Sánchez cede competencias de inmigración a Cataluña para que Junts salve sus decretos
Entre otras cosas, también han pactado la supresión del «que amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía»
El expresidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press
La abstención de Junts no le ha salido gratis al PSOE. Los independentistas catalanes han logrado arrebatarle a los socialistas varias concesiones a cambio de facilitar la aprobación de los decretos del Gobierno: el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento criminal «que amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía», la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0% o el reconocimiento de derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local.
El partido de Carles Puigdemont ha exprimido al Gobierno logrando cesiones en numerosas materias, además de las mencionadas, el Ejecutivo ha pactado la publicación inmediata de los datos oficiales para el cálculo de las balanzas fiscales, multiplicar por cinco el dinero previsto para la digitalización de la administración de justicia y que el Estado asuma la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público, que ahora mismo se reparte al 50% con las autonomías.
En este contexto, Junts ha sacado pecho a través de un comunicado en el que proclaman haber logrado «mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes» y en el que resaltan el traslado de la competencia de inmigración que «irá acompañada de los recursos necesarios» y que además será «integral, para que sea el Gobierno y el Parlamento de Cataluña quienes determinen una política propia, adecuada a las necesidades y realidad de nuestro país», una reivindicación del partido de Puigdemont que ven con temor el auge del partido independentista y antiimigración Aliança Catalana de Silvia Orriols.
En concreto, la delegación integral de las competencias de inmigración según explican, se produciría mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica por Cataluña.
Derogación del decreto de Rajoy de 2017
Puigdemont también ha obtenido de Sánchez la promesa de poner en marcha una reforma de la Ley de Sociedades de Capital mediante para revertir en el Consejo de Ministros el Real Decreto del Partido Popular (PP) del año 2017 que desencadenó la fuga masiva de empresas de Cataluña a causa de la inestabilidad del procés.
El Real Decreto firmado el 6 de octubre de 2017 permitía el traslado del domicilio social de las empresas de forma rápida, solo con la aprobación del Consejo de Administración de la compañía y no por la Junta de Accionistas como dictaba la norma hasta esa fecha.
Todo ello, lo ha logrado Junts a cambio de ausentarse en las votaciones de los tres primeros decretos leyes del Gobierno de coalición, el de la reforma del subsidio de desempleo y que había sido presentado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, el de las medidas anticrisis y el decreto ‘ómnibus’ de Justicia y Función Pública.
Los tres decretos: una victoria, una derrota y un empate
El Gobierno de coalición presentaba ante el Pleno del Congreso sus tres primeros decretos leyes y los objetivos de estabilidad que abren el camino a presentar los Presupuestos Generales de 2024. Todos los puntos han contado con el voto en contra del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), que suman 171 votos, pero lo que se ha roto es la mayoría que facilitó la investidura de Pedro Sánchez.
Tras llevar avisando desde finales de diciembre, Junts anunció públicamente su voto en contra de los tres decretos, lo que anticipaba una amplia derrota del Gobierno, pero en el último momento no participó en su votación. Según dijeron después, tuvieron problemas para votar telemáticamente, pero habían decidido optar por la abstención tras llegar a un acuerdo con el PSOE.
Así las cosas, el decreto ‘ómnibus’ de Justicia y Función Pública, donde Junts vio medidas que dificultarán la aplicación de al Ley de Amnistía, logró salir adelante con 172 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG y CC, frente a 171 en contra de PP, Vox y UPN.
Por contra, el decreto ley que contenía la reforma del subsidio de desempleo defendido por la vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido derogado por el Congreso pues al voto en contra de PP, Vox y UPN se han sumado los cinco diputados de Podemos, que aprecian un recorte en la base de cotización de las personas de más de 52 años. En total, han sido 176 votos en contra por los 167 a favor de PSOE, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC.
Por su parte, el decreto ley anticrisis que recoge las ayudas al transporte y la rebaja de IVA de los alimentos, la luz y el gas ha quedado pendiente de una segunda petición porque ha habido un empate por un error en el bloque del Gobierno. El diputado de En Comú Gerardo Pisarello tuvo problemas para confirmar su voto telemático y no quedó registrado.
