Bruselas tendrá que responder sobre contratos solo en catalán en decenas de municipios

La Comisión Europea tendrá que responder sobre decenas de contratos formalizados en municipios catalanes que discriminan el castellano. A partir de una información publicada en THE OBJECTIVE, Bruselas, que aseguró que si tenía pruebas se pronunciaría sobre la discriminación, tiene en su mesa los datos y contratos.

En una pregunta realizada a principios de agosto por el eurodiputado Jordi Cañas, todavía sin respuesta, se insta a la Comisión a pronunciarse sobre la posibilidad de investigar a estos municipios catalanes, gobernados por o con apoyo de fuerzas independentistas. El europarlamentario de Ciudadanos, inscrito en el Grupo Renew, recuerda que las autoridades comunitarias aseguraron, a partir de una pregunta anterior, que «podrían considerar la posibilidad de tomar medidas si recibiera pruebas de un problema sistemático de adjudicación ilegal de contratos que están sujetos a las Directivas sobre contratación pública».

Cañas recalca que «el llamado Consell de la República promociona una práctica «llamada Consum institucional estratègic que consiste en la discriminación hacia empresas no catalanoparlantes». Asegura que deja fuera a las compañías, de todos los tamaños, «que no están a favor de la independencia catalana» y utilizan el castellano como fórmula para hacer sus negocios y optar a contratos.

Violación de directivas europeas

El eurodiputado destaca que esa práctica viola directamente el artículo 18 de la Directiva 2014/24/UE, que obliga a los poderes adjudicadores a tratar «a los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones». Además, destaca que esa mala praxis ya se está dando en ayuntamientos, como el de Vic -que exige que todas las relaciones entre la empresa y el ayuntamiento sean en catalán-, así como todas las comunicaciones de la empresa con los ciudadanos. Además, algunos de estos contratos están siendo subvencionados con fondos de Next Generation EU, como los del Ayuntamiento de Amer.

En su misiva, el eurodiputado español se hace eco de los 11 ayuntamientos que se han adherido a la campaña promocionada por Puigdemont. Se trata de los consistorios de Vic, Olvan, Amposta, Santa Eugenia de Berga, Bescanó, Torres de Segre, Artés, Arbúcies, Amer, Sant Pol de Mar y Sant Feliu de Pallerols. Y son al menos 70 los contratos que están bajo lupa.

Según informaron desde el propio Consell de la República, estos municipios están gobernados no solo por Junts per Catalunya, sino que cuentan con una «amplia representación» independentista, en referencia a ERC y la CUP.

En el caso en particular de Amer, pueblo natal de Puigdemont, utilizan los fondos europeos para subvencionar este tipo de contratos que discriminan el castellano. En los pliegos del contrato, recogido por este periódico, se observa cómo los requisitos para la empresa contratista son «usar el catalán en sus relaciones con el Ayuntamiento derivadas de la ejecución del objeto de este contrato», así como usarlo en los «rótulos, publicaciones, avisos y en el resto de comunicaciones de carácter general que se derive de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato».

«En particular, la empresa contratista debe librar los trabajos objeto de este contrato, al menos, en catalán. Específicamente, la empresa contratista debe redactar en lengua catalana la documentación del proyecto y las leyendas de los planos y documentación técnica anexa, tanto en papel como en soporte digital, que se obtenga como a resultado de la realización de los trabajos según las determinaciones del clausulado específico del pliego de prescripciones técnicas particulares», prosiguen.

Contra la libre concurrencia

Estas fórmulas de contratación que están siendo investigadas podrían ser contrarias a la legislación europea al incluir cláusulas que limitan la libre competencia, exigiendo el catalán en varios de los puntos de los documentos administrativos. Incluso se hace referencia a que incumplir en algún momento esos puntos puede suponer una infracción grave, similar al incumplimiento de la igualdad de género o de la integración de personas con discapacidad.

Una de estas polémicas cláusulas, aunque no está en todas las licitaciones, hace referencia a que «la empresa contratista debe utilizar el catalán en sus relaciones con el ayuntamiento derivadas de la ejecución del objeto del contrato».

A la espera de la respuesta oficial del ejecutivo comunitario, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, destacó que todos los organismos públicos «deben abstenerse de toda acción que pueda poner en tela de juicio la plena adhesión a los principios de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad y transparencia. Estos principios son los elementos más importantes para garantizar el uso eficaz de los fondos públicos aumentando la competencia y minimizando el riesgo de despilfarro de fondos públicos».