo, que son las analizadas en el documento dado a conocer este martes por GRECO.