Moncloa oculta el documento que confirma el traspaso «integral» de la inmigración a Junts
Fuentes gubernamentales confirman que existe un documento, aunque «no está firmado»
El Gobierno acuñó hace casi seis meses el mantra que se convertiría en su principal parapeto ante la presión de la prensa hasta la investidura: «Las negociaciones son discretas, los acuerdos transparentes». Desde que Pedro Sánchez inició los contactos para su investidura en la misma noche del 23-J, el PSOE se refugió en el secretismo para transitar sin obstáculos durante los más de tres meses que quedaban hasta la exitosa investidura de Pedro Sánchez, a mediados del mes de noviembre. Pero la opacidad continúa y el Gobierno ha extendido su estrategia del cerrojazo informativo al escenario que sucede a la negociación para esconder qué ha pactado con Junts y en qué términos.
Según fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE, existe un documento escrito sobre el acuerdo alcanzado con Junts el pasado 10 de enero, pero el Gobierno lo oculta por un motivo fundamental. El texto incluye la palabra prohibida: el traspaso «integral» de las competencias de inmigración que aireó la portavoz posconvergente, Miriam Nogueras, esa misma noche en declaraciones a los medios de comunicación. Es una cuestión capital, porque desmiente la argumentación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado en las dos entrevistas de los últimos dos días. En ellas ha afirmado que no se cedió la competencia integral porque «las políticas de control de las fronteras son competencia de la Administración General del Estado», añadiendo que la cuestión que se abordará con las comunidades autónomas, en coordinación con el Ejecutivo, se refiere a las políticas relacionadas con la integración social.
«Ellos pusieron un papel y nosotros otro»
Tras la publicación en el diario El País de un párrafo pactado con Junts en el que se incluye la palabra «integral» en relación a las políticas migratorias , el Gobierno admitió este martes este extremo, así como la existencia de un papel «no firmado» que Moncloa y Ferraz ocultaron deliberadamente. En su lugar, sólo hubo un texto de Junts, con los puntos del acuerdo, que el Gobierno evitó inicialmente desmentir, mostrando su desconocimiento sobre el contenido concreto del pacto. El PSOE publicó un comunicado de cuatro párrafos en el que obvió las cesiones a Junts y se limitó a cargar contra el PP por votar en contra del escudo social y la revalorización de las pensiones, pero no mencionó ni una palabra sobre el pacto con Junts.
En este sentido, fuentes de Moncloa reconocen que «ellos pusieron un papel y nosotros otro», con la diferencia de que Junts lo publicó con transparencia y el Gobierno lo ocultó sin la prometida luz y taquígrafos. El Gobierno no sólo admite que exista ese papel, sino que además se incluyó in extremis la palabra «integral» para salvar la aprobación de los decretos, que permitió Junts absteniéndose de participar en la votación. Es más, rebajan el término empleado porque el traspaso «integral no significa absoluta», porque «nunca se va a transferir lo que es imposible. Se hará dentro de lo posible», señalan desde el Palacio de La Moncloa.
Los portavoces callan
El Gobierno llama a la calma y se escuda en la aprobación de una ley orgánica para tramitar la transferencias de las competencias a Cataluña, en base al artículo 150.2 de la Constitución Española. Y niegan que el citado artículo de la carta magna sirva solo para la delegación o transferencia de materias de titularidad estatal. «No sólo. Hay materias compartidas entre el Estado y las comunidades autónomas que puedes desarrollar en una ley orgánica para ampliar el porcentaje de las mismas», aseguran ministros del Gobierno. La Moncloa pide paciencia hasta que se desarrolle la prometida ley orgánica que «tardará muchos meses en aprobarse» y prometen que «no habrá nada más allá de lo que recoge el estatuto de Cataluña».
Así lo afirmó públicamente la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien no respondió a ninguna de las preguntas de THE OBJECTIVE relativas a si existe un documento y por qué el Ejecutivo se niega a hacerlo publico. La ministra portavoz defendió que «el Gobierno ha sido muy claro desde el primer momento al decir que las competencias sobre las fronteras son únicas y exclusivas de la Administración General del Estado, como recoge el artículo 149 de la Constitución». Las evasivas de la portavoz se acompañaron de «una reflexión en favor del autogobierno», porque «vivimos en un Estado de las autonomías». «El acuerdo que hay con Junts es claro: es abordar esta competencia en una ley orgánica, pero solo sobre lo que aparece recogido en nuestra Constitución», añadió la portavoz.
Sin embargo, el otro perfil comunicativo del PSOE, Patxi López, fue menos disciplinado al respecto y dejó claro que se enteró «por los medios de comunicación» de que existía un documento sobre el acuerdo con la formación de Carles Puigdemont que hablaba de la «delegación integral de la inmigración. Horas antes, López confesó en una entrevista que «con algunas declaraciones de algunos dirigentes de Junts no me siento cómodo».