El Senado niega que la Comisión de Venecia avale la ley de amnistía como sostiene el PSOE
Cuca Gamarra señala que Bolaños «tergiversa» el borrador del informe «para ocultar un varapalo»
Miembros de la delegación de la Comisión de Venecia en el exterior del Congreso. | Europa Press
Polémica entre el Gobierno y el PSOE y el Senado sobre las conclusiones del borrador de la Comisión de Venecia sobre la Ley de Amnistía. Fuentes socialistas han asegurado a EP que la norma no afectaría a la separación de poderes, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, celebra la decisión recalcando que «la amnistía es una herramienta para la reconciliación». «Y además cumple con los estándares internaciones. Es impecable y es positiva», ha escrito en redes. Sin embargo, fuentes del Senado, que preside el popular Pedro Rollán, niega que sea así y acusa al Gobierno de pretender «convertir una derrota jurídica en un debate en el barro mediático».
Tras conocer la versión del PSOE y Bolaños, tanto la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, como la portavoz en el Senado, Alicia García, rechazaron las declaraciones de Bolaños. La dirigente popular afirmó en su cuenta de la red social Twitter que «están desesperados. Que el propio gobierno se dedique a filtrar un borrador de la Comisión de Venecia sobre la amnistia antes de su debate y aprobación da muestras del nivel de desesperación en que está instalado. Y lo tergiversan para ocultar un varapalo».
Por su parte, Alicia García se pronunció en la misma línea, al señalar: «Que desesperado debe estar Sánchez para recurrir a una burda manipulación como esta. En su afán por tapar la corrupción que le acorrala no le importa mentir incluso sobre borradores de las instituciones europeas».
La Comisión de Venecia inició el estudio de la Ley de Amnistía que pactaron el PSOE y las formaciones independentistas después de una petición que realizó el Senado, a instancias del PP. A día de hoy solo existe un borrador, «que se manda a las instituciones y a todos los miembros para que presenten enmiendas tanto de las instituciones como los propios miembros. La votación será el 15 o 16 de marzo en la reunión plenaria en Venecia», según la versión de la Cámara Alta.
Una delegación de la Comisión de Venecia visitó España los días 8 y 9 de febrero para reunirse con grupos parlamentarios de Congreso y Senado, el Gobierno, expertos constitucionales y asociaciones judiciales, entre otros, para recabar información sobre la iniciativa.
En esta visita, los miembros de la comisión se centraron en los trámites de la proposición de ley, tanto en el Congreso y el Senado, pero no entraron a valorar su contenido, ni pidieron detalles sobre lo relativo a delitos de terrorismo. De hecho, uno de sus miembros dejó claro a los diputados que su función no es valorar la idoneidad de la futura ley sino únicamente analizar si se han seguido los procedimientos técnicos adecuados durante su tramitación.
El Senado al paso de las consideraciones del PSOE y el ministro Bolaños ha desmontado su versión con una serie de argumentos. De entrada, señala que el borrador afirma confirma «que el referéndum de 2017 se hizo con carencia de autoridad para hacerlo. Las amnistías deben cumplir con la Constitución. La constitución española no regula las amnistías. Pero si considera inconstitucionales los indultos generales. La comisión de Venecia considera que debería reformarse la Constitución antes de aprobar una ley de amnistía, por lo tanto, la ley en cuestión no es el camino».
Además de considerar «necesaria una reforma constitucional, rechaza también la tramitación mediante proposición de ley porque durante el procedimiento de tramitación se deben recibir informes, contar con la participación social, escuchar y nunca hacerlo por urgencia. Los métodos de tramitación deben ser coherentes». En los puntos 88 y 89 «considera que la ley adolece de indeterminación en cuanto a su objeto y ámbito temporal, por lo que sería contraria a los principios de seguridad jurídica y legalidad penal en el ámbito del estado de derecho».
«Esta indeterminación se extiende a los delitos de malversación y corrupción por lo que podría cubrir delitos que nada tienen que ver con las tensiones sociales a las que obedece la ley de amnistía. (punto 90) La malversación y la corrupción no están correctamente tipificadas como amnistiables porque la ley no pone de manifiesto suficientemente la necesidad de la existencia de un nexo causal definido en relación con el referéndum del 2017″, insiste.
La Comisión de Venecia, siempre según la versión del Senado, dice que «la amnistía no puede producir efectos hacia el futuro, sino únicamente sobre delitos cometidos en el pasado, cosa que la ley española no respeta. Se debe acotar muy bien en el tiempo -cosa que este proyecto no lo hace- y debe ser impersonal en sus beneficiarios. Debe haber claridad y precisión».
Igualmente, subraya que «no se puede socavar a los tribunales de justicia y esta tiene procedimientos poco claros. La ley no puede hacerse para personas concretas. Si no se cuida la proporcionalidad (ser el último remedio cuando no quepan otros, como la concesión de indultos particulares), puede perderse el legítimo propósito de toda ley de amnistía que es llevar a la cohesión y la paz social».
El borrador dice que «el objeto de lograr la pacificación en Cataluña es loable y está dentro de los objetivos de una Ley de Amnistía, pero constatamos que hay una enorme no solo división sino una mayoritaria oposición a la misma, por lo que es divisiva». Sobre la separación de poderes, señala que «es un asunto de constitucionalidad interna de un país que no es competencia de la Comisión de Venecia. ¿Puede haber leyes de amnistía? En Europa las hay, en caso de que la hubiera en España, esta no cumple los estándares de la Comisión de Venecia«.
