La nómina del Gobierno en funciones suma ya 617.500 euros desde las elecciones de julio
Según Transparencia, 722 altos cargos y asesores siguen cobrando un nómina que suma 15,6 millones desde el 23-J
La labor del Ejecutivo se limita a asuntos ordinarios. En la imagen, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el presidente Pedro Sánchez. | Europa Press
Los miembros del Gobierno -presidente y 22 ministros/as- no han dejado de cobrar su sueldo desde el pasado 23 de julio pese a que su labor se limita a los asuntos ordinarios. Es lo previsto en la ley. Han pasado 90 días desde las elecciones generales, que han propiciado un periodo de interinidad y de tensas negociaciones para conformar un nuevo Ejecutivo. El actual no cuenta con la confianza de las nuevas Cortes Generales elegidas en las urnas, pero los salarios siguen llegando.
La retribución se ha mantenido inalterada desde las elecciones y suma 617.522, que corresponden a tres meses más una paga extra, la de junio. La cifra se eleva a 15,6 millones, 173.333 euros diarios si se tienen en cuenta altos cargos y asesores. Los directores generales o los secretarios de Estado no están condicionados por el tiempo en funciones. Estos continúan con sus puestos y mantienen el trabajo habitual. El próximo Gobierno decidirá si son cesados y si se nombran otros cargos para sustituirles.
El gasto en retribuciones es el más visible, pero el Ejecutivo sigue adjudicando, aprobando ayudas y utilizando su presupuesto para viajes. Sin embargo, el Gobierno en funciones no puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedan en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales.
Gobierno en funciones
Al detalle, los datos del Portal de Transparencia a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE muestran que los ministros, sin apenas agenda desde el verano, siguen recibiendo un sueldo de 5.500 euros mensuales. En el caso del presidente, la cantidad es de 6.300 euros y de 6.100, en el de las vicepresidentas. El Portal de Transparencia recoge las retribuciones de hasta 722 altos cargos.
La parálisis total, tras la investidura fallida del líder de Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha servido a los miembros del Ejecutivo para recabar apoyos para apoyar a Pedro Sánchez y asistir a los actos previstos de la Presidencia española del Consejo de Europa. El parón impide sacar adelante leyes, pero no frena las ayudas, contratos y subvenciones.
Contratos y publicidad
Según informó THE OBJECTIVE hace diez días, el Ejecutivo ha adjudicado seis contratos de publicidad por valor de 5,7 millones de euros desde que está en funciones. Los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público indican que el Ejecutivo reactivó esta herramienta a comienzos de septiembre y ha acelerado la ejecución en octubre, después de dos meses en el dique seco a causa de las elecciones generales del 23 de julio.
De esta manera, esta cifra adjudicada en funciones se suma a los 87 millones que ya se habían licitado antes de las elecciones. Es así como, en lo que va de año, se han entregado 92,7 millones de euros, muy cerca del récord que ya se estableció el año pasado, cuando se consiguió la cifra más alta de la serie histórica desde el año 2009 con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. En total, se han adjudicado 53 contratos desde enero.
Junto a esto, según informaba la web Infodefensa, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha dado luz verde entre julio y septiembre a inversiones en Defensa por 12.800 millones de euros. Las autorizaciones se han producido en los cinco Consejos de Ministros celebrados después de las elecciones del 23-J, con el Ejecutivo ya en funciones.
Subastas de contratos de energía
Además, asuntos clave han quedado paralizados. La primera subasta de contratos de compra de energía a largo plazo con períodos de liquidación superiores a los 12 meses sigue sin convocarse, pese a que había un fecha límite de 31 de diciembre de 2021, y el Gobierno se escuda ahora en que no tiene nada previsto porque está en funciones.
En un decreto de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, el Ejecutivo se comprometió en el artículo tercero de dicho documento a establecer un régimen de subastas de contratos de compra de energía a largo plazo con períodos de liquidación superiores al año.
Con esta medida se pretendía introducir liquidez al mercado, otorgando a las comercializadoras independientes la opción de obtener y poder ofrecer precios más económicos de la electricidad. El otro objetivo era favorecer la competencia de las pequeñas comercializadoras o agentes que no tienen generación o a cuyo acceso es más difícil.
