Moncloa quiere habilitar el Congreso en enero para acelerar al máximo la ley de amnistía
En el Gobierno preocupa que la aprobación de la norma se acerque a la fecha de las elecciones europeas de junio
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Agencias
El Gobierno asume la realidad: la ley de la amnistía no podrá aprobarse hasta el mes de abril, apurando mucho los plazos y gracias al trámite de urgencia. Fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE admiten que éste sería el escenario más optimista tras la «reforma unilateral» del reglamento del Senado por parte del PP, que permite ralentizar hasta dos meses su paso por la Cámara Alta. El cambio aprobado por la mayoría absoluta del PP en el Senado permite revertir el trámite de urgencia de una ley desde que es remitida por el Congreso hasta que concluye su trámite en la cámara territorial, lo cual supone pasar de 20 días del trámite ordinario a 60 días, dos meses, en el extraordinario.
Unos plazos que han obligado al Ejecutivo a pensar en alternativas para acortar los tiempos de la tramitación y evitar que la aprobación final de estas nuevas medidas de gracia a los independentistas se aprueben coincidiendo con la campaña electoral de las europeas en junio de 2024. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, en el Palacio de la Moncloa barajan habilitar el mes de enero para poder agilizar los procedimientos. Algo que permitiría que el trabajo en comisión, donde será enviada la norma una vez que se tome en consideración por el pleno del Congreso el próximo 12 de diciembre, se apruebe «lo antes posible».
La intención del Gobierno es que la ley de amnistía se remita al Senado a finales de enero para que recale en la Cámara Alta hasta finales de marzo. Esto permitiría devolver el balón parlamentario al Congreso en abril para su ratificación por el Pleno y recibir la luz verde definitiva antes de que se inicie la precampaña de las europeas en el mes de mayo. Sin embargo, si no se habilita el mes de enero, que suele ser inhábil en las Cortes como el mes de julio, la aprobación de la norma podría demorarse hasta mayo, en zona de riesgo por la cercanía de los comicios europeos.
Ofensiva del PP en Europa
En Moncloa y Ferraz son conscientes de que ello podría darle una baza extra al PP en Europa, donde ya han comenzado a agitar el avispero de la amnistía para poner en guardia a la Comisión y al Parlamento Europeo. Las fuentes consultadas descuentan que el debate esta semana en Estrasburgo no fue más que un aperitivo y que la ofensiva del PP «utilizando su filibusterismo parlamentario en España y Bruselas» para monopolizar la campaña electoral irá a más.
Por ello, el recién nombrado ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya ha comenzado a cumplir la encomienda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para esta legislatura de «bajar el diapasón» y aplacar los ánimos de la justicia y las autoridades comunitarias. El pasado lunes telefoneó al comisario Reynders, en la víspera de que se iniciara el debate en la Eurocámara para defender que la amnistía es «una cuestión interna de españa» que no pone en jaque los Tratados de la Unión.
El próximo jueves Bolaños se reunirá presencialmente en Bruselas con Reynders y con la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, a quienes pretende convencer de que no existe vulneración de la legalidad ni riesgo o amenaza a escala europea. De momento, las fuentes gubernamentales consultadas se congratulan por la intervención de Reynders posteriormente en el debate del Parlamento Europeo en su sede de Estrasburgo, donde Reynders asumió la tesis inicial del Gobierno y repitió que la amnistía es una «cuestión interna de España», aunque también advirtió de que la Comisión estudiará de forma «objetiva» la norma, después del debate que se producirá en nuestro país.
«La ley no recogerá el lawfare»
Tanto en Moncloa como en Ferraz confían en que la presión por la amnistía «irá bajando» conforme pasen los meses, entre otros motivos porque la determinación del PSOE es que se apruebe «prácticamente sin tocar una coma» del texto aprobado inicialmente y remitido a Bruselas. No sólo para no generar suspicacias en el ámbito de la Comisión sino también por mantener el statu quo en las complejas relaciones entre ERC y Junts. Fuentes de Moncloa aseguran a THE OBJECTIVE que el mantra del lawfare no se incluirá en la tramitación parlamentaria de la ley. «ERC quiere enmendar la ley para garantizar que nadie se verá beneficiado si no son delitos relacionados con el procés, pero no vamos a meternos en ese jardín. Si aceptáramos la enmienda, volvería la batalla con Junts, que presentaría las suyas en dirección opuesta» y aprovechando la inclusión de la argumentación del lawfare en el acuerdo entre PSOE y Junts.
El objetivo es, por tanto, evitar una nueva escalada entre ERC y Junts como la que se produjo en la recta final de la negociación que, por un «fallo de precipitación» de Bolaños al comunicar el acuerdo con ERC, se retrasó y puso en peligro el acuerdo prioritario y más complejo con Junts. Hasta el punto de que los celos de Puigdemont tras el comunicado de ERC atribuyéndose el éxito de la amnistía y el verificador internacional, «encareció el precio de Junts en la redacción» de un comunicado mucho más cercano a los postulados independentistas que la posterior ley de amnistía que, precisamente por ello, firmó en solitario el PSOE.
