Los letrados del Congreso temen represalias por su informe contra la amnistía
Las fuentes consultadas por TO admiten de que «son conscientes de que les puede suceder»
Fernando Galindo, letrado mayor del Congreso de los Diputados. | Europa Press
El Cuerpo de Letrados del Congreso de los Diputados teme que su superior, el letrado mayor, afín al PSOE, Fernando Galindo, tome represalias contra ellos, después del informe que tres de sus miembros redactaron sobre la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE, pronunciándose sobre su inconstitucionalidad. «Son conscientes», aseguran a THE OBJECTIVE fuentes parlamentarias, a la vez que afirman que «han hecho un informe de grandes juristas comprometidos».
El ambiente que ha provocado la designación de Galindo como secretario general, después de ocupar un alto cargo en el Gobierno socialista, se ha traducido ya en varias dimisiones y peticiones de traslados. La situación ha empeorado en los últimos días y en el Congreso se ha extendido la sensación de que algunos abandonan sus puestos antes de ser represaliados por su posición contraria a la tramitación de la ley de amnistía.
En los últimos días han renunciado a sus cargos el interventor de las Cortes, el letrado Luis de la Peña Rodríguez, y otras cinco letradas: la directora de Comisiones, Blanca Hernández Oliver; la de Relaciones Institucionales, Helena Boyra Amposta; la directora de Asesoría Jurídica, Paloma Martínez Santa María; la de Recursos Humanos y Gobierno Interior, Mónica Moreno Fernández-Santa Cruz; y la Interventora del Congreso, Isabel Revuelta de Rojas, según ha desvelado El Debate y ha podido confirmar este periódico. Estas tres letradas se trasladan al Senado.
El caso de esta última es uno de los más significativos y confirma la teoría de que se va antes de que le pase factura el informe que redactó, junto a otras dos letradas, del dictamen de la ponencia de la Comisión de Justicia sobre la ley de amnistía. Por su parte, el interventor, Luis de la Peña Rodríguez, también deja su cargo porque «no puede seguir ejerciendo un cargo de responsabilidad bajo la directriz del secretario general cuando no confía en su nombramiento y se ha quebrado el propio principio de su nombramiento y de servicio de la Cámara en cuanto a las designaciones».
Las fuentes parlamentarias consultadas indicaron que «para él, es un miembro del Gobierno que viene a ejercer de secretario general de la Cámara», una condición por la que, en opinión del ya exinterventor, no debería participar ni en la elaboración de la amnistía ni en otra serie de políticas directamente dependientes del Ejecutivo. Es más, Luis de la Peña, que también es letrado de las Cortes, «se lo ha dicho a la cara» a Galindo. «Es socialista de toda la vida», concluyen estas mismas fuentes, apuntando que se trata de un discípulo de Gregorio Peces Barba.
Después del informe de Fernando Galindo sobre la inicial proposición de ley de amnistía del Grupo Socialista, que considera constitucional, el texto ha ido cambiando con la incorporación de nuevas enmiendas. El nuevo informe de los letrados de la Comisión de Justicia ha sido bien visto por las fuentes parlamentarias consultadas: «Se echaba en falta que los letrados del Congreso sean lo que tienen que ser», destacando que «han hecho un informe de grandes juristas comprometidas. Son conscientes de lo que les puede suceder, pero han tomado su decisión».
Estas fuentes señalan que los letrados son conscientes de que les «puede pasar factura» pero que «han hecho lo correcto. Lo que tiene que hacer un funcionario público. En algún momento alguien ha dicho que tenemos una oposición de casi doscientos temas más que los jueces y no estamos aquí para poner puntos y comas«.
La situación interna en este cuerpo es de una gran tensión, ya que frente a los más comprometidos también se encuentran «los que se ponen de perfil» pero para eso «para qué tenemos letrados. Son profesionales y tienen obligación de neutralidad. Si resulta que están simplemente para hacer un guión de cómo tiene que hablar el presidente, pues para eso sobran«.
