El PP impugna el contrato de los 'pinganillos' del Congreso por vulnerar la ley al ser troceado
La ley prevé que si el objeto del contrato es único y se divide en diversos expedientes habrá fraccionamiento indebido
El Congreso aprobó el pasado septiembre el uso de lenguas cooficiales con 180 votos, por encima de la mayoría absoluta. | Europa Press
El Partido Popular ha decidido impugnar la adjudicación del contrato de suministro de pinganillos -traductores- en el Congreso de los Diputados, que podría haber vulnerado la Ley. El contrato, según denuncian los populares fue troceado en 12 contratos menores, que tenían como objetivo el servicio de interpretación de lenguas oficiales diferentes al castellano. Los pedido han pedido la anulación de la adjudicación «por vulnerar manifiestamente la normativa sobre contratación pública».
La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establece como contratos menores los que tienen un valor inferior a 15.000
euros -14.999- y recoge, en su artículo 99.2, que «no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan».
En este sentido, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación determinó que «si el objeto del contrato es único y se divide en diversos expedientes habrá fraccionamiento indebido», y la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado fijó que para que un contrato sea calificado como menor no debe ser modificado de forma fraudulenta y el contratista no
debe haber suscrito más contratos menores que superen el umbral establecido».
‘Pinganillos’ y otros contratos menores
El uso de contratos menores troceados, con asuntos previsibles el tiempo -es el caso de los pinganillos– y ajustar la licitación a los límites legales -14.999- en el caso de los contratos de servicios es una práctica habitual, que vulnera la ley, en el sector público. Se trata de saltarse controles, no propiciar el concurso, y por tanto la transparencia, y tramitarlo de forma urgente. THE OBJECTIVE ha informado sobre estas prácticas, que forman parte de algunos contratos del Ministerio de Igualdad.
la Ley de Contratos del Sector Público establece como contratos menores los que tienen un valor inferior a 15.000
euros -14.999- y recoge, en su artículo 99.2, que «no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan».
En caso del contrato de los pinganillos «es evidente la unidad funcional de todos ellos, dado que el servicio de interpretación que se adjudica es el mismo y todos contienen idénticas condiciones de ejecución; es decir, corresponden a una misma finalidad técnica y económica, por lo que deberían haberse tramitado en un único procedimiento que hubiera podido, en su caso, dividirse en lotes, pero se ha utilizado la contratación menor, en fraude de ley», aseguran los populares.
Doce contratos
Los 12 contratos firmados, cada uno de ellos por un valor de 14.999,99 euros -un céntimo menos del límite fijado en la
LCSP-, se tramitaron como contrato menor para poder llevarlos a cabo eludiendo cualquier procedimiento competitivo de adjudicación y, según el PP vulnera los principios de concurrencia, publicidad y transparencia que debe regir en la contratación pública.
El Grupo Popular defiende que el órgano de contratación podría haber elegido distintos procedimientos de adjudicación entre los que prevé la LCSP para disponer de los servicios de traducción que fueran necesarios; prueba de ello es el mecanismo contractual seguido por el Senado para la contratación de los servicios de interpretación.
Justificación arbitraria
En cuanto a la justificación de realizar contratos menores por la necesidad de disponer de los servicios de interpretación con carácter previo al 19 de septiembre de 2023, día en el que se celebraba el primer Pleno del Congreso, el Grupo Parlamentario Popular considera que es totalmente ilegal y arbitraria.
En este sentido, como se explica en el recurso de los populares, la tramitación y adjudicación de dichos expedientes de contratación no contaba con el correspondiente amparo normativo, puesto que la aprobación de la reforma del Reglamento
que ampara la utilización de las lenguas cooficiales en el Congreso no se produjo hasta el 21 de septiembre.
Los populares han decido solicitar la anulación de la adjudicación, declarando la nulidad de los contratos suscritos, así como la suspensión de la ejecución de los contratos recurridos hasta la resolución del presente recurso. Según aseguran, si la esa considera que no puede llevar a cabo dicha anulación directamente porque la competencia para resolver correspondería al Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales por exceder de la cuantía de 100.000 euros, «se solicita que se tenga por interpuesto recurso especial en materia de contratación frente a los mismos, dando traslado al Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales».
