El CGPJ traslada a la Comisión de Venecia la preocupación de los jueces por el 'lawfare'

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales José Antonio Ballestero y Mar Cabrejas han trasladado a la Comisión de Venecia la preocupación que existe entre jueces y magistrados por las acusaciones de ‘lawfare’ y los ataques de políticos que vienen sufriendo a raíz de la ley de amnistía, en el marco de la reunión que han mantenido este jueves en la sede del CGPJ.

Este órgano consultivo del Consejo de Europa ha iniciado este jueves una visita a España que se prolongará hasta mañana para mantener una ronda de contactos a fin de elaborar el informe que el Senado pidió a la Comisión de Venecia sobre la proposición de ley de amnistía, que acaba de retomar su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados después de que Junts dejara caer el texto actual para empujar al PSOE a blindar por completo el terrorismo y la alta traición.

La reunión ha comenzado sobre las 15.00, primero entre los miembros de la delegación europea y Guilarte, y después ya con la presencia de Ballestero y Cabrejas, y se ha prolongado alrededor de una hora, tras lo cual ha sido el turno de las asociaciones judiciales APM (la mayoritaria), AJFV, JJpD y FJI. La Comisión de Venecia ha querido saber la opinión del Consejo sobre la ley de amnistía, pero le han explicado que también tiene encomendado elaborar un informe para el Senado que aún no está hecho. La delegación ha solicitado al órgano de gobierno de los jueces que se lo remita cuando esté listo, a lo que éste ha accedido.

Lo que sí ha hecho el CGPJ es entregar a la delegación todos los pronunciamientos que el CGPJ -bien su Comisión Permanente, bien su Pleno- ha hecho sobre la amnistía, tanto sobre la ley como sobre el pacto PSOE-Junts que habla de crear comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de ‘lawfare’ contra el independentismo catalán y, en su caso, depurar responsabilidades. En concreto, le han facilitado la primera declaración oficial que hizo el CGPJ sobre la amnistía, el 6 de noviembre, antes de que se hiciera público el texto de la proposición de ley, que los socialistas registraron en solitario días después, el 13.

En dicha declaración, el Pleno del CGPJ expresó su «intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España». Cabe recordar que ese pronunciamiento institucional salió adelante con una fuerte división entre los bloques conservador y progresista del CGPJ, por cuanto este último consideraba prematuro reaccionar a una eventual ley cuyo texto entonces se desconocía.

Las fuentes apuntan que esta brecha ha quedado patente en la reunión con la Comisión de Venecia, ya que Ballestero ha incidido en que, tal y como expone la citada declaración, la amnistía supondrá la quiebra del Estado de Derecho, mientras que Cabrejas ha recalcado que ese pronunciamiento era previo a la proposición de ley y que el CGPJ aún está pendiente de fijar posición en su informe. La redacción del mismo ha recaído sobre este último, enmarcada en el bloque progresista, y Wenceslao Olea, en el ala conservadora. Fuentes aseguran que la intención es presentar un texto conjunto al Pleno previsto para el 29 de febrero, pero asumen que hay posturas irreconciliables en algunos puntos, por lo que no descartan que se hagan dos propuestas.

El `lawfare´

Por otro lado, el CGPJ ha querido expresar a la Comisión de Venecia la inquietud entre jueces y magistrados por las consecuencias que pueda tener para ellos la ley de amnistía debido a la amenaza de las comisiones ‘lawfare’. En este sentido, han avisado al Consejo de Europa de que se trata de un peligro real para los togados españoles. De la misma forma, ha puesto de relieve la indignación de la judicatura por las acusaciones lanzadas por políticos contra miembros de la carrera judicial, incluso con nombres y apellidos desde la tribuna del Congreso. Este mismo lunes, el CGPJ, en una declaración unánime, instó a los parlamentarios a evitar «descalificaciones» que minen la confianza ciudadana en el Poder Judicial. Sobre ambas cuestiones, ha entregado a los delegados europeos los documentos emitidos por el CGPJ. También por unanimidad, el pasado diciembre el Pleno rechazó las citadas comisiones, pidió al Congreso y al Senado que se abstuvieran de llamar a declarar a jueces y magistrados y aclaró a éstos que no tienen obligación de comparecer.

Dada la fugaz visita de la Comisión de Venecia, que se ha reunido este jueves por la mañana con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y tiene previsto verse con grupos parlamentarios y expertos, no ha habido tiempo para plantear otros temas, por lo que no se ha tratado el bloqueo en la renovación del CGPJ, pendiente desde hace más de cinco años.

La renovación del CGPJ

Idéntica actitud ha mostrado la Comisión de Venecia con las asociaciones judiciales. Ha pedido a cada una que en cinco minutos resumiera su opinión sobre la amnistía, el ‘lawfare’, los ataques de políticos y la falta de renovación del CGPJ. Según ha informado APM en un comunicado, junto con AJFV y FJI, ha dado una «opinión crítica» sobre la amnistía. La asociación mayoritaria ha advertido de que no busca el «interés general» sino que era necesaria para formar Gobierno. Y ha sostenido que es «un ataque sin precedentes al Poder Judicial, y por tanto un grave deterioro del Estado de Derecho», que chocará además con «aspectos básicos esenciales del ordenamiento comunitario», como el terrorismo y la malversación.

Carmen Gámiz (AJFV), en declaraciones a la prensa, ha precisado que su asociación ha defendido que la ley atenta contra la «separación de poderes y la independencia judicial», así como contra el principio de igualdad. Por otro lado, Victoria Muñoz (FJI) ha revelado que también ha manifestado su preocupación por la amnistía y ha pedido apoyo a la Comisión de Venecia para conseguir el «reconocimiento del Poder Judicial como contrapeso del Legislativo y Ejecutivo». JJpD, por su parte, ha dejado claro su intención de no posicionarse «ni a favor ni en contra» de «un proyecto de ley que ni siquiera ha sido aprobado y que a fecha de hoy no sabemos si se va a aprobar» ni con qué contenido, según ha comentado a la prensa Benjamín Sánchez. Del ‘lawfare’ y los ataques a jueces, la APM ha afirmado que «son un cúmulo inaceptable de ataques a la independencia judicial y al principio de separación de poderes» que envía «un mensaje demoledor» a la sociedad porque se mina la credibilidad del Poder Judicial y con ello «la verdadera democracia».

AJFV también ha planteado la cuestión del ‘lawfare’. «La APM, FJI y mi asociación no estamos conformes con este tipo de descalificaciones y ataques personalizados a los jueces, que afectan a la independencia y a la calma con la que un magistrado debe resolver», ha señalado Gámiz. Al margen, JJpD ha denunciado ante la Comisión de Venecia la «anomalía que está viviendo España» con un CGPJ caducado que otorga unos amparos a unos jueces pero no a otros «ante los mismos ataques». También ha aprovechado su turno de palabra para tratar «puntualmente» el tema de la reforma del modelo de elección de los 12 vocales judiciales del CGPJ. Ha insistido en la «necesidad» de «reformar antes de renovar», mientras que JJpD ha reiterado que «primero se tiene que renovar» y «a partir de ahí» será el Parlamento quien determine si conviene reformar.