El Gobierno cántabro prepara un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía
La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, asegura que la región «no se va a callar»
La nueva presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga | César Ortiz - Europa Press
El Gobierno de Cantabria (PP) ha puesto en marcha «toda su maquinaria» para analizar las acciones judiciales posibles y presentar un recurso de inconstitucionalidad en cuanto se apruebe la ley de amnistía pactada por el PSOE y Junts para lograr la investidura de Pedro Sánchez.
Además, ha solicitado la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para que los mandatarios de las comunidades se pronuncien sobre el alcance de estos acuerdos ya que «comprometen la financiación autonómica y la integridad territorial» del país.
«Nos negamos a aceptar que el futuro de Cantabria lo decida un prófugo de la justicia desde Waterloo», ha defendido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha pronunciado este jueves una declaración institucional tras aprobarse previamente en Consejo de Gobierno, con el objetivo de «responder a esta infamia y decir ‘basta ya’ de cesiones».
Buruaga ha asegurado que su Gobierno «no se va a callar» ante lo que considera «una traición» a la Constitución y también a la autonomía de la región por los privilegios que otorga a Cataluña. «Los cántabros tenemos motivos sobrados para no ser indiferentes al acuerdo, que va a tener consecuencias en la economía y el bienestar de Cantabria porque nos sitúa en clara desventaja».
En este sentido, ha incidido en que a partir de este acuerdo «se torna mucho más difícil» exigir las «legitimas aspiraciones» de la comunidad, como solucionar las carencias en infraestructuras, mantener su posición en el sistema de financiación autonómica y combatir las amenazas sobre la industria. «Menos España es menos Cantabria», ha resumido.
Por ello, el Gobierno regional pondrá a funcionar «todos los instrumentos» políticos y jurídicos a su alcance para dejar sin efecto los acuerdos entre Sánchez y los independentistas, dentro de sus competencias y «uniendo fuerzas» con las demás autonomías.
La ‘popular’ ha incidido en que el hecho de que Sánchez esté «cediendo todo y en todo al chantaje de los independentistas» es algo que «pagaremos todos los españoles», por lo que cree que «ha llegado el momento de construir una alianza» entre las comunidades.
Así, la jefa del Ejecutivo autonómico también acudirá al Comité Europeo de las Regiones para «garantizar que los cántabros no vamos a retroceder un solo paso y no vamos a perder uno solo de nuestros derechos».
Unidad de todos los demócratas
«No se puede decidir el futuro de España de forma bilateral, por la puerta de atrás y a espaldas de las demás regiones», ha remarcado, confiando en que «saldremos» de la situación en la que «Sánchez nos ha metido» desde la «unidad de todos los demócratas, sin distinción de ideología».
En este sentido, ha dicho que «no hay una sola institución española» -Policía, Justicia, Cortes Generales, Tribunal Constitucional…- «que no se desacredite con este acuerdo que ha indignado a la mayoría de los ciudadanos y ha superado con creces las peores expectativas».
«Teníamos una ley de amnistía y nos hemos encontrado con algo mucho peor: el avance del independentismo en todos sus postulados y objetivos a costa de la igualdad de la dignidad y del Estado de Derecho», ha lamentado Buruaga.
Un acuerdo que, ha remarcado, reconoce a Cataluña como una nación distinta, que permite a Junts proponer un referéndum de autodeterminación, defiende una «relación privilegiada» y una cesión del 100% de los tributos, alude a la amnistía ‘lawfare’ o la judicialización de la política y «asume el falseamiento de la historia de España y la manipulación jurídica y política» de unos independentistas «ahora envalentonados».
Todo ello pactado «a espaldas de los españoles, con ocultación, secretos a dos y actuando en dirección contraria a lo que el PSOE dijo en campaña que haría», por lo que la presidenta cántabra ha lo ha calificado como «el mayor abuso institucional que se ha producido en este país en los últimos 50 años».
Por ello, cree que la reacción «tiene que ser una suma de fuerzas institucional, legal política y social», tiene que ser «firme, valiente», pero también «cívica, tranquila y pacifica».
«Ni España ni nuestra democracia son negociables ni la igualdad de los españoles tampoco. No vamos a consentir que se nos pisotee, que se menoscaben nuestros derechos, porque la igualdad y la solidaridad son hospitales, son colegios, son servicios para personas en situación de dependencia, son infraestructuras y son oportunidades de empleo», ha sentenciado la presidenta.
