Junts alerta de que a los CDR se les juzgará como 'kale borroka' si no se amplía la amnistía
El Gobierno prepara una ofensiva para aislar a Puigdemont y dejarle como el único responsable del fracaso del acuerdo
Carles Puigdemont. | Europa Press
«O todo o nada»; «la ley se va a mantener así». Las declaraciones del pasado martes, tras el fracaso de la votación parlamentaria de la ley de amnistía, empiezan a desinflarse, pero queda todavía mucho para que las dos partes, básicamente el PSOE y Junts per Catalunya, lleguen a un acuerdo. Mientras tanto, fuentes socialistas en el Gobierno deslizan que, de acuerdo con los demás socios como Sumar y ERC, se lanzará algo parecido a una «ofensiva» para aislar a Carles Puigdemont. El objetivo es transmitir a la opinión pública la idea de que el expresident solo busca una «salida personal». Quieren aislarle y forzarle a aceptar la amnistía tal y como está. Pero Puigdemont prepara otro relato.
Puigdemont y los suyos se preparan para la embestida. Él prometió a los suyos, básicamente a su círculo de confianza (personas que han compartido con él estos años fuera de España y que siempre le han apoyado desde Barcelona), que se salvarían todos o caerían todos. Y en eso sigue. El pasado miércoles, y para desmarcarse de ERC, el líder de Junts planteó el discurso de la «amnistía integral» (adjetivo éste que, por cierto, no figura en ningún documento firmado con el PSOE) para defender que sus reproches «no van de nombres», sino que aspiran a salvar tanto a las élites como a aquellos ciudadanos y funcionarios involucrados en el procés.
Esta siempre fue el plan de Puigdemont, interesado en demostrar haber logrado más concesiones del Estado que las que alcanzó Oriol Junqueras. Todo pareció acercarse a su objetivo, hasta que empezaron las imputaciones por terrorismo por parte de la magistratura, y la prosecución de la investigación sobre la trama rusa. Los abogados de Puigdemont sabían que eso podía ocurrir: en una reciente entrevista para el digital Villaweb, el abogado Gonzalo Boye admitió estar preocupado por dicha investigación, pues tanto la acusación de terrorismo como la de alta traición al Estado invalidarían el «escudo» de la amnistía.
«Estamos en la prórroga»
El rechazo de Puigdemont ha enervado a los socialistas. Y también a los dirigentes de ERC. Muchos de ellos llegaron el pasado martes a Madrid de prisa y corriendo y sin saber lo que iba a ocurrir en el Congreso. La incertidumbre que Puigdemont está imponiendo al Ejecutivo es, sin embargo, una victoria mediática para él, sostienen los republicanos catalanes. Creen que el expresident «está encantado» como lo que está ocurriendo, aunque demuestre ser un socio «muy poco fiable». «Esto es un vodevil», ironizaba el martes un cargo de ERC antes de conocerse el resultado de la votación.
El PSOE afirma que el texto de la amnistía no puede ensancharse, so pena debilitar su encaje constitucional. Aun así, se da por descontado que algo intentará hacer. Pero será algo «cosmético», según creen las fuentes socialistas consultadas, puesto que los «márgenes» son reducidos. Jaume Asens, uno de los negociadores de Sumar, comparte esta interpretación. Así lo declaró el pasado miércoles en una entrevista en la televisión catalana, donde asumió que queda poco tiempo para resolver el embrollo: «Estamos en la prórroga».
Asens coincide con la lectura de otros dirigentes de Sumar, todos «preocupados» por la relación del Gobierno con Junts, según explican en conversación con este diario. Aunque a nivel oficial el partido de Díaz asegura que la legislatura no peligra, pues la alternativa sería «un gobierno de PP y Vox», el temor a que la negociación acabe en un cul de sac existe. Sumar confía en que los socialistas puedan ampliar sus cesiones, pero coinciden con sus socios de Gobierno en que hay que poner a Puigdemont entre la espada y la pared.
Operación mediática
La operación mediática se activó el pasado miércoles. El plan del Gobierno, de acuerdo con ERC, es arrinconar a Puigdemont, señalándole como el único culpable del fracaso del acuerdo. Un responsable más por interés personal que político, puesto que el acuerdo resolvería las causas pendientes que involucran a un millar de ciudadanos corrientes y cargos políticos que pueden ser condenados de aquí a unos meses. Entre ellos, figuras muy importantes como Josep María Jové, de ERC, uno de los cerebros del procés.
Pero Puigdemont insiste. Quiere ensanchar la amnistía, cerrando aquellos «agujeros» que todavía existen, según su versión. Y sus valedores recuerdan que el expresident tiene poco que perder, y que no ha venido a «hacer amigos». «No se trata de regañar y después votar que sí», afirman, en clara referencia al papel de Gabriel Rufián en el Congreso. Pero también debe elaborar una contraofensiva en términos de relato, para impedir al Gobierno que cale la idea de que solo busca su salvación personal.
La respuesta de Puigdemont se organizará, según ha podido saber este diario, a través del argumento de que los CDR (Comités de Defensa de la República) quedan desprotegidos de la ley de amnistía, tal y como está redactada ahora. Los abogados y asesores de Puigdemont susurran al oído del expresident que los jueces pueden aplicar la misma jurisprudencia de la kale borroka para calificar a los CDR como un terrorismo callejero de «baja intensidad», pero que sigue siendo terrorismo, y que, sobre todo, permitiría a los jueces aplicar los «protocolos» vinculados a una investigación de este tipo en sus investigaciones, desde las euroórdenes hasta los controles de movimiento.
Terrorismo callejero de baja intensidad
Si los jueces aplican esta interpretación, según los asesores de Puigdemont, decenas de activistas pueden verse involucrados en juicios por terrorismo. Todos los CDR que han participado en las manifestaciones callejeras antes y después del 1-0, hasta la invasión del aeropuerto del Prat, del 14 de octubre de 2019, podrían ser juzgados por la Audiencia Nacional según esos criterios. Todas estas personas quedarían sin «escudo» de la amnistía, sostienen en el entorno de Puigdemont, para intentar devolver los dardos que empiezan a recibir y que buscan presionar a Puigdemont.
Esta tesis sirve para explicar que el rechazo de Puigdemont no es para garantizar un salvaconducto para él, sino para salvar a todos los activistas involucrados en el procés. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, lleva días intentando dejarlo claro: «No va de nombres», afirma para explicar el no de Junts a la amnistía.
Los de Junts, en definitiva, creen que todavía se pueden exigir más cesiones a los socialistas, y mencionan lo ocurrido antes de la votación del pasado martes, cuando el PSOE sostenía que la amnistía era inconstitucional. La dinámica negociadora, no obstante, ha entrado en una dinámica de máximo riesgo. Sumar cree que se pueden resolver algunas cuestiones técnicas a través de enmiendas transaccionales para «ampliar los márgenes de la amnistía». Apelan a Puigdemont y al PSOE. Pero agregan que «puede pasar de todo. Vamos con los días contados».
