Los juristas lo tienen claro: manifestarse frente a la sede de un partido es legal y democrático
Expertos en derecho constitucional señalan que no es necesario que las protestas sean autorizadas
Manifestación frente a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, este miércoles. | Rodrigo Jiménez (EFE)
Durante los últimos diez días, miles de ciudadanos se han manifestado en las inmediaciones de la madrileña calle de Ferraz —y las sedes del PSOE en ciudades de toda España— para protestar contra la amnistía acordada por el Partido Socialista con el independentismo catalán. Las movilizaciones, surgidas en un principio de manera espontánea a través de las redes sociales, han provocado diversas reacciones en los partidos políticos: desde el apoyo de Vox hasta el rechazo de la izquierda, pasando por una posición más ambivalente del PP.
Al margen de la presencia de algunos radicales, condenada por todos los partidos incluido Vox, la polémica por las concentraciones ha dividido a quienes las consideran un ejercicio legítimo de protesta y quienes las ven como un ataque a la democracia. En este último sentido, las críticas se han referido principalmente al hecho de que las manifestaciones no estuvieran comunicadas ni autorizadas y a que se hayan producido frente a sedes del PSOE, entendiendo como reprochable la protesta junto a edificios propiedad de un partido político.
Sobre la primera cuestión, Fernando Simón Yarza, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra, sostiene que las manifestaciones no requieren autorización por parte de los poderes públicos, sino que basta con que se comuniquen. Tal y como señala la carta magna en su artículo 21, la autoridad «sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes».
Por su parte, Irene Sanjuan Fernández, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), es de la misma opinión y recuerda que el de manifestación es uno de los derechos fundamentales recogidos en la ley fundamental y que, por tanto, está protegido con las más fuertes garantías. Sanjuan también señala que la acusación de que las concentraciones frente a Ferraz —y otras sedes del PSOE— no han sido autorizadas es «jurídicamente poco precisa». Además, la profesora apunta a que la falta de una comunicación expresa por escrito tiene que ver con el propio funcionamiento espontáneo de las redes sociales, a través de las cuales se han organizado las protestas. Eso no ha impedido, más bien todo lo contrario, que las manifestaciones hayan tenido una repercusión pública no sólo para la ciudadanía sino también «para los propios poderes públicos, que, conocedores del llamamiento, adoptaron numerosas medidas previas a la propia concentración espontánea».
Protestar frente a la sede de un partido es legítimo
Sanjuan también responde a las críticas sobre manifestarse frente a la sede de un partido político. La jurista señala que hablamos de un escenario que la ley no prohíbe expresamente, por lo que deben ponderarse los intereses y derechos en juego. En este caso, señala «la finalidad de la reunión no es otra que la protesta a una norma [la amnistía] que afecta de forma directa al Estado de derecho». Para la profesora de la Udima, manifestarse frente a edificios emblemáticos u oficiales para dar una mayor publicidad a la protesta «no es nada novedoso en nuestro país y en lugar de considerarse contrario a la democracia, puede ser concebido como parte de la democracia en sí misma, más aún cuando el pueblo trata de dirigirse a sus representantes y de hacerse oír ante ellos, siempre que sea de forma pacífica y acorde con la legalidad». «Hay que interpretar que, de no producirse alteraciones del orden público o de incurrir en algún motivo expreso de ilegalidad, [las concentraciones] no podrían ser disueltas ni ser consideradas contrarias a derecho», concluye.
Simón es aún más contundente: «Es legal manifestarse en la sede de un partido, y es legítimo, siempre que se haga pacíficamente. No sólo es democrático, sino que lo antidemocrático sería impedirlo». El ganador del Premio Francisco Tomás y Valiente 2011, afirma que «es vergonzoso que quienes ponen el grito en el cielo sean los mismos que han apoyado manifestaciones ilegales ante el Congreso en el pasado, en contravención del artículo 494 del Código Penal». Para el profesor de la Universidad de Navarra, «las duras críticas del PP al hecho de manifestarse ante las sedes de los partidos parecen obedecer al temor a que se descontrole la resistencia frente al tremendo ataque al Estado de derecho». En referencia al PSOE, señala que «quienes están cometiendo la felonía han sido los primeros en apoyar o prestar aquiescencia a toda clase de tumultos de radicales en el pasado. Ahora, incluso, están amnistiando la violencia».
El jurista señala que «la resistencia resultará más eficaz cuanto más firme, tenaz y serena sea». No obstante, alerta sobre tres peligros: «El de dejarse llevar por la pasión; el de caer en la indolencia o en la pereza; y el de la cobardía de no hablar con toda firmeza frente a uno de los mayores ataques al Estado de derecho de nuestra historia democrática». «Sánchez está tratando de destruir la democracia constitucional española», remacha.
La actuación de la Policía
En cuanto a las críticas que ha generado la actuación de la Policía Nacional en ciertos momentos de las manifestaciones, particularmente por las cargas y por el uso de gas lacrimógeno. Esta última medida, de la que los agentes echaron mano el pasado lunes, no se había visto en Madrid en más de una década.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska defendió que la actuación de la Policía había sido «proporcional». El profesor Simón no está de acuerdo: «El uso de gases lacrimógenos en las primeras manifestaciones no parece que haya sido proporcionado, si nos fiamos de lo que han dicho algunos agentes que recibieron las órdenes de proceder así». «En las segundas», matiza, «parece ser que ha habido elementos de violencia».
La profesora Sanjuan también apunta a las discrepancias en el seno de las propias fuerzas de seguridad y apunta a que medidas como el gas lacrimógeno son «poco habituales y previstas normativamente para situaciones extremas».
