El Gobierno eliminará la cita previa obligatoria para trámites en la Administración Pública
Función Pública quiere aprobar una ley de ciberseguridad y poner en marcha la Agencia de la Administración Digital
El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá. | Gabriel Luengas (Europa Press)
El Gobierno pondrá fin en esta legislatura a la cita previa obligatoria en las oficinas de la Administración Pública a través de la modificación en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. «Para interaccionar con la Administración no hace falta tener una cita previa obligatoria», ha recalcado el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, durante su comparencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.
Este cambio se hará a través de un anteproyecto de ley para modificar el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, una modificación que se llevará «lo antes posible» al Congreso de los Diputados para mejorar la relación entre los ciudadanos y los servicios públicos, según ha indicado el titular de Función Pública.
El fin de la cita previa obligatoria forma parte de un nuevo modelo de la Administración Pública que la cartera de Escrivá quiere impulsar en esta legislatura y donde se incluye también la reforma del portal web de la Administración Pública (www.administracion.gob.es) para organizarlo por hechos vitales y en cooperación con todas las administraciones públicas.
Uso de la IA en la administración
Asimismo, ha señalado que están trabajando en pilotos de ‘hubs’, alimentados con Inteligencia Artificial (IA), con especial foco en el reto demográfico y colectivos con especiales necesidades. Fuentes del Ministerio han indicado que se busca establecer una red a nivel entre comunidades autónomas para que los empleados públicos puedan interrelacionarse de manera «más completa».
Asimismo, el titular de Función Pública ha indicado que se buscará dotar a la Administración General del Estado (AGE) de un lenguaje claro y fácil a través de un gestor documental único para el que también están usando la IA. Esto permitirá «evaluar la complejidad» de los textos con el objetivo de hacer más accesible los documentos públicos al ciudadano, han indicado fuentes de Función Pública.
Asimismo, buscarán potenciar el uso del teléfono 060, con especial atención a colectivos vulnerables, los cuales tienen «difícil» interrelacionarse con la Administración.
Nueva ley de ciberseguridad y agencia de la administración digital
Durante su comparencia, Escrivá ha anunciado también que en el siguiente periodo de sesiones llevarán al Congreso de los Diputados una Ley de Ciberseguridad para reforzar la ciberresiliencia del sector público, aunque ha asegurado que la Administración «no está mal en términos de ciberseguridad». Esta «palanca» mejorará la capacidad de respuesta de la Administración Pública a la ciudadanía.
En esta línea, ha señalado que otra «palanca» será la creación de una Agencia de Administración Digital que funcione de catalizador para favorecer la innovación al servicio de la ciudadanía, robotizando tareas repetitivas y desarrollando tecnologías con una visión amplía de la Administración.
Asimismo, ha anunciado la creación de una unidad operativa transversal capaz de hacer frente a los shocks externos, como una pandemia o la gestión de un plan de recuperación.
Políticas públicas basadas en evidencia
Para favorecer la extensión de políticas públicas basadas en una sólida evidencia científica y sometidas a controles ‘ex ante’ y ex post’, Escrivá ha anunciado que se proporcionará un rol «clave» a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas en la evaluación previa y diseño de las distintas políticas públicas, y se potenciará el papel de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su control y evaluación a posteriori.
En este sentido, el titular de Función Pública ha indicado que se está debatiendo si esta agencia se encaja finalmente en el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública o en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, aunque, en principio, está previsto que encaje dentro de la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio del que es titular.
Además, se definirá un sistema de indicadores, se establecerá un calendario de evaluaciones y se crearán capacidades en cada uno de los ministerios para impulsar el buen diseño y supervisión de las políticas públicas, que se utilizarán para mejorar las herramientas y procesos de toma de decisiones.
Asimismo, las capacidades de diseño, evaluación y mejora de las políticas públicas se reforzarán a su vez con la aplicación de las nuevas tecnologías: mapas conceptuales, interoperabilidad semántica de todos los datos de la AGE y generación de nuevos datos de calidad permitirán aplicar las capacidades de la IA generativa a la toma de decisiones, integrando en un cuadro de mandos único todos los aspectos de la puesta en marcha de políticas: presupuestos, contratación, procesos, órganos, impactos, entre otros.
