Calviño baraja financiar un proyecto denunciado por posible fraude con fondos UE
El proyecto se levantará en unos terrenos que están bajo investigación del Juzgado de Primera Instancia de Zamora
La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño | EP
El Banco Europeo de Inversiones (BEI), que preside la exministra de Economía, Nadia Calviño, está estudiando financiar con 190 millones un proyecto integrado de energía y combustible verdes, impulsado por la empresa Reolum de La Robla Green ubicado en el municipio leonés de La Robla. El proyecto se levantará en unos terrenos que en este momento están bajo investigación del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Zamora, tras la denuncia interpuesta por unos empresarios sobre un presunto fraude en fondos europeos, según aseguran a THE OBJECTIVE los denunciantes.
Como publicó este viernes THE OBJECTIVE, estos empresarios intentaron en reiteradas ocasiones entrevistarse con la entonces ministra o con miembros de su equipo. Todos sus intentos resultaron infructuosos ya que les fueron derivando a varios niveles de la administración y finalmente ninguno los recibió. El objetivo de los empresarios era informar al Ministerio de Economía sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la tramitación de su expediente, por parte del Ministerio de Transición Ecológica, y hacerle llegar la denuncia elevada a la Fiscalía europea.
Los empresarios, que han pedido reiteradamente que les informen sobre el expediente de su proyecto y le aclaren qué fondos europeos se han aprobado, si así ha sido; se han enterado de esta posible inversión por un comunicado de la propia empresa, recogido por EP. La sorpresa ha sido mayúscula ya que aseguran a este periódico que Calviño debe de conocer que los terrenos donde se levantaría el proyecto que quiere impulsar son objeto de esta investigación judicial. La indignación de Vicente Merino, portavoz de estos empresarios le lleva a afirmar que «no le importan las denuncias ni el presunto caso de corrupción, no se dignó ni a recibirnos y ahora estudia otro proyecto en esa ubicación».
Reolum de La Robla Green, en el comunicado que anuncia la inversión, subraya que «tras este estudio de elegibilidad, que se inició en mayo de 2023, empieza la fase de ‘due diligence’ (auditoría) por parte del BEI, así como el contacto e inicio de negociación con los bancos comerciales». El proyecto, cuya inversión se prevé que ascienda a más de 400 millones de euros, tiene su origen en la adjudicación de la subasta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en octubre de 2022 a un precio de 106,23 euros por kilovatio hora (KWh) por 20 años, el más alto de dicha subasta para la venta de energía procedente de biomasa.
El proyecto está integrado por dos instalaciones; Roblum, que se trata de una planta de cogeneración de energía verde con balance negativo en CO2 conseguido a partir de biomasa de restos agrícolas, y La Robla Nueva Energía, la mayor planta de e-metanol verde de Europa, cuya producción cuenta ya con un contrato de venta.
Hay que recordar que este grupo de diez empresarios llegó a un principio de acuerdo con Acciona para llevar a cabo el proyecto de biorrefinerías, pero se quedó en una fase inicial, en la firma de las manifestaciones de intenciones, que después no avanzaron a más. Posteriormente, intentó un acuerdo con el Grupo Cobra, que se retiró de la operación, según Merino por presiones, y sospechan que las subvenciones se han solicitado por Acciona, a su juicio sin poder hacerlo, porque ellos tienen la propiedad industrial del proyecto y no puede hacerse a sus espaldas. Los tribunales tendrán que dilucidar la legalidad de esta operación, ya que desde los ministerios afectados no se le facilita el expediente, siempre según la versión de Merino.
El origen de esta investigación fue una información publicada por THE OBJECTIVE el pasado 23 de marzo bajo el título «La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción por los fondos». El periódico desvelaba la existencia de seis peticiones de información, por parte de la OLAF, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude español. Una de ellas, con fecha 22 de noviembre de 2022, se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla» y pedía una respuesta antes del 15 de diciembre de este año. Esta es la respuesta a la que quieren acceder los empresarios, ya que es consecuencia de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Europea el 11 de octubre de 2022.
Los impulsores de esta iniciativa llevan denunciando, tanto ante organismos comunitarios como la OLAF y la Fiscalía, como a los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona», como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de este año. Con anterioridad, el portavoz de este grupo empresarial, Vicente Merino, ya había denunciado el caso, en enero de 2022, a la Fiscalía Anticorrupción en España y el 7 de diciembre de 2021 ante el Juzgado número 6 de Zamora. El importe de la subvención, si ha llegado a concederse, podría alcanzar los 500 millones de euros.
