Robles condecora a la abogada del Estado que defendió la sedición en el juicio del 'procés'
Defensa distingue este lunes a Rosa María Seoane con la cruz del mérito militar un día antes del debate sobre la amnistía
Rosa María Seoane, la abogada del Estado que dirigió la acusación en el juicio del 'procés'. | EFE
El Ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, condecora este lunes con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco a Rosa María Seoane, la responsable del área penal de la Abogacía del Estado que defendió la comisión del delito de sedición por parte de los líderes independentistas durante el juicio del ‘procés’ celebrado en el Tribunal Supremo, según desvelan fuentes militares a THE OBJECTIVE.
La imposición de esta distinción castrense se producirá 24 horas antes del debate y votación en el Congreso sobre la toma en consideración de la ley de amnistía, uno de los momentos más delicados de la tramitación parlamentaria para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El acto se llevará a cabo en la Academia Central de la Defensa bajo la presidencia de la subsecretaria del ministerio, Adoración Mateos, pero al cierre de esta edición no se había invitado a los medios de comunicación a dicho evento.
Precisamente, el momento elegido para hacer entrega de dicha condecoración y el hecho de que no se haya dado publicidad al acto ha generado controversia dentro de Defensa. El departamento de Robles distinguió a Seoane en el Boletín Oficial de Defensa (BOD) con la cruz del mérito militar en junio, unas semanas antes de que se conociese a finales de agosto que abandonaba los servicios jurídicos del Gobierno para incorporarse al bufete penalista que dirige el abogado catalán José Ángel González Franco, por lo que inicialmente se interpretó como un gesto del Ejecutivo hacia ella «por los servicios prestados».
Sin embargo, ha sorprendido ahora el nivel de la medalla y la elección del lugar para la imposición. «Lo lógico es que le dieran una ‘Raimunda’», afirma un compañero de profesión de Seoane refiriéndose a las cruces de San Raimundo de Peñafort, que son las más codiciadas por los abogados del Estado. «O alguna genérica, más elevada, como la del mérito al trabajo porque con todo el follón de la amnistía parece un premio de consolación», subraya otra fuente jurídica.
Un acto en Defensa sin publicidad
Sobre la Academia General de la Defensa, las fuentes militares recuerdan que han habido imposiciones similares en la propia sede del ministerio. Este centro docente es responsable de la enseñanza de formación y perfeccionamiento de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas y tiene su ubicación a las afueras de Madrid. Por lo tanto, el evento de este lunes «no tendrá la publicidad» de un acto de estas características si estuviera presidido por Robles en la sede central de Defensa ante las cámaras de televisión.
Seoane llegó al departamento de lo penal de la Abogacía del Estado en diciembre de 2018 después del polémico cese de Edmundo Bal, quien hasta ese momento había dirigido la instrucción del juicio contra los políticos independentistas y era partidario del delito de rebelión, la misma postura que mantenía hasta entonces la Fiscalía. El cambio de criterio fue muy criticado, sobre todo por los partidos políticos.
En septiembre desembarcó en el mencionado bufete González Franco, donde ha coincidido con Javier Melero, uno de los abogados de la defensa en el juicio del ‘procés’. Previamente, recurrió en enero el auto dictado por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena para que también se persiguiese al expresidente catalán Carles Puigdemont por el delito de desórdenes públicos por ser «más favorable» para el acusado, aunque respetando la decisión del instructor de pedir su busca y captura por desobediencia y malversación agravada. Además, la hoy abogada de Estado en excedencia reprochó al magistrado que dedicase «buena parte» de su auto a valorar la «oportunidad y corrección» de la reforma penal.
Pocos días después, Seoane denunció que había sufrido un robo con fuerza en su vehículo particular durante la celebración del primer juicio contra José Manuel Villarejo en el caso de la grabación de una reunión de Asuntos Internos con el CNI. A raíz de aquel incidente, le fueron sustraídos dispositivos que contenían documentación de esa causa contra el comisario jubilado.
