El sindicato de Vox defiende la legalidad de su huelga y denuncia coacciones de UGT y CCOO
Según el líder de Solidaridad, los cinco años de gobierno de Pedro Sánchez han hecho «daño» a los trabajadores
El secretario general del sindicato Solidaridad, Rodrigo Alonso, ha defendido este miércoles que la huelga general que convocan para el 24 de noviembre contra la amnistía y los pactos con independentistas catalanes es «legal», recalcando que «ya han sido negociadas las condiciones mínimas con todas las administraciones públicas», y ha denunciado que UGT y CCOO «coaccionan» a los trabajadores que van a secundarla.
En declaraciones a los medios ante la sede de UGT en Madrid, Alonso ha cargado contra los medios de comunicación «que están al servicio del Gobierno» por catalogar la huelga general del 24-N como «ilegal», algo que ha tildado de «mentira».
«Es perfectamente legítima y ya han sido negociadas las condiciones mínimas con todas las administraciones públicas, desde el gobierno central, pasando por la autonomía y las empresas públicas, de todos los servicios mínimos que se tienen que garantizar durante la huelga general del próximo viernes», ha anunciado.
En este sentido, ha advertido tanto a la patronal como a UGT y CCOO de que coaccionar el derecho de huelga «es delito». «Vamos a ir contra todo aquel que intente amedrentar y coaccionar a los trabajadores para que no se cunden la huelga», ha avisado, al tiempo que ha reiterado que en Solidaridad han recibido información de que «liberados sindicales» de estos dos sindicatos «están coaccionando» a trabajadores. «Vamos a ir a denunciarlos y los vamos a sentar en un banquillo que es donde se merecen estar», ha dicho. Sobre la huelga general del 24-N, Alonso ha explicado que es «la hora de echarse a la calle» para decirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no van a «permitir que se produzca una regresión en los derechos laborales».
Según el líder de Solidaridad, los cinco años de gobierno de Pedro Sánchez han hecho «daño» a los trabajadores, pero la situación podría empeorar para la clase obrera «si consuma o cumple con los pactos que ha hecho con el separatismo». Por ello, ha animado a acudir a la huelga del 24-N, que tendrá su epicentro en los Arcos de Moncloa a las 19.00 horas, para «expresar el rechazo unánime a este gobierno y a las políticas que nos van a llevar a la mayor regresión social de la historia».
Por último, ha respondido a UGT y CCOO que Solidaridad tiene «legitimación para convocar la huelga». «Los trabajadores de España ya tienen un sindicato que verdaderamente le representa. Todo aquello que esté en nuestras manos hay que utilizarlo para asegurar la unidad nacional, el estado de derechos y la democracia«, ha defendido, a la par que ha asegurado que la patria «es la única defensa que tienen los trabajadores de España».
Paros contra la amnistía
Solidaridad explicó a principios de mes que buscaba la manera legal de convocar a los trabajadores a un paro contra la amnistía y la condonación de la deuda a Cataluña prevista en el acuerdo entre el PSOE y ERC para investir a Pedro Sánchez. Según argumentan desde el sindicato ligado a Vox, la protesta es necesaria porque el dinero sale «de los impuestos de los trabajadores».
El Ministerio de Trabajo solo permite que los agentes sociales reconocidos como mayoritarios puedan convocar una huelga general, un terreno acotado a UGT y CCOO por ser los sindicatos más representativos a nivel estatal ya que acreditan el 10% del total de delegados de personal, de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas y los sindicatos o entes sindicales. Y por tanto, ya sea juntos o en solitario, están detrás de todas las huelgas generales convocadas en España en período constitucional.
Sin embargo, aunque Solidaridad no alcanza esas cifras ya que, para lograrlas es necesaria una trayectoria mayor –nació en 2020–, según explican fuentes de Solidaridad a Europa Press, la jurisprudencia indica que no se puede negar el derecho a huelga a los sindicatos minoritarios por ser un derecho fundamental.