España insiste en la oficialidad del catalán como «caso único» frente a otras lenguas

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha defendido este martes ante sus socios comunitarios que el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea debe ser un «caso único» que se circunscriba «exclusivamente» a ellas y no a otras lenguas regionales europeas, en un intento por superar el temor a un efecto contagio de otros países del bloque.

Según ha explicado en declaraciones a la prensa al término de la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE celebrado en Luxemburgo, Albares ha argumentado ante el resto de ministros que los «requisitos únicos» que cumplen las tres lenguas cooficiales españolas frente a otras regionales europeas supone que «otras lenguas no podrán ampararse en esta reforma si el Estado miembro (en el que se hablan) no lo desea«.

De este modo, el ministro en funciones ha recalcado que la modificación del reglamento sobre lenguas oficiales de la UE que plantea España «indicará que se produce sólo en el caso español» porque se fijarán una serie de condiciones que únicamente el catalán, el euskera y el gallego pueden cumplir en todo el territorio comunitario.

«Se trata de consagrar la especificidad de España por la serie de condicionantes que reúnen el catalán, el euskera y el gallego, y que lo convierten en un caso único en la Unión Europea«, ha expuesto el ministro, para recalcar después que la financiación la asumirá España.

Varias delegaciones mantienen dudas por temor a un «efecto dominó» que aliente a otras lenguas minoritarias, como el corso en Francia o el ruso en los países bálticos, a reclamar para ellos el mismo estatus que busca España para el catalán, el euskera y el gallego, pero Albares considera que estas reservas quedan resueltas con las ideas presentadas por el Gobierno en funciones.

Entre las condiciones, ha señalado el ministro, destacan que sean lenguas ya utilizadas en el Congreso de los Diputados y el Senado, que tengan un encaje claro en el marco constitucional del país y que existan ya acuerdos administrativos que permiten el uso del catalán, el euskera y el gallego en muchos trámites del Consejo y de la Comisión (no así en el Parlamento Europeo) a cargo, además, del presupuesto nacional.

Albares considera que juega también a favor de la propuesta el que el uso de estas tres lenguas sea «amplísimo» y ha vuelto a poner como ejemplo el que, ha dicho, más de diez millones de personas hablan catalán, lo que supera con creces las cifras de otras lenguas oficiales de otros Estados miembro. También ha puesto en valor ante sus socios la «facilidad» de España para encontrar traductores e intérpretes de las tres lenguas, lo que «hará muy sencilla su introducción» en el régimen lingüístico.

Preguntado por la controversia creada tras el debate de septiembre, cuando ofreció a los Veintisiete agilizar la introducción del catalán por delante del euskera y el gallego, el ministro ha subrayado que la propuesta se refiere al reconocimiento «en igualdad de condiciones» de las tres lenguas, aunque sí abrió la puerta a una aplicación «secuencial» para «facilitar» su aplicación.

Albares pide a Bruselas evaluar el coste

Otra de las claves defendidas por España es su disposición a asumir la totalidad del coste que implique el despliegue del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. No obstante, el Gobierno en funciones no ha ofrecido aún ninguna estimación de lo que ello supondría.

El resto de delegaciones insisten en poner cifra al valor del cambio y garantías legales de que correría a cargo de España porque el reglamento comunitario establece que el coste de todos los idiomas recogidos en el texto se paga con el presupuesto común.

Estas dudas ya quedaron patentes en el primer debate a nivel de ministros que tuvo lugar en septiembre y no se han aportado los datos para la segunda discusión, como han dejado claro los ministros de países como Finlandia o Suecia a su llegada a Luxemburgo, al advertir de que «no hay más información que la última vez».

Más tarde, Albares les ha anunciado que la semana pasada solicitó a la Comisión Europea «informes de impacto presupuestario» para responder a estas cuestiones y se ha comprometido a «formalizar» el compromiso de España de asumir el coste tan pronto como esté lista la evaluación, sin precisar los plazos ni cifras que baraja, más allá de señalar que es «asumible».

Rechazo de Lituania y Letonia

En la apenas media hora que los Veintisiete han dedicado al asunto, dos delegaciones, la de Letonia y Lituania, se han mostrado abiertamente en contra de modificar ahora el reglamento que rige el uso de las lenguas oficiales de la UE para incluir el catalán, euskera y gallego. Temen el «impacto político» que tal medida pudiera tener en otros Estados miembro como los suyos, en donde hay una minoría que habla ruso, explican fuentes diplomáticas a Europa Press.

Ya a su llegada, el ministro de Asuntos Exteriores y exprimer ministro de Letonia, Krisjani Karins, avisó en declaraciones a la prensa que no esperaba cambios en las reglas sobre lenguas porque los Veintisiete tienen otros «problemas» geoestratégicos en su agenda «a los que dedicar tiempo y en los que centrarse».

La oposición de salida de estos dos países, no obstante, no supone un freno a que los trabajos sigan avanzando a nivel técnico porque este martes no se esperaba tomar decisiones y, por tanto, no debía someterse a voto ningún paso.

Otra decena de países, además, han intervenido en el debate para mostrarse dispuestos a seguir analizando la cuestión. Todavía que queda por responder a los asuntos clave sobre los que ya pidieron aclaraciones el pasado septiembre: el encaje legal y las consecuencias prácticas y económicas de modificar las reglas de la UE para oficializar el catalán, el euskera y el gallego.

En este contexto, el ministro ha destacado al término que la presidencia de turno del Consejo de la UE, que este semestre ejerce la propia España, ha concluido, «sin oposición de ningún Estado miembro», que «se circulará una propuesta adaptada» a los comentarios realizados por los socios para poder continuar después la reflexión.